25N: Día Internacional contra la violencia hacia la mujer

Ante la crisis sin salida del capitalismo.  Organización y lucha de la Mujer Trabajadora

Este 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia la mujer, todas las campañas y voceros oficiales, nacionales e internacionales, darán cuenta del “avance” en la legislación y en las políticas públicas para atender la problemática de la mujer.  En nuestro país, nombrarán, por ejemplo, la presentación del proyecto de ley de legalización del aborto y el proyecto de los 1000 días.  Como un avance en políticas que atienden la cuestión de género, mencionarán las acciones como:  la autorización de tránsito, durante el período de mayor restricción de circulación (ASPO) de la mujer víctima de violencia de género, que existen comisarías de género y se insiste en la aplicación de la Ley Micaela en todos los estamentos públicos.  

Sin embargo, el hecho de que se hayan presentado proyectos y existan leyes, no cambia la realidad concreta, cada vez más violenta, de las mujeres de clase trabajadora y el pueblo pobre.  

Los números en torno de las denuncias al 144, de los femicidios que no cesan, de la cantidad de mujeres que van a las plazas y parques a participar de un trueque para llevar algo de comida o leche a su casa, las madres que hacen cola en las escuelas para retirar el bolsón de alimentos y podríamos seguir mencionando situaciones, nos dan cuenta de que la violencia hacia la mujer es cada vez más profunda.  No sólo se trata de registrar la violencia psíquica o física en el entorno familiar sino de denunciar la violencia por parte de las instituciones y el Estado.

Justamente porque creemos que la violencia es consecuencia y se profundiza en concordancia con la crisis sin salida de este sistema capitalista de organización económica y social.

La violencia de la explotación burguesa

Las mujeres de clase trabajadora y el pueblo pobre sufren una doble explotación.  Por un lado, de clase, ya que como trabajadoras sólo cuentan con su fuerza de trabajo para adquirir los bienes necesarios para su subsistencia en esta sociedad capitalista.  Las mujeres deben recurrir a “parar la olla” ya sea porque están solas, o como complemento de los ingresos de su pareja.  Producto de la crisis del sistema las posibilidades de conseguir un trabajo formal son cada vez más escasas.  Se comprime el mercado laboral, se despide por miles, se ajustan los salarios (se quita el índice de indexación por inflación, se cierran las paritarias o se firman convenios a la baja) y se recortan los presupuestos públicos, para salud y educación.     La otra, la opresión en su condición de mujer, tiene que ver con que a la burguesía le conviene que la mujer realice y sea sostén de las tareas del hogar, función socialmente improductiva pero que garantiza la recuperación de la fuerza de trabajo para afrontar la jornada laboral, día tras día. Esta condición de recluida en su hogar, cumpliendo tareas que socialmente son consideradas secundarias, es la condición principal de la opresión social de la mujer.

La realidad en números concretos

Durante este año, cruzado por la pandemia, se incrementó en un 39% los llamados al 144 habilitado las 24 hs para consultas y denuncias por violencia.   Sin embargo, lamentablemente, los datos que brindan las estadísticas sólo sirven para los informes y las noticias de los periódicos amarillistas, pero no como respuesta o solución para las mujeres que llaman.  Un enorme problema es que la justicia dispone de medidas de prohibición de acercamiento, pero no fiscaliza que los agresores las acaten y, de todas maneras, arremeten contra las víctimas y se acumulan las denuncias por violación de la restricción o se cobra la vida de la denunciante, en el peor de los casos.  Por eso, las medidas de protección resultan engañosas y sólo actúan como respuestas demagógicas frente al sentido reclamo de asistencia a la mujer violentada. En este sentido, más de 1525 personas llamaron al 144 pero no para informarse o tomar coraje para denunciar, sino con el terror de haber denunciado y que nadie las cuide.  Acá radica la crueldad del sistema legal ya que el hecho de que existan mecanismos de protección formales no significa que resuelva la situación sino se modifican las condiciones estructurales (económicas) de las mujeres.  Denunciamos a todas las organizaciones feministas reformistas que quieren hacernos creer que con las leyes se resuelven nuestros problemas.

Como respuesta del Estado a estas denuncias, sólo a un cierto porcentaje se le ofrece asistencia en los hogares transitorios.  Los datos estadísticos plantean que 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia, y que existe una disponibilidad de 29 hogares en todo el país para contener y proteger a las madres con niños para alejarla del violento.  Se deduce que es totalmente insuficiente como respuesta efectiva, por parte del Estado.  Según un informe del  INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) se plantea que como “no cuenta con presupuesto para la construcción de nuevos hogares, se decidió un cambio de estrategia en la modalidad de trabajo con hogares priorizando el fortalecimiento de los HPIs (Hogares de Protección Integral) existentes y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia para garantizar una atención integral, de conformidad con el Plan y con los nuevos modelos de atención a nivel mundial que se alejan de la lógica de refugios y apuntan a la creación de espacios donde el foco este puesto en el empoderamiento de las mujeres en entornos cercanos a sus redes de contención” .  Esto simplemente refleja el desentendimiento del Estado en la política de contención de la mujer que sufre de violencia de género, descentralizando la respuesta en organizaciones civiles con la excusa de la “contención” y evitar el desarraigo” pero sin inversión presupuestaria suficiente. A esto debemos sumar que la justicia y la policía amparan al abusador y violento. En Tucumán, dos femicidios (de niñas de 9 y 2 años) sacó a la luz el accionar perverso de las instituciones burguesas: de la policía, al no brindar ayuda a las familias para la búsqueda de las niñas; de la justicia corrupta al amparar el accionar de bandas narcos que trabajan para la policía y el gobierno y provocan el asesinato y desaparición de tantas víctimas, como Marita Verón o el de Paulina Lebbos.  Tanta injusticia y alevosía en el accionar para proteger a los asesinos y padrinos políticos, hizo que los vecinos se auto-organizaran para la búsqueda del culpable, y hacer justicia por mano propia, linchando al femicida (en uno de los casos).

La violencia institucional y Estatal

A la violencia intra-familiar por la convivencia con un violento en el seno del hogar, ya sea por el cónyuge, padre o algún otro familiar, que se da en el caso de 1 cada 3 mujeres, se le suma, la violencia estatal, en el caso de las mujeres de clase trabajadora.

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Violencia que las organizaciones feministas no contemplan ni denuncian ya sea por ser parte del gobierno de los Fernández (con la designación de Elizabeth Gómez Alcorta a cargo del Ministerio de las mujeres, de la agrupación Mala Junta, de la asesoría Ad honorem al Presidente, de Dora Barrancos, intelectual del feminismo) o por llevar adelante una política reformista y oportunista (como las agrupaciones del FITU), con reclamos de incremento de derechos pero dentro del marco del Estado burgués, como si fuera posible generar igualdad en un sistema que en su funcionamiento requiere de la desigualdad y la explotación de los hombres y de la destrucción de los medios de producción y del ambiente.

El Estado como representante de la clase burguesa (empresarios, dueños de fábricas) sostiene y refuerza la desigualdad de clases. Si bien es cierto que en el caso de los femicidios, los autores son hombres del ámbito familiar y el número de casos de femicidios va en aumento, esa es la cara más extrema de la violencia pero no la única.

Según un informe de ANSES, el 56% de los beneficiarios de un total de 9 millones que cobran el IFE (Ingreso familiar de emergencia) son mujeres entre 18 y 45 años, en edad activa, pero sin posibilidades de ingresos por no pertenecer al empleo formal.  Esto significa que las mujeres son las que presentan mayor vulnerabilidad económica y menor posibilidad de acceso a un trabajo que contemple ningún tipo de asistencia social a futuro.

Esta situación se va a agravar porque el capitalismo a nivel mundial sufre una crisis sin precedentes y lo que antes el Estado podía otorgar en ayudas sociales para contener a las masas trabajadoras, hoy no está en condiciones de otorgar. El nuevo acuerdo con el FMI por parte de las negociaciones de Guzmán y la carta de Cristina “llamando a la unidad nacional” es una convocatoria a las patronales y punteros políticos a unificar fuerzas para contener y en el caso de que sea necesario, reprimir cualquier acción de los trabajadores y el pueblo pobre de querer acceder por su cuenta ante derechos que sólo son garantizados a la burguesía, como ser el derecho a la vivienda.  Ya vimos cómo responde el Estado, con la represión y el desalojo de Guernica, mostró que “el derecho a la propiedad privada es innegociable”, dicho por Berni.

La violencia tiene cara de clase

Las mujeres de la burguesía tienen muy claro sus intereses de clase por encima de cualquier cuestión de género. Sobre todo, su función como funcionarias del Estado, como el aparato de dominación capitalista.  Sino cómo se explica los dichos de la Ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña,  al expresar que los docentes “Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras (…)Si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser un determinante, o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente”.  Recordemos que en su momento Cristina Kirchner con la misma intención de degradar a los docentes había planteado “los tres meses de vacaciones y la estabilidad laboral de la que goza el trabajador docente”.  La agresión tiene que ver con la composición docente que actualmente el 77,7% son mujeres según datos que surgen del Censo Nacional de Personal de los Establecimientos Educativos realizado por el Ministerio de Educación, y con el sector que ocupa en la economía, sector servicios, que el Estado año tras año, achica en presupuesto de inversión y en la reducción salarial y necesita de un consenso social de parte de la población para arremeter  contra el gremio y generar el repudio de la sociedad en caso de respuesta del mismo.  Recordemos que este año no hubo negociación paritaria sino una propuesta que fue aceptada, por unanimidad, por las conducciones burócratas de Ctera y demás sindicatos docentes -sin discusiones en las bases- cerrando en un incremento del 0 %.  Sólo extendiendo el pago del INFOD hasta noviembre de este año.  Actuando los dirigentes como correa de transmisión de la política de ajuste del Estado.

En este sentido es que sostenemos que la crisis se va a agravar, que no debemos esperar del Estado burgués respuestas que cambien las condiciones estructurales de la mujer trabajadora y pobre, sino que, al profundizarse las condiciones económicas, la descomposición social se agudiza, desencadenando más hechos de violencia e inseguridad, producto de la necesidad y la falta de respuestas.

Como mujeres de la Causa Obrera sostenemos que las conquistas en derechos -que se dan en la calle y con la organización de las mujeres-y se arrancan al Estado burgués, son efímeras.  No tenemos que tener expectativas en las legislaciones, ya que lo que se gana con las luchas, la burguesía y su Estado te lo quita cuando debe dar cuentas de los ajustes al FMI y los capitalistas.  Las acciones del Estado tienden a achicar continuamente las condiciones de vida de la mujer trabajadora y pobre.  Cuando el ministro de Economía expresa que para cumplir con el acuerdo del FMI va a bajar el déficit fiscal de 4,5 a 3,8 significa un recorte en el “gasto” social que claramente va a afectar la asistencia a mujeres en situaciones vulnerables.

Sostenemos que la organización en los barrios, los lugares de trabajo, en los sindicatos debe discutir acciones para avanzar en conjunto por el logro de todas aquellas reivindicaciones prioritarias para paliar la situación de las mujeres trabajadoras. Como ejemplo, de auto-organización en los trabajos y producto de la lucha consciente y colectiva en la provincia de La Pampa, Valeria Juárez, ocupó el lugar de su marido golpeador, en el Municipio, cumpliendo su trabajo como forma de garantizar el ingreso familiar y el sustento para sus hijos.  

El accionar de los vecinos de Tucumán nos deja una enseñanza de que cuando los trabajadores sienten una justa indignación ante la injusticia y se organizan y organizan también su autodefensa se constituyen en una fuerza difícil de parar y es la demostración de que somos los únicos dispuestos a hacer justicia contra los criminales amparados por el corrupto poder político y policial.

Sin embargo, esta organización incipiente debe ser la punta de lanza para unir los reclamos y los cambios que son necesarios para mejorar la vida de la clase trabajadora.  Sólo con la organización de un Partido de trabajadores que tenga como estrategia el derrocamiento de la burguesía y la construcción de una sociedad sin clases puede pensarse un futuro que contemple las necesidades e intereses de la Humanidad.

Compañeras trabajadoras del PCO

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