A partir del restablecimiento de la doctrina Monroe -rebautizada Donroe- con la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. el 4 de diciembre de 2025, el imperialismo yanki desató una ofensiva en toda la línea sobre los países del continente americano.
Se trata de una política imperial que se impone por la fuerza de las armas o por la instauración de gobiernos cipayos alineados incondicionalmente con EE-UU.
La primera y espectacular manifestación de esta política fue la intervención militar en Venezuela que se llevó secuestrados al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, y el sometimiento explícito de los principales dirigentes chavistas.
Luego la presión sobre Cuba, bloqueando su acceso al petróleo, provocó que el gobierno de Diaz Canel y Raúl Castro abrieran la economía para favorecer las inversiones de los gusanos anticastristas de Miami.
En Groenlandia la presión de Trump también dio como resultado un acuerdo con el gobierno danés por el cual EE-UU se reserva toda la actividad extractiva de sus minerales y la seguridad del territorio, que es clave para controlar las rutas del Ártico.
Podríamos agregar también la intervención por orden yanki que procedió a la detención de Roger Mariaca fiscal general de Bolivia y a otros 13 fiscales que estaban investigando al argentino Fernando Cerimedo, un oscuro personaje ligado a Marco Rubio y posiblemente al hijo de Trump. Cerimedo se ufanaba de intervenir sobre la opinión pública con granjas de boots para influir en las elecciones de distintos países (Argentina entre otros) a favor de los candidatos afines a EE-UU.
En Ecuador el gobierno de Noboa prorrogó el estado de excepción en 10 provincias y las tropas de EE-UU actúan en operaciones conjuntas con las ecuatorianas con la excusa del combate al terrorismo.
Pero, además, uno tras otro los yankis han ido imponiendo en América Latina presidentes de derecha que le son agentes incondicionales, desde Milei en Argentina, Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, Keiko Fujimori en Perú, La Espriella en Colombia, Noboa en Ecuador, Nasry Asfura en Honduras, Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil y otros. Desde Centroamérica hasta el extremo sur todos los presidentes responden directamente a Trump, con la única excepción del presidente de Uruguay que es del Frente Amplio. Con el posible triunfo de Bolsonaro en Brasil, el país más importante de América del sur se cerraría el círculo en esta parte del continente americano.
Avances neocoloniales
En Argentina, además de su carácter marcadamente antiobrero, el gobierno neoliberal de Milei supera ampliamente las “relaciones carnales” que cultivó el peronista Carlos Menem con el imperialismo norteamericano.
Con el aval de la mayor parte de la “oposición” incluyendo a sectores del peronismo, a mitad de su mandato firmó un tratado comercial para favorecer las inversiones yankis. Para atraer esas inversiones fue aprobado el RIGI en el Congreso y se le suma ahora el “super” RIGI que establece más ventajas todavía para las grandes inversiones extranjeras (*), es decir, estableciendo condiciones de un verdadero saqueo al servicio de las empresas imperialistas.
Por otra parte, tras modificar la ley de glaciares a favor de las mineras, el gobierno quiso aprobar en el Congreso una “ley de tierras”, con la que se pretendía eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros. Una ley a la medida de Peter Thiel para que pueda establecer en el sur sus centros de datos de IA.
Aunque un primer intento fue bloqueado por la movilización popular del 6 de agosto sigue tratando de imponerlo por la vía del DNU 70/23, aunque momentáneamente el artículo correspondiente de ese decreto suspendido por la justicia. Pero por si esto fallara el gobierno anunció el “pasaporte dorado” (oficialmente llamado Programa de Ciudadanía por Inversión) que permitirá a extranjeros obtener la ciudadanía y el pasaporte argentino a cambio de un aporte económico de USD 350 mil. Esto eliminaría el obstáculo de las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
En otro acto de gravedad estratégica para cualquier país que quiera mantener algún grado de independencia, amputando la posibilidad de un desarrollo científico y tecnológico, Milei ataca las universidades, despide a los trabajadores del INTI, el Conicet y de la CNEA a la par que concede la construcción de un reactor nuclear de diseño argentino a una empresa yanki que entraría con las ventajas del nuevo super RIGI.
La apertura indiscriminada de importaciones que puso en crisis y provocó el cierre de una cantidad importante de industrias con la consecuente ola de despidos y el desfinanciamiento del sector científico-tecnológico implica la postración de cualquier perspectiva de desarrollo independiente y un agravamiento de la semicolonización del país.
El de CFK no fue un gobierno “antimperialista”, al revés mantuvo buena relación con el gobierno de Obama, los consorcios yankis y el capital financiero; por su parte el gobierno de Macri avanzó en el endeudamiento con el FMI; pero con el gobierno de Milei el sometimiento es más profundo y explícito. La soberanía nacional es una ficción frente a la cruel realidad de la dominación del capital imperialista extranjero.
Por eso Milei es una pieza funcional al esquema de dominación yanki. No puede extrañar entonces las relaciones del gobierno con Peter Thiel, ni que este haya decidido afincarse también en este nuevo paraíso liberal de los más grandes megamillonarios.
Escudo de las Américas
Como parte de este plan, Trump y varios gobiernos latinoamericanos han acordado la formación del “Escudo de las Américas”, que es una de las formas en que se materializa la reactualizada doctrina Monroe y con la excusa del combate al narcotráfico se proponen coordinar operaciones militares y policiales para intervenir directamente en los países en los que sea necesario. Junto con ello se estableció un acuerdo de “cooperación” internacional basada en inteligencia, seguridad y financiamiento para combatir el denominado «terrorismo de izquierda», anunciada a mediados de julio en una cumbre encabezada por el secretario de Estado de EE-UU Marco Rubio, en la que participó el canciller argentino Pablo Quirno. Esta es una reedición a nivel continental del macartismo para perseguir a las organizaciones y militantes de izquierda que luchen contra este plan imperialista.
Ahora el gobierno quiere avanzar creando un consejo de seguridad nacional con la excusa de defender la soberanía de Malvinas. Pero nuevamente se plantea como una de las hipótesis para la actuación de ese consejo la lucha contra organizaciones terroristas, a las que el propio gobierno impondría de manera arbitraria esa calificación. Inclusive ya se anunció oficialmente que EE-UU instalará una unidad regional para toda América latina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Como es sabido la lucha contra el narcotráfico es la cobertura para las intervenciones yankis en estos territorios.
A esto hay que sumarle la base naval que el gobierno construye en Ushuaia, la cual seguramente será compartida con EE-UU.
Entonces, la soberanía nacional solo existe desde el punto de vista formal: tenemos gobierno, instituciones y leyes propias que hacen a nuestra constitución como nación independiente. Pero en la realidad la economía nacional depende del capital extranjero tanto en el plano productivo como en el financiero. Esa dependencia determina la orientación política del gobierno y de las distintas fracciones de la oposición.
Con estos acuerdos estamos cada vez más sometidos al control y la intervención directa del imperialismo yanki sobre el territorio nacional, no sólo bajo control financiero, económico, sino también político y militar del imperialismo yanki.
La burguesía nacional es socia menor del imperialismo
El peronismo kirchnerista y sectores afines hablan de la defensa de la patria y la soberanía nacional.
Pero la patria en abstracto comprende un estado, un territorio, relaciones de propiedad y producción y por lo tanto clases sociales antagónicas. En concreto y en tanto los capitalistas sean la clase dominante, la patria es de la burguesía, no es de los trabajadores. La patria es de los dueños de los medios de producción y de cambio. Ellos son además quienes controlan el Estado y todas las instituciones intermedias. Lo único que tenemos nosotros es nuestra fuerza de trabajo.
Los peronistas se oponen a la extranjerización de la tierra, pero durante los gobiernos de Néstor Y CFK no hicieron nada contra Joer Lewis por secuestrar el Lago Escondido.
Los peronistas kirchneristas dicen que “la patria no se vende”, pero la Argentina hace rato que está siendo vendida e hipotecada para varias generaciones, tanto por los gobiernos liberales como también por los gobiernos peronistas.
Para no ir tan lejos en la historia, basta recordar las relaciones carnales de Menem con el imperialismo yanki, a Néstor Kirchner haciendo sonar la campanita en Wall Streat o entregando la explotación minera a la Barrick Gold (**), a CFK firmando los acuerdos con Chevrón sobre Vaca Muerta con cláusulas secretas, o recibiendo a la jefa del comando sur de EE-UU, cuando esta declaraba abiertamente que los recursos naturales del país eran una parte vital de la seguridad nacional yanki.
Este nuevo impulso neocolonial del imperialismo yanki está estrechamente vinculado a los preparativos de una guerra contra China por el control del mercado mundial. Busca asegurar el continente y la provisión de insumos, alimentos, combustible, minerales y todo tipo de materias primas que los yankis puedan necesitar. Unidas todas las piezas podemos ver que ya ahora somos parte de los preparativos de la próxima guerra mundial y no estaremos ajenos a la misma.
Para ello necesitan someternos, derrotarnos. Bajando salarios, aumentando la explotación con reforma laboral, liquidando la universidad gratuita y los institutos donde se desarrolla la ciencia y la investigación, y cerrando empresas que dejan un tendal de desocupados.
Nos quieren de rodillas, para que los capitalistas puedan hacer sus negocios en “libertad” sin que los trabajadores molesten con sus reclamos y entregar el país al control yanki.
Pero solamente la clase trabajadora puede revertir esta situación porque nuestra vida depende de que nos saquemos de encima la dominación yanki y la explotación capitalista.
A pesar de la voluntad de “los pibes”, ni CFK ni nadie en el peronismo los quiere “para la liberación”. Solamente les son útiles para juntar votos. Esa juventud solo podrá luchar por la liberación si se une a la clase trabajadora, y se organiza en un partido marxista revolucionario para luchar por la revolución socialista.
13/10/26
(*) Una reducción histórica de la carga impositiva (con una alícuota de Ganancias del 15% contra el 25% que paga el RIGI común y al 35% del régimen general), contribuciones patronales reducidas al 10%, con una amortización acelerada del capital permitiendo deducir el 60% de la inversión durante el primer año y el 40% restante en los dos años siguientes, eximición del pago de aranceles a la importación y exportación, estabilidad jurídica por 30 años, imponiendo un pago de regalías de apenas el 3%, permitiendo que puedan enviar al exterior las ganancias.
(**) La Ley de Inversiones Mineras (N°24.196), sancionada en 1993 bajo la presidencia de Carlos Menem, configuró un régimen fiscal extraordinariamente favorable para atraer capitales extranjeros. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), este marco normativo se mantuvo plenamente vigente como la columna vertebral de la actividad minera en el país, permitiendo la consolidación de multinacionales como la Barrick Gold.
La Barrick Gold comenzó la construcción de su principal proyecto en Argentina, la mina Veladero (San Juan), en el año 2003 e inició formalmente su producción de oro y plata en octubre de 2005.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado argentino reglamentó en 2004 un Protocolo Adicional Específico basado en el Tratado de Integración y Complementación Minera (suscripto originalmente entre Argentina y Chile en 1997). Este convenio permitió regular el proyecto binacional Pascua Lama y originó polémicas y renuncias de funcionarios de la Secretaría de Ingresos Públicos por las ventajas impositivas y fiscales otorgadas para tributar en el vecino país.