Ante el levantamiento popular en Chile: ¡Abajo Piñera! ¡Por un gobierno de los trabajadores que termine con la explotación capitalista!

La chispa que encendió la pradera

El pasado 6 de octubre, el gobierno chileno aprobó un aumento del 3,75% (de 800 a 830 pesos o el equivalente a 1,7 dólares) al precio del metro (subterráneo). Este transporte es utilizado diariamente por unos 3 millones de personas, especialmente por jóvenes estudiantes de escuelas secundarias y establecimientos universitarios. Fue desde este sector que se agitó vía redes sociales el hashtag #evasión masiva, llamando al conjunto del pueblo chileno a desobedecer el pago de la tarifa. Este fenómeno de resistencia popular que encabezó la juventud, mostró un salto en calidad a partir del lunes 14, cuando el saboteo al pago del pasaje fue masivamente apoyado en las estaciones de subte de todo el país. 

El gobierno de la gran burguesía y proimperialista que encabeza Sebastián Piñera, no dudó un segundo en militarizar las estaciones de subte para apagar el foco de resistencia. Lejos de doblegar la voluntad de los jóvenes chilenos por la represión, el repudio que causaron las imágenes de los “pacos” golpeando a adolescentes de apenas 13, 14 o 15 años, generaron que la bronca se extendiera a trabajadores, jubilados y sectores de la clase media plebeya, dando inicio a una revuelta popular que continúa hasta hoy.

El país modelo… de la gran burguesía y el imperialismo

Como expresamos más arriba, el aumento de subte aprobado fue sólo la chispa que encendió la rebelión popular. Chile, país que es ensalzado no sólo por toda la derecha, sino también por sectores del progresismo, esconde niveles inmensos de desigualdad social. El gobierno de Piñera lleva adelante su ataque a los trabajadores y al pueblo pobre con la misma política que el capital financiero impone una mayor explotación de la clase trabajadora y los pueblos en todo el mundo. 

El salario mínimo es de apenas 300.000 pesos (413 dólares), y la mitad de los trabajadores reciben un sueldo igual o inferior a los 400.000 pesos mensuales (562 dólares), por debajo de la línea de pobreza, ya que, según el propio estado chileno, para un hogar promedio de cuatro personas esta es de 435.000 pesos (600 dólares). Estos magros salarios, chocan con uno de los trasportes públicos más caros a nivel mundial, golpeando a las familias obreras que gastan hasta un 30% de su sueldo ¡¡¡PARA IR TRABAJAR!!!

Los jubilados acarrean con la misma desgracia.  El sistema de pensiones jubila a la masa de trabajadores con rentas inferiores al salario mínimo, con sistemas de salud mayoritariamente privatizados y remedios impagables. Lo mismo ocurre con los jóvenes, quienes hace una década luchan contra un sistema educativo heredado de la dictadura de Pinochet, que ni el PS y el PC, con Bachelet presidente, modificó estructuralmente. Las expectativas de que un joven de familia obrera llegue a estudiar en un nivel terciario son bajísimas. Lo mismo sucede con la posibilidad de acceder a una vivienda, sector manejado por pulpos inmobiliarios que le niegan este derecho básico a los verdaderos productores de riqueza, las familias trabajadoras. 

Todos estos niveles de pauperización se contraponen con uno de los ingresos per cápita más alto de América Latina (200.000 dólares), ya que es uno de los países más ricos de la región por su producción minera.  Pero esa riqueza está concentrada en unas cuantas familias burguesas mientras la mayoría del pueblo trabajador vive sometido a una brutal explotación y en la miseria. 

La dictadura del capital se quita la careta democrática

El viernes 18, el Estado chileno utilizó en Santiago casi el 90% de la dotación de Carabineros para reprimir y contener a los manifestantes. La tensión y los enfrentamientos, obligaron a los trabajadores del Metro a convocar un paro de urgencia. En horas de la tarde el servicio de transporte estaba completamente paralizado. Las calles se convirtieron en verdaderos escenarios de lucha, bloqueos, piquetes y barricadas que se extendieron a lo largo de todo el país.  

El viernes por la tarde, el Ministro del Interior anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. El Estado de Excepción, a pesar de que recrudeció la violencia policial y militar dejando centenares de presos y heridos, no doblegó la rebelión popular. Para justificar la represión (que hasta ayer llevaba según versión oficial 18 muertos, pero que, según otras fuentes, más confiables, serían 45 los asesinados por las fuerzas de represión) el gobierno lanzó una campaña reaccionaria, impulsada por los grandes medios de comunicación, alrededor de los saqueos e incendios de supermercados, farmacias, el diario pinochetista El Mercurio, etc., todos símbolos que concentran el odio de la juventud trabajadora.

Pacto social y migajas, es la política del gobierno para disolver la revuelta

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Con el objetivo de calmar la revuelta, el sábado por la mañana, Piñera suspendió (no derogó), el aumento del subte y llamó a un gran pacto social con los partidos de la oposición. Tras el llamado, que tuvo la aprobación de la Democracia Cristiana y los demás partidos patronales del régimen, Piñera afirmó que en Chile había un “estado de guerra” en la conferencia de prensa del domingo por la noche rodeado de las “fuerzas del orden”. 

El pueblo movilizado tiene como principal foco de la bronca al gobierno de Piñera, pero los partidos de la oposición que intentan desviar y contener el conflicto por la vía institucional y parlamentaria tampoco se salvan del balance popular de los últimos 40 años. 

Para empalmar con los reclamos populares, como forma de incidir en los acontecimientos para poder desactivar la movilización, los parlamentarios del PS, el PC, el Frente Amplio y los demás reformistas de todos los tonos “denunciaban” la crudeza del “neoliberalismo”, proponiendo aumentos de emergencia, una nueva ley de pensiones y la reducción de la jornada laboral. Algunos ya anunciaron su disposición al diálogo y su apoyo al pacto social. Otros, condicionan su participación al levantamiento del Estado de Excepción. Pero el gobierno y los partidos que vienen sosteniendo al régimen burgués ya están preparando su trampa. El pacto social es la maniobra típica de cambiar algo para que nada cambie. 

Los jóvenes estudiantes, trabajadores, el pueblo empobrecido, ha demostrado en las calles una enorme fuerza y valor para enfrentar la represión del aparato militar del estado.  Hoy, los destacamentos más influyentes de la clase obrera organizada en sindicatos se suman a la lucha, con paros de 24 y 48 horas: La CUT (central única de Trabajadores), los mineros, los portuarios, paralizarán los sectores claves de la economía chilena. A su vez, algunos sindicatos de base reclamaron una huelga general.

Sin embargo, los dirigentes de algunas organizaciones, burócratas reformistas, se incorporan a la lucha como forma de acceder a una silla en mesa del dialogo convocado por el gobierno. En lugar de tener una política para desarrollar la movilización y voltear al gobierno hambreador y represor, se postulan como los bomberos al servicio de la burguesía para apagar las llamas de la lucha. Levantan como consigna máxima, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, al igual que algunos grupos del centrismo trotskista. Una Asamblea Constituyente ¿convocada por quién? ¿Por Piñera? Y si la burguesía, apretada por la movilización, resignara a Piñera pidiéndole la renuncia, y convocara a la Constituyente ¿sería realmente una vía para resolver las demandas de los trabajadores y el pueblo? En el marco de un régimen social controlado por la burguesía, la mayoría de los congresales constituyentes serían los representantes de las mismas fuerzas políticas que son rechazadas por los manifestantes. La nueva Constitución que surgiera no sería otra cosa que una reforma cosmética del régimen político, y algunas promesas de derechos impresos en el papel, que, en el marco de un sistema capitalista-imperialista en decadencia que anuncia nuevas y más duras recesiones económicas, mientras las grandes potencias desarrollan su armamento nuclear y se preparan para una nueva guerra mundial, difícilmente se podrán hacer realidad. Mientras el poder material, es decir, el control de la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, esté en manos de la burguesía y siga intacto su aparato represivo militar, no hay artículo constitucional favorable al pueblo que valga.

La Asamblea Constituyente es el plan C del régimen burgués. Su plan A fue el Estado de Excepción y la represión a mansalva. El plan B es el pacto social y algunas concesiones. Si nada de esto resulta, quizás la Asamblea Constituyente sea la que pueda salvar al régimen burgués de la Revolución Socialista, como en Bolivia le sirvió a Evo Morales para desmovilizar al pueblo y llevarlo a la vía muerta de la institucionalidad burguesa, que ahora parece haber entrado también en cortocircuito, y tras el maquillaje popular aparece el rostro de la dictadura de un sector de los capitalistas que luchan por mantenerse en el poder. 

Los jóvenes estudiantes y trabajadores, los trabajadores sindicalizados, los sectores populares hundidos en las deudas y la miseria, “despertaron”, están movilizados. Tanto sacrificio en vidas y tanto esfuerzo no será para obtener migajas. Quieren que se termine con la explotación y la opresión de la gran burguesía que trata a su propio pueblo con desprecio y como “alienígenas”. Fuerza hay mucha en la caldera social, que se expresa todos los días en las estructuras laborales y en las calles. Pero hace falta una organización, un programa y un objetivo claro para que este levantamiento insurreccional pueda triunfar. 

*Una organización que sea verdaderamente democrática representativa de las bases trabajadoras y de la juventud que participan en las luchas. Un plenario de delegados de base elegidos en asambleas en las fábricas, los puertos, las minas, los hospitales, las escuelas, en los barrios proletarios. Plenarios de delegados regionales que confluyan en un plenario nacional.

*La organización de piquetes de autodefensa para enfrentar y derrotar la represión.   

*Organización de la huelga general y la lucha para instaurar un gobierno de la clase trabajadora que termine con la explotación capitalista, designado por ese plenario de delegados de base, y responsable ante él.

Y en el fragor de esta dura batalla es indispensable forjar la dirección, un partido obrero revolucionario que se coloque a la cabeza de este levantamiento insurreccional, sin vacilaciones, hasta el triunfo de la clase obrera y sectores populares, que hoy se expresa en las calles y plazas de Chile.

Partido de la Causa Obrera (Argentina) 23/10/19

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