El nuevo proceso de licitación abierto por el gobierno nacional para la Hidrovía Paraná-Paraguay ganó espacio mediático, porque abrió el debate respecto del control del Estado sobre la vía navegable por la que salen más del 80% del volumen de las exportaciones agrícolas.
El 1ero de agosto de 2021 vence la prórroga de concesión del dragado, mantenimiento y señalización sobre la cuenca del Paraná. La misma fue privatizada en el año 1995 por Menem, otorgándosela a Hidrovía S.A, consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa S.A. Este consorcio ha recibido millones de dólares en subsidios estatales, no sólo por parte del gobierno menemista sino también por parte del Kichnerismo, durante la presidencia de Cristina Fernández, quien renovó los subsisdios desde el 2010 hasta el 2013.
Por esta “autopista fluvial” pasa el 75% de las exportaciones argentinas, sin ningún tipo de control, no sólo aduanero sino tampoco en cuanto a los impactos ambientales que causan. Por contrabando y subregistro se fugan miles de millones de dólares que bien podrían utilizarse para afrontar la grave crisis económica y social que atravesamos. Construyendo viviendas para reducir el déficit habitacional, reabriendo ahora estatizadas las fábricas quebradas, que dejaron en la calle a cientos de trabajadores -ahora desocupados que bien podrían administrarlas-, por nombrar algunos ejemplos.
¿Qué es la Hidrovía?
La Hidrovía es parte de un extenso sistema hídrico denominado Cuenca del Plata, que comprende más de 3 millones de kilómetros cuadrados de extensión, que desemboca en el río de La Plata. Abarca los territorios de cinco países, es por esto que es una de las vías más significativa de transporte comercial y comunicación entre los países que conforman el Mercosur. ¡Por ella se trasladan más de 100 millones de toneladas de carga; el actual contrato da derecho a cobrar en concepto de peaje 3,06 dólares por tonelada que pasa por la Hidrovía, o sea más de 300 millones de dólares anuales! En nuestro país abarca varias provincias y conecta varios puertos cerealeros. Funciona como corredor para trasladar granos, aceites y combustibles, y es la vía de salida de la mayoría de los productos que son exportados hacia el océano Atlántico y el mundo.
Sirve como herramienta económica y de comunicación, pero es, sobre todo, una de las reservas hídricas más importantes del planeta, pero en manos de la burguesía y sus Estados, que hacen un mal uso de este recurso, con todos los problemas ambientales que ello genera.
Problemas socioambientales
Los ríos son un corredor ecológico que permite la vida de muchas especies animales y vegetales pero que, por la sobreexplotación que los empresarios realizan con el único fin de aumentar sus ganancias, están extinguiéndose. Con la modificación sin ningún tipo de restricción de los ecosistemas fluviales se ven afectadas las vidas de muchas familias ribereñas que dependen del río para su subsistencia.
La Hidrovía es sinónimo de exportación de granos y derivados. Su privatización está íntimamente relacionada con la implementación de la siembra directa y con el uso intensivo del suelo, que conlleva a la pérdida de funciones importantísimas de los ecosistemas del río, como las capacidades para la regulación climática, la polinización y la regulación de inundaciones.
A esto se suma la utilización de herbicidas, que se encuentra asociada al aumento de los niveles de nitrógeno y fósforo en varias cuencas fluviales, que hacen que especies como las algas crezcan tan rápido que los ecosistemas no puedan asimilar esa cantidad, lo que produce una reducción de la cantidad de agua y dificulta su conservación. Además de la gran evidencia sobre los graves impactos que genera su uso en la salud humana, sobre todo efectos cancerígenos en poblaciones rurales.
En las zonas urbanas también se verifican diversos impactos, como es el caso del “cordón industrial” del Gran Rosario, centro sojero donde los pobladores de las localidades costeras deben convivir en medio de la contaminación por tóxicos utilizados en las diversas industrias, por el polvillo del cereal, la pérdida de barrios y la privatización continua de las riberas por el avance permanente de las empresas exportadoras y la especulación inmobiliaria.
Uno de los problemas más directos que afecta a los ríos es el trabajo de sobredragado. Que no sólo determina la calidad del agua que tomamos, sino que modifica su oxigenación, afectando a la fauna ictícola (peces) e impacta sobre el sistema de humedales.
El río Paraná obtiene su profundidad en la carga de lluvias; las lluvias nacen de la humedad de los bosques, selvas y humedales. Las selvas y bosques se talan, se incendian y se desmontan para el monocultivo y negocio inmobiliario de un puñado de empresas. Para seguir beneficiándose la burguesía fumiga, seca y desertifica la tierra. Pasa en Argentina y también pasa en Brasil y Paraguay, donde nace el río Paraná que hoy sufre una de las más grandes sequías.
A través de los dragados (más profundos que los permitidos para no afectar el equilibrio ecológico) la empresa belga que tiene la concesión, busca compensar los bajos niveles del río Paraná para garantizar el flujo de los barcos exportadores. Así ahondan cada vez más profundo, rompiendo y removiendo rocas y sedimentos. Una vez más tecnología y ciencia puesta en funcionamiento de las ganancias capitalistas.
La forma en que cada gobierno -desde la privatización de la Hidrovía- ha “manejado” los controles medioambientales refleja los intereses de qué clase social se ven representados en el Estado. No es una cuestión de un modelo neoliberal que arrasa con todo a su paso, es el capitalismo (Todas las formas del capitalismo con más o menos intervención del Estado son depredadoras del medioambiente, ya que no hay que olvidar que el Estado es burgués). Y cada ejecutivo que ha pasado por el poder, incluido el de Alberto y Cristina Fernández que levantan la bandera de lo nacional y popular, no ha hecho más que garantizarles la sobreexplotación de los recursos naturales a los grandes empresarios multinacionales.
EL decreto 949/2020 y la soberanía nacional
Cuando en noviembre del año 2020 el gobierno nacional sacó el decreto 949/20 que establecía el llamado a licitación pública para la realización de obras con peaje en la Hidrovía, lo que hizo fue volver a abrir la posibilidad de dejar en manos de alguna empresa internacional, quizás en sociedad o fusión de alguna nacional, parte del manejo de comercio exterior.
La Hidrovía constituye la opción de transporte más relevante de la producción agrícola, tanto de graneles sólidos como líquidos; por ella circula más del 90% de la mercadería transportada en contenedores; la carga de la industria automotriz; de la industria metalúrgica y siderúrgica; un gran porcentaje de las operaciones de cabotaje y transbordo de cargas; así como también constituye una de las vías centrales de transporte de gas natural, petróleo crudo y productos refinados.
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El ejemplo más conocido de contrabando es el de las mineras. La Alumbrera declara que exporta tres metales, mientras está comprobado por geólogos que lo que en realidad sale en los barcos es el “barro de las exportaciones” porque los metales no se refinan en Argentina. Este barro contiene más de 28 metales, 25 de los cuales son las “tierras raras”, más valiosos que el oro porque se usan en la producción de tecnología avanzada.
Si bien cobrarle más impuestos a las empresas no soluciona de fondo el problema de la soberanía de un país semicolonial como Argentina, cobrarles muy poco sí expresa claramente a quiénes se está beneficiando. Este gobierno que nos habla de una Argentina soberana y que seguramente este 9 de julio se llene la boca hablando de nuestra independencia, ha dejado a lo largo de estos 25 años el control de un recurso tan importante en manos del imperialismo. No hay que olvidar que Néstor y Cristina eran admiradores de Menem y aplaudieron la privatización de YPF.
Varios partidos políticos, incluso sectores del oficialismo y partidos de izquierda se han manifestado a favor de anular la concesión de la Hidrovía del Paraná y han presentado algunos proyectos.
También organizaciones ecologistas, apelan a la Corte Suprema demandando que se contemple una evaluación del impacto ambiental con “participación ciudadana” y plantean la necesidad de un programa de reducción de uso de agrotóxicos y una reconversión en la producción alimentaria para lograr una “soberanía alimentaria”.
Sin embargo, el plan que estaría manejando el gobierno NO ES el de anular las concesiones a empresas extranjeras y estatizar todo el sistema de transporte fluvial, el mantenimiento navegable de los ríos y los puertos. El plan del gobierno, plasmado en el Acuerdo Federal y complementado con el decreto 949/20, consiste en que una vez que caduque la concesión privada, la Administración General de Puertos (AGP) –dirigida por el santacruceño cristinista José Beni- se haga cargo de la Hidrovía y del cobro del peaje por un año. Se llamará a una licitación “corta” para garantizar el mantenimiento, mientras se prepara una nueva licitación, la que podría tener el mismo condicionante que la anterior, es decir, que el consorcio a adjudicar esté integrado por una empresa argentina. En cuanto a las empresas extranjeras que podrían entrar en la licitación se mencionan dos empresas holandesas (Van Oord y Boskalis),dos belgas(Dredging International y Jan de Nul) y la china CCCC Shanghai Dredging. El contrato de concesión se podría dividir en tres tramos, y habilitar el Canal Magdalena, que favorecería a Mar del Plata como puerto alternativo al de Buenos Aires, una obra que reclama el kirchnerismo bonaerense.
De acuerdo a esto y según se desprende de las declaraciones de Pedro Wasiejko, la soberanía argentina se limitaría entonces al cobro del “peaje”. Según recordó en el programa La Mañana de Víctor Hugo Morales, el ex dirigente sindical del SUTNA (trabajadores del neumático) y la CTA, actual presidente del Astillero Río Santiago, “desde 1995 la Hidrovía estuvo en manos del sector privado de manera absoluta. El Estado no tenía participación. Los privados decidían desde el peaje que se cobraba hasta las obras que se realizaban».
En cambio, ahora con la decisión del ejecutivo, la recaudación de la Hidrovía se hará a través de un ente estatal. «Está decisión favorecerá a los productores locales y a la industria nacional», sostuvo.
Wasiejko señaló que la administración de los privados era más cara para los productores comparado con lo que sucede a nivel internacional. «Acá se cobraba 3.06 dólares por tonelada cuando la media internacional es de 2.06 dólares la tonelada», expresó. (Informativo AM750).
El burócrata kirchnerista Wasiejko la tiene clara. El gobierno quiere beneficiar “a los productores locales y a la industria nacional”, o sea a los empresarios capitalistas. Para lo cual le bajaría el canon por el peaje. Los beneficiados de “esta soberanía” no seremos los trabajadores y los pobres.
A la reivindicación nacionalista de soberanía, se le quiere dar un cariz progresivo, cuando en realidad, de lo que se trata es del reparto de la torta entre los negocios del imperialismo y los de la burguesía nacional. Sería progresivo si los recursos que se recuperan a la expoliación imperialista, fueran utilizados en beneficio de los trabajadores, y no como seguramente ocurrirá, que saldrán por otra ventanilla para pagar deuda externa, o irán a parar a los bolsillos de los burgueses amigos del poder en forma de créditos blandos o subsidios.
Lo cierto es que solo la clase trabajadora puede imponer una soberanía en beneficio del pueblo que trabaja y pasa necesidades, porque es la clase que produce, explotada por el capital, y por lo tanto sus intereses no están en aumentar las ganancias de los capitalistas, sino en que el fruto del trabajo sea de los que lo producen. Y por eso la “liberación nacional” (así era la consigna del peronismo de izquierda en los ’70, que ahora llaman “soberanía nacional”), es una tarea que no podrá ser realizada por la burguesía “nacional”, porque es socia menor de las multinacionales y depende del financiamiento de la banca internacional. Sólo puede ser conquistada por la clase trabajadora que no tiene ningún interés ni vínculo con el imperialismo. Pero esta liberación no va a venir de la mano de ningún proyecto de ley, ni a través de una consulta popular, porque un país capitalista semicolonial como es la Argentina, siempre priman los intereses del capital más fuerte, es decir, del capital imperialista, que recurrirá a todos los recursos incluyendo en última instancia la fuerza militar para imponerse, como lo atestigua nuestra historia, y la historia de la lucha de clases mundial.
Pero entonces, ¿La Hidrovía debe estatizarse? Sí, pero bajo administración de los trabajadores con representantes de pobladores cuya economía familiar depende del río. Pero con estatizar (en realidad es no volver a concesionar) la hidrovía, y también los trenes de carga, lo único que ocurrirá es que el transporte de la producción será más barato para la burguesía agropecuaria e industrial.
La única manera de garantizar la “soberanía” económica, alimentaria, energética, etc., será expropiando sin indemnización a todo el complejo oleaginoso que maneja gran parte de la riqueza del país y confiscar las ganancias de la exportación agropecuaria. Si las patronales se resisten hay que pasar directamente a la confiscación de toda la tierra de la pampa húmeda y de las grandes haciendas y extensiones de tierras en todo el país. Con el apoyo de técnicos y especialistas, los trabajadores rurales pueden hacerse cargo perfectamente de la administración y la producción.
Hay que declarar el no pago de la deuda externa, tanto con el FMI como con los acreedores privados
Con los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias y la estatización de la banca, concentrándola en un banco único, bajo el control de los trabajadores en el marco de un Estado Obrero, se puede elaborar un plan integral de producción tanto en el plano industrial -partiendo de expropiar tanto los grandes grupos de la burguesía local como imperialista-, como en el de la producción agropecuaria, para que en un país que según se dice produce alimentos para 400 millones de personas no falte la comida en la mesa de cada uno de los trabajadores que habitan este país. Además, permitirá planificar la economía respetando el medio ambiente porque ya no se tratará de extraer y explotar con el fin de producir ganancias para las grandes patronales.
Macristas-radicales y peronistas-kirchneristas ya demostraron que gobiernan para la oligarquía capitalista, solo un Gobierno de los Trabajadores puede expropiarlos sin un peso de indemnización y planificar la economía en interés del pueblo trabajador.
Angie, 1/7/21