En 2020 se registraron 212 homicidios (en el 78%, los agresores usaron armas de fuego). Un trabajo del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe precisó que, del total de asesinatos ocurridos en Rosario, el 47,2% estuvo motivado en conflictos de la «economía ilegal y organizaciones criminales» relacionadas a disputas por el narcotráfico. En Rosario, durante el primer semestre de 2021 los homicidios aumentaron un 20%; hasta junio ya se registraban 115 asesinatos, 20 más que en igual período de 2020. Llegando a casos record de asesinatos por día en el mes de septiembre.
A los crímenes se les deben sumar los ataques a tiros a frentes de viviendas. Son tan comunes que en 2020 se creó una «Unidad Fiscal de Balaceras». Uno de los casos que más resonó fue el de Luisina, nena de 13 años asesinada luego de recibir en el pecho una bala en la zona oeste de Rosario, quien estaba con sus familiares en la planta baja de su casa. Su domicilio y el de al lado fueron rociados a balazos por dos personas que se bajaron de un Fiat Palio.
En el lugar fueron encontradas 40 vainas servidas de tres calibres distintos. La casa de Luisina estaba ubicada a escasos metros de tres puntos de venta de droga de barrio Godoy. En los barrios estas balaceras son cada vez más comunes. Se trata de sicarios que se venden por unos pocos miles de pesos, en la mayoría de los casos para realizar ajustes del narcomenudeo, “trabajo” que años atrás realizaban exclusivamente ex agentes de la bonaerense por mucho más dinero.
Otro tipo de balaceras se relacionan muchas veces, a una serie de maniobras extorsivas que las grandes bandas del narcotráfico realizan sobre locales y negocios para obligarlas a pagar un aporte por «seguridad”. El atentado al City Center, por ejemplo, dio con la punta del ovillo de una profunda trama criminal en la que se vinculaban altísimos funcionarios judiciales y un sector de la política santafesina. La investigación expuso al senador provincial Armando Traferri (PJ) como uno de los organizadores de la red de juego ilegal relacionada con Los Monos.
No se trata de casos aislados sino de una marca registrada del modus operandi de bandas narcos que, aún con sus principales jefes presos, conserva capacidad de operación para mantener el negocio del narcomenudeo, las extorsiones y el amedrentamiento a través de las balas. Es una trama que tiene, como contrapartida la sangre joven derramada en los barrios de las principales calles de las ciudades santafesinas.
Los asesinatos, pueden tener lugar en cualquier barrio y a cualquier hora. Las zonas donde más se acentúa la violencia es el sector sur, en los barrios Las Flores y Tablada; en el distrito oeste, principalmente en barrios como Triángulo y Godoy; y en el noroeste, mayormente en Ludueña o Empalme Graneros.
El poder concentrado en cuatro bandas narcos
En Rosario existen al menos cuatro grandes organizaciones. La primera es la más conocida: Los Monos, cuyo líder es Ariel «Guille» Cantero, quien suma condenas por más de 60 años y está preso. La segunda, en orden de estructura, también es liderada por un preso, Esteban Alvarado. En el tercer puesto se encuentra una banda ligada a los miembros de la cúpula de la barra brava de Rosario Central. La última es la de los Úngaro-Funes. Las cuatro «controlan» sus zonas. Hoy no venden drogas, pero le cobran a todo el que quiera vender en su zona.
Dentro del mundo narco rosarino, existen varios eslabones que garantizan el circuito, está el «exportador» que es el que saca, por intermedio de los puertos de la ciudad, cientos o miles de kilos de cocaína, con destinos como Estados Unidos y Europa. El «importador» es el que tiene los contactos con los productores bolivianos y paraguayos, que solo aceptan clientes mayoristas (3 mil kilos en adelante). Ellos mismos se encargan del cruce de fronteras y del traslado hasta Rosario. Con la droga en la ciudad, el circuito continúa con la misma impunidad que entre fronteras: el mayorista recibe los pedidos de los distribuidores, les vende, y luego es imposible saber por cuántas manos pasa hasta llegar al minorista, al que en la jerga se lo denomina «transa», y que le vende directamente al consumidor.
Las balaceras en los barrios no serían directamente entre estas grandes bandas sino entre jóvenes que no pertenecen a ninguna banda, pero venden a nombre de éstas intentando obtener reconocimiento y pertenecer. «Todo el mundo dice ser de Los Monos. Pero son pibes que no pueden salir de la marginalidad. Que metiéndose en eso pueden tener una motito, o ven una posibilidad de ascenso social», explica Valeria Haurigot, fiscal de la Unidad Balaceras.
Saín tiene razón al decir que “En los barrios, el crimen está gerenciado por pibes y pibas que antes eran soldaditos porque los grandes manager de esos grupos están en cana» y que la policía «no manda» sino que actúa como empleada del narcotráfico. Pero lo que no dice es que este crimen desorganizado que está dejando cientos de muertos inocentes, es producto de una descomposición social que se profundiza con la decadencia y la crisis económica capitalista. Y que éste es un negocio que involucra no sólo a estos “empresarios” del narcotráfico, sino que es un entramado que involucra también a funcionarios públicos. Un turbio entramado que no sólo asesina pibes en los barrios populares, cada vez a menor edad por el consumo, sino también a trabajadores y vecinos que quedan en medio de las balaceras o enfrentamientos.
Ante esto Perotti pide la acción de las Federal en la provincia.
A fines de septiembre Perotti pidió más fuerzas federales tras la reunión con Aníbal Fernández, nuevo ministro de seguridad del Frente de Todos y quien posee un largo historial de represión y criminalización de la protesta obrera y popular (es quien dirigió y ejecutó órdenes durante la masacre del Puente Pueyrredón, la desaparición de Julio López o el crimen de Mariano Ferreyra).
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El problema para los gobiernos burgueses es la corrupción que existe dentro de la policía local, entonces nos dicen necesitamos meter a la Federal en los barrios para solucionar lo de de las balaceras y mantener ordenado el circuito del narcotráfico (si hay muertes que no se vean hasta después de las elecciones) intervenir algunos búnkers, desbaratar algunos pocos locales con armas ilegales y allanar otros para incautar kilos de sustancias (haciendo mucha, mucha propaganda acerca de lo efectiva que es la Federal en los medios de comunicación masiva).
Lo real es que no interesa qué fuerza de seguridad intervenga en los barrios; ya sea la gendarmería quien es la principal responsable de la entrada de todos tipos de mercancías de contrabando por la frontera, (principalmente cocaína y marihuana de Bolivia y Paraguay, pero también mujeres víctimas de la trata de personas) o la Prefectura que es la responsable de que salga por los puertos de Rosario el 80% de la cocaína que entra en Europa (Rosario-Cádiz), o en este caso la policía federal, la cual también mantiene estrechos lazos con el narcotráfico.
El problema no es que existe una policía corrupta y “mala” y otra “buena” y por eso es necesario militarizar con la federal a los barrios. Para los trabajadores y la juventud en los barrios populares nunca es bueno que haya más móviles custodiando, ni la saturación de policías porque realmente no están para cuidarnos. Todas las fuerzas de seguridad forman parte del aparato represivo del Estado, como tales no tiene para nosotros más que represión y persecución apenas intentemos levantar la cabeza para reclamar por nuestros derechos a estos gobiernos que las manejan.
Los gobiernos nacionales y provinciales le han dado piedra libre a la policía y fuerzas de seguridad durante toda la pandemia, por eso hemos visto la cantidad de casos de represión en diferentes lugares del país. Es que mandan a las FF SS para que actúen de manera preventiva, intentando contener cualquier atisbo de movilización o de bronca en los barrios populares y en las manifestaciones de trabajadores. Existen ejemplos de todos los colores políticos, como la represión por desalojos de la bonaerense (Berni-Kcilof) o en la huelga de Penta, la de Capitanich en Chaco a la comunidad Qom, los asesinatos a trabajadores como el caso de Espinoza en Tucumán a manos de la policía de Manzur y un largo etc. de casos conocidos y muchísimos que no salen en los medios de comunicación porque a ningún gobierno le conviene.
El narcotráfico, con todos sus desencadenantes, se ha metido en los pliegues del Estado (nacional y provincial) con complicidades en ejecutivos que accionan a su servicio, con legislativos que no denuncian y con tribunales que penalizan al último eslabón.
Lo real es que a medida que la crisis económica y con ella la descomposición social avancen; también lo harán la miseria, la exclusión y la violencia generalizada, porque son producto exclusivo del capitalismo. Entonces debemos organizarnos no sólo para defendernos como clase, de manera independiente de los gobiernos patronales y sus fuerzas, sino también para atacar las causas que generan esta descomposición social.
El capitalismo creó lo que Marx llamó el “ejército industrial de reserva”, es decir, obreros que eran mantenidos desempleados por la expansión de la maquinaria que desplazaba al trabajo humano, y que además mantenían a raya los salarios porque, al decir de cualquier patrón “si no trabajas por ese precio hay miles de personas que sí lo harán”. Pero hoy existe una inmensa masa de desocupados que ya no sirven a los capitalistas ni siquiera cuando hay expansión de la economía. Es una masa que está marginada, desclasada.
En el país millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Bajo la pandemia, muchos han abandonado los estudios para hacer changas, que les permiten hacer unos pesos, pero cuando viene el ajuste económico quedan sin ingreso. El consumo de sustancias entre los jóvenes ha venido creciendo de la mano de la falta de empleo y de futuro.
En paralelo al desarrollo de este negocio cientos de pibes son asesinados en las barriadas. Luchar contra el narcotráfico es luchar, por ende, contra el capitalismo. Y, para ello, más que gendarmes, soldados o armas, hace falta pelear por un gobierno de trabajadores, que organice la economía, que la planifique, pero no al servicio de las ganancias de los “empresarios” de la droga como hacen los gobiernos patronales. Un gobierno de trabajadores, a través de una revolución socialista para terminar con la descomposición social, para que cada pibe pueda darle sentido existencial a su vida a través del trabajo, también en cada escuela, en cada barrio, en cada club, en cada plaza. Porque el que vive sin sentido, mata o es matado sin sentido.
Los trabajadores debemos defendernos de los elementos lúmpenes y marginales que atentan contra la integridad de nuestros compañeros y familias. En varios barrios los vecinos se organizan en comisiones para la autodefensa, como el caso de barrio Rucci, contra la inseguridad que viven. La autodefensa debe servirnos para garantizar cuestiones mínimas de seguridad entre los trabajadores, siempre siendo conscientes que el problema de la seguridad en los barrios y la defensa de los obreros y el pueblo pobre está indisolublemente ligado a la transformación socialista de la sociedad.
Elsa Campilongo 11/10/2021