Protección real y efectiva de la integridad física de las maestras denunciantes de abusos
Inicio del juicio por el asesinato de Vanesa
Este lunes 14 de Septiembre comenzó el juicio por el asesinato de Vanesa Castillo, docente de la ciudad de Santa Fe que fue víctima de 13 puñaladas a la salida de la escuela, en febrero de 2018.
El asesinato de Vanesa estaría vinculado con una denuncia que realizó ella por una alumna que fuera abusada intrafamiliarmente. Denuncia que culminó con otro juicio y la pena del familiar acusado a 13 años de prisión tras declararse culpable.
Esta vinculación surge ya que en audiencia previa durante la lectura de la prueba, el propio imputado, Juan Ramón Cano, de manera informal, denunció que su accionar fue producto de un encargo. En sus dichos “a mí me mandaron a sicariar a Vanesa Castillo… me iban a pagar 50.000 pesos… yo fui y la maté”.
Frente a ésta declaración es que la familia de Vanesa Castillo, principalmente su hermana Silvia, junto a la querella y organizaciones políticas y sociales requieren ampliar la carátula a “homicidio con promesa de remuneración o precio, incorporando la declaración en el expediente, mediante procedimiento judicial” para que no solo se condene al autor material, sino a los autor/es intelectual/es.
¿Cómo se explica que habiendo una declaración del propio acusado, no se realicen las acciones legales necesarias como para ampliar la carátula y buscar a todos los responsables y culpables del asesinato? Cualquiera se da cuenta que es “más justo” incorporar la declaración y buscar a todos los culpables para que se encuentren también a los responsables intelectuales del hecho. Pero, el rechazo de los jueces y la inacción de los fiscales sólo dan cuenta de que la justicia burguesa no busca realmente impartir justicia sino que tan sólo se limita a cerrar casos buscando algún culpable. Sólo se acciona de manera rápida cuando la presión popular genera la fuerza necesaria como para que la justicia accione para apaciguar el clamor de justicia, interviniendo en muchos casos, dictando sentencia a algún culpable para no cambiar nada.
Mecanismos para ejercer presión
Justamente la desconfianza en la justicia hizo que la familia de Vanesa junto a organizaciones sociales y políticas entregaran un pedido para lograr la televisación del proceso de juicio, para eso lograron obtener más de 3000 firmas, considerando que de esa manera se ejerce el derecho a la información y a la transparencia.
Si bien este accionar es un avance en la organización que debemos darnos la clase trabajadora para intervenir y no dejar librado al propio juego de encubrimiento de la justicia, sabemos que esto solo no alcanza, ya que mientras se mantengan las mismas bases materiales capitalistas no puede haber justicia plena.
Por eso es que denunciamos a los partidos políticos patronales y organizaciones reformistas y centristas que apelando a estos mecanismos pretenden hacerle creer a la clase trabajadora y el pueblo pobre que se pueden conseguir los mecanismos para garantizar una verdadera justicia dentro del orden capitalista. Generan falsas expectativas como lo hizo en varias oportunidades Miriam Bregman legisladora del FITU/PTS en CABA, planteando la elección de los jueces por voto popular, eso es pura demagogia.
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Recordemos el asesinato de nuestra compañera bibliotecaria María de los Ángeles Paris (Cuya audiencia preliminar agendada para el 25/8 fue suspendida y aún no tiene fecha cierta) cuya investigación por parte de la justicia estuvo viciada por mecanismos de ocultamiento del rol de las fuerzas represivas en la muerte y de encubrimiento, incluidas las declaraciones del Ministro de Seguridad, Pullaro, quien había expresado que su muerte fue por “causas naturales”, cuando la primera autopsia realizada no cumplió con los métodos ni los requerimientos del Protocolo de Minnesota de la ONU, para los casos de muerte en custodia.
Ley Vanesa
Producto de la denuncia de Vanesa por el abuso sexual intrafamiliar de una de sus alumnas y su posterior asesinato es que surge la necesidad de la docencia de buscar mecanismos de protección a los que se animan a denunciar este flagelo que vivimos a diario. Ya que si bien existe un protocolo de actuación que ampara al denunciante, esto sólo se da solamente en teoría, dejando en los hechos sin protección alguna al agente que la realiza. En palabras de Silvia Castillo «Y eso fue lo que le pasó a Vanesa. Ella acompañó de manera comprometida, cumpliendo su función docente como dispone el decreto 2288, inició un protocolo, acompañó a una niña, declaró en fiscalía como testigo y dos meses después terminó muerta. (…) El Estado no protege a los docentes, ni a los asistentes sociales, ni a los médicos que acompañan a niños y niñas que son víctimas de vulneraciones de derechos«.
Ante este caso, en noviembre de 2019 se creó una comisión, en la Legislatura Santafesina, encargada de elaborar un proyecto de ley que tenga en cuenta esta necesidad. Dicho proyecto estaría fundado en la acuciante necesidad de generar las garantías tanto para las niñas y niños abusados, como para quienes les acompañan en ese difícil recorrido de búsqueda de justicia y reparación, a fin de que no haya más Vanesa´s. Ni de que tampoco su asesinato sea disciplinador para otras personas que quieren denunciar ya que los docentes tenemos un rol clave en detectar situaciones de abuso en alumnos y alumnas.
Por la constitución de comités de autodefensa en los sindicatos
En estas semanas se estuvo impulsando desde Amsafe Rosario y otros sindicatos de la CTA Autónoma “la ley Vanesa” y también para que se apruebe el 2288 a través de una campaña de firmas. Además para que Cano su asesino vaya preso.
Nosotros, desde ya, que nos solidarizamos con esta campaña, pero planteamos que la cuestión de fondo es qué hacemos para esto no vuelva a ocurrir. Son muchos los casos donde las maestras no se animan a realizar estas denuncias por miedo a represalias por parte de los abusadores de alumnos y alumnas.
Si bien el decreto 2288 establece la garantía de privacidad a los denunciantes, todos sabemos que en los hechos, garantizar la privacidad es prácticamente imposible. Por eso para lograr que estas denuncias se lleven a cabo nosotros planteamos que debe ser el mismo sindicato docente de Amsafe quien le otorgue el cuidado y la custodia necesaria a las docentes a través de la creación de un comité de trabajadores con este propósito. Pensamos que esta autodefensa hay que organizarla involucrando no sólo a todo el personal de la escuela en cuestión sino al conjunto de la comunidad educativa (padres, porteros, etc) porque no podemos dejar librado a que un juez o fiscal dicte una orden de custodia y después que la policía garantice la seguridad de las compañeras cuando muchos de estos delitos son organizados y amparados por la propia policía.
Como docentes del PCO consideramos que no se van a disminuir los delitos y los crímenes mientras se sigan manteniendo las mismas bases materiales capitalistas de la sociedad.
Mientras gran parte de la población viva con ingresos por debajo de la línea de indigencia, sin poder acceder a derechos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud y el trabajo, continuarán los crímenes y delitos. Esto es así porque hay un sector de la población que no puede ser incluida, absorbida, económica y socialmente por el propio capitalismo en decadencia. La consecuencia de esto es la existencia de una capa social desmoralizada, desclasada, desesperanzada que recurre a métodos terribles para sobrevivir el día a día.