A principios de mes escribíamos que al gobierno se le estaban acortando los plazos legales para enviar el nuevo proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) al Congreso. Desde el principio de su gestión, Alberto Fernández, paseó el tema del aborto legal haciendo demagogia y estirando el plazo de presentación para su debate en Parlamento, mientras miles de mujeres seguían realizando y muriendo por abortos clandestinos. Con la excusa de que no era momento porque la prioridad era encargase de la pandemia y el Covid, el proyecto no fue enviado luego de los diez días de abiertas las sesiones ordinarias del Legislativo el 1 de marzo, como había prometido.
Es que mantener las buenas relaciones con la iglesia católica y la evangelista que funcionan como contención social en los barrios, ante esta crisis que se profundiza día a día, es prioritario y estuvo por encima de la vida de todas las mujeres que, no pudiendo pagar para interrumpir sus embarazos mueren por la utilización de métodos como la introducción de perejil en el cuello uterino o el de la percha, por abortos autoinducidos o en lugares que no están preparados para realizarlos.
Ocho meses después y ante el descontento de algunos sectores de su base social, el gobierno presenta el proyecto, como hizo con el del “aporte solidario”, con varias diferencias con el proyecto de la Campaña, para comenzar a ser debatido recién en diciembre.
Algunos puntos del proyecto enviado por el ejecutivo que generan debate son, por un lado, la incorporación de la objeción de conciencia que, puede ser presentado como recurso por el personal de salud para rehusarse a realizar la interrupción de un embarazo. Pareciera una cucharada metida por la iglesia porque con esto pesarían más las cuestiones morales o religiosas que la garantía hacia las mujeres de poder interrumpir el embarazo como derecho democrático básico; sobre todo de las mujeres trabajadoras y pobres que no pueden costear un aborto en una clínica privada.
Con esto, el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos pueden expresarlo, quedando exentos de realizar esta práctica. Así este supuesto derecho de objeción de conciencia, en realidad encubre la negación a asistir a mujeres que llegan con necesidad de realizar un aborto en condiciones de higiene y seguridad básicas para no morir desangradas o por alguna infección. Arrojando a las mujeres pobres a seguir practicando abortos clandestinos.
Otro punto es que se sigue penalizando a las personas gestantes que quedaran por fuera del plazo de las 14 semanas y no cumplieran con alguno de los motivos que permite realizar el aborto pasadas estas 14 semanas. También que se establecen 10 días para la garantía de la práctica del aborto desde que es solicitado, estirando los plazos para su realización, haciendo pasar por un proceso más largo a las mujeres con toda la carga psicológica y física que esto implica.
Más allá de los puntos que generan polémica, es importante preguntarnos, con qué presupuesto piensa el gobierno “nacional y popular” sostener y garantizar los abortos en los hospitales, si como ya sabemos vienen recortando presupuesto en salud y como se estima por el presupuesto para el 2021, habrá una fuerte caída en lo destinado al gasto público en general, respondiendo a las demandas del FMI. Ya lo dijo Guzmán, el buen “soldadito” del FMI, cuando anunció que va a bajar el déficit fiscal, de 4,5% a 3,8%, lo cual va a significar un recorte en el “gasto” social que claramente va a afectar a la salud y educación.
¿Cómo piensa garantizar el gobierno el aborto legal, seguro y gratuito con tal recorte? ¿Cómo piensa garantizar el gobierno no sólo la práctica segura, sino también los cuidados y seguimientos post-aborto y las redes de contención psicológicas necesarias? ¿Nos querrán conformar con el poder realizar un llamado a algún número gratuito, como hacen con el 144 para quienes sufren violencia de género? Esto además de ser completamente insuficiente, ni siquiera funciona correctamente. ¿Será un nuevo derecho pero que quedará en papeles para la clase trabajadora? Siempre que los gobiernos burgueses deban elegir entre gasto público y garantizar derechos de los trabajadores o mantener a salvo la propiedad privada, elegirán esta última. La fuerte represión y desalojos en Guernica para defender la especulación inmobiliaria de grandes empresas constructoras, en detrimento del derecho a la vivienda digna de miles de trabajadores y de sectores populares, son un fiel ejemplo de esto.
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Coincidimos en la lucha a favor de la legalización del aborto, y de que éste sea garantizado por el Estado en la salud pública como una práctica segura y gratuita. Lo consideramos como un factor importante de salud pública que evitaría las muertes de mujeres pobres por complicaciones del aborto clandestino. Como marxistas no estamos en contra de la lucha por reformas, pero partimos de la caracterización científica de que el régimen de conjunto no se puede reformar, y por eso nuestra estrategia es derrocarlo.
Por eso ni este derecho, ni la acumulación de varios derechos bajo el capitalismo, van a garantizar nuestra la liberación de toda opresión. El derecho al aborto es sólo un factor, un derecho a conquistar, importante por las vidas que puede salvar. Sin embargo, la causa de la opresión de la mujer es la consecuencia del lugar que ocupa en la producción. Mientras la mujer siga confinada a las tareas del hogar, dado que es un trabajo privado, no considerado como un trabajo socialmente productivo, colocando a la mujer en un lugar inferior dentro de la sociedad.
Esta situación no puede ser resuelta por el capitalismo en decadencia. La mujer sólo podrá alcanzar su completa liberación cuando cambien las condiciones materiales que la mantienen atada al trabajo doméstico, cuando éstos pasen de la órbita privada a la producción social, con espacios en todos los barrios donde se garanticen las necesidades que satisfacen hoy los trabajos que nos son conferidos como mujeres trabajadoras, con jardines, maternales, comedores, etc. que resuelvan el cuidado y educación de todos los niños. De esta manera, deslingándose del trabajo doméstico rutinario y repetitivo, la mujer podrá integrarse plenamente a la producción social en igualdad de condiciones con el hombre. Esto sólo podrá ser posible con la instauración de un Estado obrero en lucha por el socialismo.
Las mujeres trabajadoras de La Causa Obrera reconocemos la necesidad de la legalización del aborto como un derecho democrático básico, que tiene que ver con la vida y la salud de las mujeres trabajadoras y pobres: la muerte por aborto es la segunda causa de muertes de las mujeres, las que no mueren sufren mutilaciones y consecuencias irreversibles físicas y psicológicas.
Pero sabemos que al gobierno patronal de Alberto y Cristina Fernández no le interesan estas mujeres de la clase obrera. Como ya mencionamos sólo les interesa resguardar las ganancias de la clase que representan, la burguesía, subordinados al capital imperialista, destinando millones al pago de la deuda, recortando presupuesto para la salud, la educación y la vivienda.
Las mujeres trabajadoras somos las que más sentimos los cachetazos de la crisis económica capitalista. Se ven afectadas nuestras necesidades y si somos sostén de hogar las de nuestras familias. No sólo nos encontramos con una cruda flexibilización laboral sino también con la opresión que nos impone el sistema, al tenernos reservado ese lugar al interior del hogar con todas las tareas que implica. Por eso debemos organizarnos independiente de las feministas reformistas amigas del gobierno de las patronales y la burocracia. En comités por la defensa de las reivindicaciones de las mujeres, en fábricas establecimientos y barrios obreros y populares. Y en un Partido de Trabajadores revolucionarios para luchar por derrocar al régimen burgués -que es el que nos explota y nos oprime- e imponer un gobierno de trabajadores a partir del cual la mujer junto con toda la clase trabajadora, comience sobre bases materiales firmes su camino para terminar con toda opresión.
Compañeras del Pco