Finalmente, la cámara de Diputados aprobó de forma definitiva la modificación a la Ley de Glaciares, la cual permite a los gobiernos provinciales que definan directamente que hacer con los recursos hídricos derivados de los ambientes glaciares y periglaciares, habilitando el avance de proyectos megamineros en zonas que deberían ser protegidas. La votación tuvo 137 votos a favor: La Libertad Avanza aportó 94 votos propios, mientras que los 43 restantes provinieron de distintos aliados que garantizaron la aprobación, entre ellos 6 votos de la UCR y 8 de Unión por Patria, incluyendo los de San Juan y los de Catamarca que rompieron el bloque recientemente.
La reforma de la Ley de Glaciares no puede entenderse como un simple debate ambiental. Lo que está en juego es la profundización de un modelo económico basado en la exportación de recursos naturales, altamente dependiente del capital imperialista y cada vez más subordinado a las demandas del mercado global.
La ley, sancionada en 2010, establece la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua. Su sanción fue resultado de la movilización y la presión sostenida de organizaciones socioambientales, asambleas territoriales y sectores populares, después de que -para favorecer las inversiones de la Barrick Gold- el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner vetara una ley aprobada en 2008. Es decir, la ley vigente es una conquista parcial arrancada por medio de la lucha. Este dato no es menor, porque permite entender que lo que hoy se discute, su modificación, también forma parte de esa disputa contra un plan de la burguesía y el imperialismo, del cual, el Kirchnerismo, también fue responsable.
El concepto de ambiente periglacial, eje central de la ley, no se refiere solo a glaciares visibles, sino a ecosistemas de alta montaña que regulan el ciclo hídrico en regiones enteras. Limitar su protección implica, en los hechos, habilitar el avance de la minería en zonas hasta ahora vedadas. En provincias como San Juan y Catamarca, los principales proyectos mineros (Veladero, Pascua-Lama, MARA, El Pachón) se superponen con áreas glaciares o periglaciares. La ley ha venido funcionando como una barrera concreta frente a la expansión de la minería a gran escala, especialmente en alta cordillera.
En la mina Veladero, operada por Barrick Gold, se produjeron múltiples derrames de cianuro entre 2015 y 2017, afectando cursos de agua en San Juan. En Andalgalá, Catamarca, la resistencia al proyecto Agua Rica (hoy integrado en MARA) derivó en años de movilización social, represión y judicialización de la protesta. Estos casos muestran que la discusión no gira solo en torno a potenciales riesgos, sino a antecedentes concretos de daño ambiental y conflicto social.
En este contexto, la modificación de la Ley de Glaciares no es casual. La minería argentina está en manos de grandes corporaciones de capitalistas extranjeros que vienen a saquear recursos bajo sus propias reglas, con el apoyo de socios menores nacionales. Empresas como Barrick Gold, Glencore o Newmont no responden a ningún otro interés que el de sus ganancias. La flexibilización de la ley es una exigencia de estos capitalistas para avanzar sobre territorios en donde hoy todavía encuentran límites.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno, está diseñado en función de esta orientación. Al ofrecer beneficios fiscales, estabilidad normativa y garantías extraordinarias a grandes proyectos, el RIGI consolida un esquema donde el capital imperialista se vuelve prioritario frente a consideraciones ambientales o de desarrollo interno, para satisfacer la demanda del mercado mundial y promover los sectores productivos que presentan una ventaja comparativa.
Este patrón no es nuevo. Tiene antecedentes claros en la reconfiguración económica iniciada durante la última dictadura militar (1976–1983), cuando se liquidó buena parte de las bases de la industria a través de la apertura del mercado interna.
Otro tanto ocurrió durante el gobierno peronista de Menem, dejando como consecuencia un tendal de trabajadores desocupados.
La actual expansión de la minería a gran escala es la continuidad de ese proceso. El plan del gobierno, que tiene como objetivo cambiar la matriz productiva argentina, tiene el aval del conjunto de la gran burguesía y el capital imperialista.
La creciente demanda de minerales estratégicos, como el cobre y el litio, está directamente vinculada a la transición energética y a la competencia entre EE-UU y China. En un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, que no son más que la antesala de una nueva Guerra Mundial imperialista a corto plazo, el gobierno de Milei alineado fervientemente con EE-UU, pone el control de estos recursos a su disposición. Por su parte, en un giro de 180 grados, el último gobierno kirchnerista pasó de buscar acuerdos con Irán -en línea con la orientación acuerdista de Obama-, a ser Israel el primer país visitado por el presidente Alberto Fernández, mientras que el representante político de CFK, Wado de Pedro gestionó en Israel los acuerdos de gobiernos provinciales con la empresa Mekorot para el control del agua.
El avance del capital imperialista en la minería no es solo una perspectiva futura, sino un proceso en curso. En distintas provincias ya se han implementado mecanismos para debilitar la normativa vigente. En Mendoza, por ejemplo, se ha avanzado en la aprobación de proyectos mineros mediante declaraciones de impacto ambiental favorables.
Además, proyectos como Josemaría, en San Juan, se han desarrollado en zonas con presencia de ambientes glaciares (con el apoyo explícito del entonces presidente, Alberto Fernández), forzando abiertamente los límites de la ley. Esto muestra que la reforma no parte de cero, sino que busca legalizar y generalizar prácticas que ya se vienen aplicando de hecho.
Y entonces ¿cómo enfrentar este avance?
Ante la supuesta inconstitucionalidad de la nueva ley, algunas organizaciones ambientalistas, de carácter pequeño burgués reformista, como Greenpeace, FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, están impulsando una campaña de firmas, a través de las redes sociales, para realizar una demanda judicial. Pero, así como las movilizaciones que buscaban presionar a los legisladores no alcanzaron para frenar esta nueva ley, menos lo va a lograr una demanda judicial.
Es una pelea contra el imperialismo y sus socios locales, entonces la lucha tiene que ser en otro plano. Las movilizaciones masivas en defensa del agua y en contra del avance minero, ocurridas en Mendoza, Chubut y Jujuy, han sido muy importantes. La juventud es la vanguardia; es también reivindicable, el proceso asambleario que toma las decisiones, pero hay que orientar esa energía hacia el movimiento obrero, son los trabajadores los que tienen que tomar la lucha en sus manos.
A nosotros nos parece que las asambleas deben dirigir su impulso a explicar pacientemente a la clase trabajadora las consecuencias de una ley de este tipo, ir forjando la unidad entre las asambleas ambientales y la clase trabajadora por la base, y de esta manera, ir preparando las condiciones para una gran huelga general hasta que caiga no solo esta ley, sino todo el plan antiobrero de Milei y el gran capital. Para eso no se puede confiar en la burocracia de la CGT y de ambas CTA, que no han hecho nada en concreto, ni para rechazar esta ley ni ninguna que impulsó el gobierno, la más clara fue como dejaron pasar así nomás, la reforma laboral.
Nosotros no nos oponemos a la producción minera, ni a la producción de commodities en general, sino a la depredación de los recursos naturales y el medio ambiente en beneficio de los capitalistas. La explotación minera, así como la petrolera y la agrícola ganadera debe hacerse teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Pero esto sólo le interesa a los trabajadores y al pueblo. El cuidado del ambiente va de la mano con una planificación democrática del conjunto de la economía. Pero este es un plan que no lo puede hacer un Estado que guarda y defiende la propiedad privada de los medios de producción, como el que reivindica, no solo Milei sino la propia Cristina Kirchner. Solamente un gobierno de los trabajadores que expropie al gran capital nacional e imperialista puede planificar la economía de conjunto, invirtiendo los recursos que provengan de las exportaciones en un desarrollo industrial que permita la plena ocupación y un salario cuyo piso cubra la canasta familiar.
EG y ML, 13/4/26