La caída del precio del petróleo, que en 2013 era de casi U$D 100 el barril, fue financiado durante el gobierno de Correa con endeudamiento ante la banca privada. En consecuencia, durante el segundo mandato de Correa el déficit se disparó.
El déficit fiscal y la deuda continuaron creciendo durante el gobierno de Lenin Moreno, ex vicepresidente de Correa. Como desde que el 9 de enero del año 2000, el entonces presidente de Ecuador, Jamil Mahuad dolarizó la economía, pasando el dólar estadounidense a ser la moneda ecuatoriana, Moreno no pudo recurrir a la devaluación y a la inflación como hacen otros gobiernos de la región como Venezuela y Argentina. Por lo tanto, cayó directamente en las manos del FMI.
Pero ya anteriormente el gobierno de Correa había capitulado al FMI, cuando tras una suspensión de relaciones en 2008, en 2014 Correa normalizó la relación y en 2016 recibió un crédito de 364 millones de dólares, dejando la puerta abierta para su intervención en el país.
La “receta” del FMI es simple: cubre las deudas a las bancas privadas con un préstamo, pero exige la reducción del gasto público a rajatabla para recuperar el dinero prestado.
Es así que el 1 de octubre Lenín Moreno anunció el Decreto 883, un paquete económico de ajustes que consistía en el fin de los subsidios a los precios del combustible, recortes en el gasto público con un plan para despidos masivos y liquidación de las condiciones laborales de los trabajadores estatales (reducción de vacaciones pagadas de 30 a 15 días al año, un descuento de un día de salario llamado cínicamente “contribución”, y la renovación de contratos temporales con una pérdida salarial del 20%), y una reforma laboral que favorece la precarización y la flexibilización de las condiciones laborales.
Como consecuencia del retiro de los subsidios, el precio de las naftas y el diésel se duplicó. Inmediatamente los transportistas (en su gran mayoría choferes que trabajan para pequeños propietarios) se lanzaron a la protesta, parando y cortando las calles del centro de Quito. Pero levantaron los bloqueos al segundo día, tras arreglar con el gobierno un aumento en el precio del pasaje.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en cambio, mantuvo el rechazo al decreto puesto que afectaba gravemente a las comunidades, altamente dependientes de las máquinas agrícolas, del transporte comunitario para el sector rural que abastece de frutas, verduras y otros productos a las grandes ciudades de Ecuador. Y a partir del día 3 de octubre las poblaciones indígenas bloquearon las carreteras interprovinciales y fueron tomando control de las provincias en Cotopaxi, Azuay, Imbabura y El Oro. Paralelamente comenzó una movilización hacia la capital Quito.
A diferencia de levantamientos populares anteriores (como los que provocaron el derrocamiento de los gobiernos de Bucarán en 1996, Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005), cuando las movilizaciones tuvieron su epicentro en la capital, Quito, mientras que, en el resto del país, eran muy débiles, el levantamiento popular actual, fue generalizado y con fuerza parecida en casi todas las provincias del país, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras simultáneos.
Ese mismo día 3 el gobierno decretó el estado de excepción. Las comunidades indígenas respondieron decretando también el estado de excepción de sus territorios, tomando el control de sus localidades, incluso arrestando a militares y policías. Igualmente, en los barrios populares de Quito se fueron organizando comités de seguridad.
A partir del día 7, empezaron a llegar a Quito unos 20 mil indígenas. Ante esta situación, Moreno trasladó el gobierno a Guayaquil, un bastión de la derecha.
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Ecuador quedó prácticamente paralizado y era evidente la existencia de un doble poder de hecho. Los manifestantes habían ocupado el edificio de la Asamblea Nacional, y la consigna que cantaban era: “El gobierno de la Asamblea de los Pueblos en Quito y el Gobierno de Lenín en Guayaquil”.
Tras 11 días de lucha, con Ecuador prácticamente paralizado y varias gobernaciones ocupadas, con Quito la capital prácticamente tomada por las manifestaciones y con un doble poder de hecho, por mediación de representantes de la ONU y la Iglesia Católica, los dirigentes de la CONAIE demostrando que no tenían la menor intención de tomar el poder accedieron a una negociación con el gobierno de Moreno.
El gobierno, aunque tuvo que retroceder con la quita del subsidio a los combustibles, con la complicidad de los dirigentes, alcanzó a dividir a los distintos sectores del pueblo que se alzaron contra el paquetazo. Negociando por separado desmovilizó a los transportistas. Luego separó a los indígenas de los obreros: el domingo 13 se reunieron con los dirigentes de la CONAIE para tratar el decreto 883 y pospusieron para el martes siguiente un “diálogo” con el movimiento sindical, una vez levantada la movilización popular masiva. Al mismo tiempo, buscó separar a los trabajadores públicos del resto del movimiento sindical, anunciando su disposición a revisar las medidas que les afectan particularmente: reducciones salariales y de vacaciones.
Tras la derrota del paquete “ajustador”, falta ahora ver cuál será la política que seguirá el debilitado gobierno de Moreno para cumplir los compromisos con el FMI y garantizar las ganancias de las patronales para las que gobierna.
Al disiparse el humo de la guerra de clases entablada en estos 11 días, quedan en evidencia varias cuestiones:
Que Correa y Moreno son dos caras de la misma moneda, así como el “neoliberalismo” de Moreno y el modelo “nacional” o la “revolución” ciudadana o capitalismo regulado de Correa.
Que la CONAIE no es una organización revolucionaria, ni apta para la lucha por el poder. Tras una primera etapa de apoyo al gobierno, la CONAIE se transformó en el eje de la lucha del campesinado indígena, durante la década que gobernó Correa. El propio Correa los llegó a definir como el principal enemigo de su inexistente “revolución”. Pero a pesar de haber protagonizado importantes movilizaciones como en agosto de 2015 –duramente reprimida por el gobierno de Correa–, la CONAIE, por ser una organización que agrupa mayoritariamente campesinos, y el partido que la dirige el Pachakutik, por su carácter de clase pequeño burgués, no tienen una estrategia de poder independiente, como ha quedado demostrado cuando el apoyo al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez se transformó en colaboración directa, ocupando varios cargos ministeriales.
La lucha de las organizaciones de los pueblos originarios y el llamado movimiento indigenista se limita a luchar por la supervivencia de la pequeña producción, en un marco en el que los grandes consorcios imperialistas avanzan sobre sus territorios, quemando selvas y bosques para establecer los agronegocios en algunos países, con la minería y el petróleo que contaminan ríos y suelos en otros, con obras de infraestructura que rompen el ecosistema primitivo para conectar puertos vitales para las ganancias del comercio mundial. En Ecuador el movimiento campesino indígena ha demostrado una gran fuerza y combatividad, así como la potencialidad de ser un gran aliado social en el cual el proletariado debe apoyarse. Sin embargo, no puede encabezar la lucha por la única salida que puede terminar con la opresión del capital, la revolución socialista. La clase obrera es la única que mira de frente al futuro de la humanidad, mientras que el campesinado tiende a desaparecer con el desarrollo de la producción agropecuaria, y se integrará voluntariamente en una sociedad sin explotación a través del respeto a su autodeterminación.
Que los partidos y organizaciones que levantaron la consigna de Asamblea Constituyente para Ecuador, como la FT (corriente internacional del PTS) o el PO, una vez más demuestran su carácter pequeñoburgués. El 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de “democracia”. En este período se han desarrollado 11 procesos electorales, y se han aprobado tres constituciones –1978, 1998 y 2008– de las 20 que se redactaron desde 1830 a la fecha. No era una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución la que iba a provocar un cambio revolucionario en Ecuador, sino la conquista del poder por parte de los obreros, los campesinos indígenas y el pueblo pobre ecuatoriano, reunido en una “Asamblea de los trabajadores y los pueblos”, si hubiera habido una dirección marxista revolucionaria que la impulsara. Lo que hace falta en Ecuador es una revolución socialista, no una “democratización” del decadente régimen burgués.