Alberto, Cristina y los gobernadores siguen sacrificando al pueblo trabajador en defensa de las ganancias capitalistas

Con el colapso del sistema sanitario a tiro de días, Alberto Fernández salió a anunciar nuevas medidas. Tras jugar al gran bonete con los gobernadores y Larreta durante más de una semana para ver quién paga el costo político, el presidente no tuvo más opción que “hacer algo”, anunciar medidas completamente insuficientes pero que lo muestren con la iniciativa ante la aceleración del ritmo de contagios. 

Pero el discurso sobre el que se sostienen estas limitadas medidas sigue siendo el mismo.  Con el cinismo propio de los políticos patronales, de ambos lados de la grieta, se carga la responsabilidad del desastre generado por los capitalistas y sus lacayos políticos, sobre los hombros de la población. Llegan al descaro de declarar que los contagios no se producen en los lugares de trabajo ¡¡MISERABLES MENTIROSOS!! Hablan de las fiestas clandestinas y no dicen una palabra del hacinamiento diario en el transporte público, ni de las grandes fábricas donde se cierran turnos enteros por contagios masivos. Unas horas antes de anunciar la suspensión de las clases presenciales por dos semanas, el gobierno seguía diciendo que las escuelas no eran focos de contagio. En lo hechos, están siguiendo el consejo de Macri: “que mueran los que tengan que morir” pero las ganancias capitalistas no se tocan. 

No hay que engañarse. Esto no es producto de la impericia o desorientación gubernamental. Lo que determina la política sanitaria de Alberto Fernández y los gobernadores, incluido Larreta, es el interés de una clase social, los capitalistas, por sobre la vida y la salud de toda la población. Para defender las ganancias de una minoría parasitaria se expone a la mayoría trabajadora de la sociedad. Para cuidarle el trasero a los grandes monopolios industriales y comerciales se expone a los trabajadores al contagio masivo. Para pagar la deuda externa a los grandes banqueros y el FMI, se ajusta en “gasto social”, obligando a la población más pobre a salir a contagiarse o morirse de hambre.

Es mentira que el pueblo trabajador no puede soportar una cuarentena real. Lo que no podemos seguir soportando los trabajadores y el pueblo es que nos sacrifiquen en el altar de la ganancia capitalista. Hay recursos para garantizar una cuarentena, pero hay que sacárselos a los grandes empresarios, nacionales y extranjeros. Lo que no se puede seguir soportando es que los ricos sigan dándose la buena vida a costa de la muerte de decenas de miles de personas. 

El despliegue del Ejército con la excusa de colaborar en tareas sanitarias esconde el miedo, la prevención, del gobierno y los capitalistas de que la miseria creciente detone la movilización obrera y popular. La cuarentena de 2020, con la muerte de Facundo Castro en la Provincia de Buenos Aires y de Luis Espinoza en Tucumán, ya mostró con claridad las consecuencias de la “vía libre” a las fuerzas represivas. Las fuerzas armadas y policiales están para cuidar a los ricos, a los dueños del capital, a los pocos miles de ricos que se niegan siquiera a pagar el ridículo “aporte solidario en cuotas” que votaron en el Congreso. 

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Si los terratenientes y capitalistas del negocio agro-exportador siguen embolsando miles de millones de dólares mientras el pueblo trabajador se debate entre el hambre y la muerte, hay que expropiar la tierra y las empresas del complejo cerealero y aceitero. Ahí sobran recursos para garantizarle la cuarentena a las familias que sufren la desocupación y el trabajo informal, con un ingreso de emergencia igual al costo de la canasta familiar. Mientras que las patronales de las actividades no esenciales deben licenciar sin pérdida salarial a sus trabajadores, las actividades esenciales deben funcionar bajo estrictas normas de seguridad sanitaria, controladas por organizaciones  clasistas de los trabajadores del sector, discutidas en asambleas de base. Si en Garín, Provincia de Bs As, se fabrican vacunas, pero por interés de la multinacional británica AstraZeneca y sus socios (el mexicano Slim y el argentino Sigman), terminan en EEUU, entonces hay que expropiar la empresa y todo el monopolio farmacéutico para ponerlo a producir y envasar las vacunas bajo control obrero.

Todos los recursos económicos, las ganancias y la propiedad capitalistas, que son el fruto del trabajo obrero y no del capitalista, deben ser expropiados y puestos al servicio de enfrentar la pandemia por medio de una planificación centralizada y controlada por la clase trabajadora y el pueblo pobre organizados democráticamente. Por supuesto que allí no tendrán cabida los burócratas sindicales de la CGT y la CTA, que están con el gobierno y son cómplices de su política patronal.

Este no es un conjunto de “propuestas” para presentarle al gobierno ni a los políticos patronales del Congreso Nacional, como hace el Frente de Izquierda. Es un programa para poner a discusión con los trabajadores y para impulsar la lucha por defender nuestras vidas. Es un programa que, en su conjunto, sólo lo puede poner en acción un Gobierno de los Trabajadores, surgido del enfrentamiento victorioso de las organizaciones obreras y populares contra las fuerzas represivas del Estado capitalista y sus bandas armadas.

17-04

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