Uno de los principales efectos de la crisis, profundizada por la Pandemia, es la gran descomposición social. En Argentina según varios informes se calcula que casi el 60% de los niños va a estar por debajo de la línea de pobreza a fin de año. Por otro lado, el desempleo subió a 10,4% en el primer trimestre de 2020, siendo que antes de la cuarentena ya había más de dos millones de personas sin trabajo, es la peor cifra desde comienzos de 2006. Otros medios plantean que ya son 28 meses consecutivos de caída del empleo registrado. (Infobae)
El desempleo afecta más a los jóvenes argentinos que a los adultos. Según datos del INDEC, casi dos de diez jóvenes están desempleados (19,3%). Es decir: la tasa de desempleo en los jóvenes más que duplica a la de la población adulta en general, con esos datos, Argentina es uno de los países con mayor desempleo juvenil de la región.
Otro de los problemas es la falta de una vivienda digna, según el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales -Horacio Verbitsky-) 1 de cada 3 familias en Argentina tiene problemas habitacionales, con la cuarentena y el confinamiento han multiplicado las tomas de terrenos, producto del hacinamiento en los hogares más humildes, sin embargo eso no le impide al gobierno decir a través de Massa y de Berni (y Alberto Fernández a través de su ministra Frederic) que hay desalojar todas las tomas. Resolver el problema habitacional no, reprimir sí, menos mal que eran un gobierno nacional y popular.
O sea que la situación social empieza a crujir por todos lados, mientras no haya un ascenso en las luchas, este caldo de cultivo va a seguir originando un aumento de los casos de inseguridad que sufrimos principalmente los trabajadores.
El aumento del delito
El mismo Fernández se vio obligado a reconocer en un programa de TV que los primeros dos meses de la pandemia demostraron una caída en los delitos, pero que esa tendencia se revirtió y hoy los indicadores muestran un aumento creciente. De lo que no dijo ni media palabra Fernández es que eso no sucedió con los delitos de violencia de género los cuales sí han aumentado, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo (se calcula entre un 15% y un 20% más). Otro tipo de delito que también ha aumentado es el cibernético, y específicamente el grooming (abuso sexual por Internet) cuyos principales damnificados son los niños y niñas.
Según lo que plantean algunos especialistas como Marcelo Bergman (director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero) las “crisis generalmente disparan un rápido crecimiento del delito que luego es muy difícil revertir, si las crisis son prolongadas la proclividad hacia los ilícitos aumenta, y la reversión posterior se reduce”.
El aumento del delito tiene una curva que corre en paralelo con la crisis económica. El año 2002 es el que registra las tasas más altas de homicidios. “Luego de una pronunciada suba, las tasas comienzan a disminuir a partir de 2003. Mientras que entre 1993 y 1998 la tasa promedio de hechos delictuosos fue de 2147 por cada 100,000 habitantes, diez años después, o sea entre 2003 y 2008 el promedio anual había crecido a 3212, un aumento del 49% a pesar de que hubo una disminución de la tasa de desempleo la pobreza estructural en Argentina prácticamente se mantuvo inamovible en 25%”. Es decir, aunque el pico de la curva de delitos se produce en 2002, la inseguridad nunca regresa a los niveles pre-crisis.
Ante eso, los defensores del aparato represivo repiten por TV, sin cansarse, que el problema del delito es la falta de equipamiento de las fuerzas de represión. Sin embargo no hay nada más alejado de la realidad. Los diferentes gobiernos burgueses de los últimos 20 años, han invertido en equipar todo el aparato represivo más que nunca, sin embargo el crimen y el delito en términos absolutos no ha disminuido, todo lo contrario. “En los últimos 18 años, la Argentina ha hecho inversiones considerables para atender el reclamo ciudadano por la inseguridad. El número de agentes policiales más que se duplicó.”.
Una nota de Página 12 del 2012, planteaba que “nunca en la historia argentina hubo más efectivos en las fuerzas de seguridad que en la actualidad, nunca hubo tantos patrulleros ni tantas cámaras ni tecnología ni estructura de comunicaciones dedicados a combatir el delito.” Y esto sin tener en cuenta que durante la gestión de Bullrich, se triplicó la cantidad de presupuesto en materia de equipamientos para las Fuerzas de Seguridad. Y como si fuera poco, en estos días, el mismo gobierno de Fernández, a través de la “progre” ministra de Seguridad Sabina Fredreric, planea seguir aumentando las partidas presupuestarias a través del denominado plan Centinela.
Es decir, que se han endurecido penas, se ha invertido en tecnología, se ha incorporado y “capacitado” personal, “y a pesar de esta gran inversión en recursos no hemos observado un cambio significativo, ni una reducción importante de los delitos”. En síntesis las crisis van generando crecimientos importantes en la tasa delictiva y cuando son permanentes no se vuelve a los niveles de antes. “Es un efecto escalera: sube y se nivela, sube y se nivela, pero no baja.” Encima como si esto fuera poco, el número de personas privadas de su libertad aumentó de 25,000 en 1996 a más de 100,000 en 2019 pero la cárcel no resocializa ni rehabilita. Todo lo contrario.
Por eso ya no hay dudas de que la situación social se está desmadrando. La misma burocracia sindical, ya sea la CGT como ambas CTA, y la de los Movimientos Sociales mantiene el Pacto Social con el Gobierno, de la misma manera que lo hicieron durante el Macrismo, amenazando a los trabajadores con que hay que cuidar los puestos laborales y no sacar los pies del plato, resignándose a aceptar salarios y condiciones de trabajo cada vez peores.
El miedo de la pequeña burguesía a retroceder posiciones, es decir, su temor a la proletarización o desclasamiento producto de la crisis, aumenta su nerviosismo y arrastra a un sector a posiciones reaccionarias, justamente porque el programa histórico de la clase obrera, la revolución socialista, no es una referencia para amplias capas de la sociedad.
El nudo está en que se pretende “reaccionar” contra las consecuencias y no las causas de la degradación acelerada de la sociedad. La miseria, la exclusión y la violencia generalizada que son ni más ni menos que producto exclusivo del capitalismo.
Hay robos… y robos
En los orígenes del capitalismo se halla el “robo originario” que a su vez es lo que mantiene con vida al mismo sistema económico. Nos referimos a la plusvalía, esto es la riqueza producida por el trabajador que es apropiada por el empresario.
Cuando hace más o menos 300 años la burguesía conquistaba el poder político, muchos de sus intelectuales brindaron variadas explicaciones metafísicas sobre el origen de los nuevos gobiernos. Thomas Hobbes sostenía que los hombres antes de vivir en sociedad se hallaban en un “estado de naturaleza”, donde se encontraban en lucha permanente por su supervivencia (guerra de todos contra todos), y por lo cual deciden delegar su derecho a la defensa, a matar a otro para sobrevivir, a un soberano (el Estado) que por medio de un “contrato” se dispone a salvaguardar la vida de sus súbditos.
Claro que en realidad el escrito de Hobbes hacía referencia al proceso caótico de descomposición del régimen feudal, previo a la consolidación del capitalismo.
La referencia importa, porque cada vez que un modo de producción entra en su etapa de descomposición, surgen las voces de quienes aseguran que ya no hay Estado, no hay orden, ni seguridad.
No es, como plantean ciertos agoreros de la “legítima defensa”, que se ha quebrado el “contrato social” (metafísico hobbesiano), sino que este Estado es el único que hoy puede sostener la burguesía. Un aparato hinchado de una burocracia corrupta, con una economía a pique que genera miseria en todos lados, blindado por un aparato policial rancio. Eso es lo único que tienen para ofrecer.
¿Es casualidad que la delincuencia y sus consecuencias se expandan cuando la crisis económica agravada por la Pandemia se lleva por delante los empleos, los salarios y deteriora todos los indicadores sociales?
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En la “década ganada” del Kirchnerismo, los únicos que la “levantaron en pala” fueron los delincuentes del gobierno y los capitalistas. El sector sumergido en las profundidades de la miseria y la exclusión busca satisfacer sus ilusiones de consumo (a imagen y semejanza de la pequeña burguesía) mediante el robo “al por menor”.
Este robo “al por menor”, es parte del círculo vicioso generado por los narcos y la policía. El consumo de sustancias entre los jóvenes ha venido creciendo de la mano de la falta de empleo y de futuro. El paco se instaló sobre todo en el Gran Buenos Aires haciendo estragos por la alta adicción que genera. Así como la cocaína, rebajada con pseudoefedrinas y demás “cortes”, que consumen cientos de jóvenes.
Durante estos meses de cuarentena el precio de la cocaína en origen cayó en un 30%, pero su precio de venta en el mercado de consumo subió entre un 15 y un 27%, lo que aumenta los márgenes de ganancias en la intermediación, cuyos protagonistas aceptan correr mayores riesgos. Estas no son meras especulaciones; los datos señalan que la actividad del crimen organizado a nivel mundial se incrementó en un 75% durante junio/julio. Es que las nuevas oportunidades de negocios desatan competencias que en el caso de la delincuencia organizada suelen dirimirse a través de guerras muy violentas entre bandas que compiten por las actividades más rentables y por los territorios de producción, tránsito y comercialización. Es lo que estamos viendo en varias ciudades del conurbano bonaerense (Quilmes) o del Gran Rosario (Villa Gobernador Gálvez).
Por eso el sistema capitalista, no sólo ha quitado la posibilidad de encontrar un trabajo estable y un salario que alcance, un hogar dónde vivir, sino que ahora, incluso va hasta por la salud física y psíquica de los jóvenes. Miles de “soldaditos” vigilan la venta en los bunkers a cambio de drogas, dinero y armas provistas en muchos casos por la misma policía que además les da protección. Entre los jóvenes, todo el mundo sabe que “nadie vende droga sin que la policía lo sepa”.
El caso de Luciano Arruga, el pibe que se negó a robar para la policía, es la expresión brutal de la relación que hay entre la inseguridad, la corrupción del aparato represivo y los poderes del Estado en su conjunto.
Pero además si hubo un trabajo “sucio” que el Kirchnerismo le hizo a la burguesía, fue volver a darles prestigio a las instituciones del régimen, entre ellas el principal pilar del sostenimiento del sistema capitalista: las Fuerzas Armadas y de Seguridad (principalmente la Gendarmería). Por eso quien pide más presencia policial, está poniendo los cimientos para una represión más profunda en el futuro próximo. Porque no sólo estarán para defender las ganancias de los narcos y obtener su tajada, sino para evitar cualquier forma de organización que vaya contra sus intereses.
No obstante, los trabajadores también somos víctimas de aquella masa de desclasados. Obreros a quienes les arrebatan el bolso en las puertas de las fábricas, laburantes asaltados en las paradas de colectivos.
¿Qué planteamos desde el PCO?
Desde la izquierda, principalmente desde el PTS, se tiene una política que es una suerte de “garantismo de izquierda” es decir, sólo se hacen análisis sobre las causas del aumento de la delincuencia, pero no se plantea nada concreto sobre cómo los trabajadores pueden enfrentarla; se deja el camino abierto para que las concepciones reaccionarias de la pequeña burguesía avancen, con esta política empujan a la clase obrera a manos de la reacción.
En el caso de Jorge Ríos (el jubilado de Quilmes) llegaron al colmo de defender al “joven asesinado”, cuando se trataba de un lumpen de la barra de Quilmes llamado Franco Piolo Moreyra, quién había estado preso por robo y abuso sexual cuando ingresó a robar una vivienda. Nosotros no vamos a hacer una defensa cerrada del jubilado justificando un caso de “linchamiento” por decisión individual pero si nos ponemos del lado del trabajador que lo único que tiene son sus pocas pertenencias que le costaron toda una vida de trabajo obtenerlas y no de los lúmpenes que quieren arrebatárselas, muchas veces con violencia extrema y a costa de la vida de los trabajadores y su familia. Es decir, como trabajadores, nos ubicamos en la misma posición de cualquiera, de defender su vida y sus pertenencias obtenidas a costa del sacrificio de una vida de trabajo, pero eso no significa que estemos a favor de matar a quien va a robar, aunque claro que cualquiera que pudiera, se defendería.
El PTS/FITU con su política de quedar bien con “la progresía” porteña y urbana, le entrega la clase trabajadora a los brazos de Berni, a la derecha. En el fondo, su posición es que únicamente el Estado Capitalista debe ostentar el monopolio de la fuerza, una posición que tiene que ver más con el idealismo weberiano (Max Weber, sociólogo liberal alemán) que con el marxismo.
Ahora complementan su posición reformista, diciendo que se deben elegir los jueces por voto popular, es decir, van desde la Asamblea Constituyente, pasando por el “garantismo” hasta la elección de los jueces a través de las elecciones, es decir, que su política no sale de los marcos del régimen democrático-burgués y, en consecuencia, no hace más que desarmar políticamente a la clase trabajadora.
Por eso desde el PCO decimos que los trabajadores deben defenderse de los elementos lúmpenes y marginales que atentan contra la integridad de sus compañeros y familias.
La burocracia sindical de “todo pelaje” CGT-CTA, como en tantas otras cosas mira para otro lado (muchas veces la misma burocracia utiliza estas bandas de lúmpenes para reprimir al activismo. No hay más que recordar el caso de la ex Dana, el hospital Francés, la patota de Atilra, o más acá la línea 60 y en Electrolux).
Por eso planteamos que desde los sindicatos se debe tome la seguridad de los trabajadores, armando corredores seguros, en las paradas de colectivos y trenes. Las comisiones internas clasistas y/o combativas, deben tomar esta problemática en sus manos, discutiendo un plan de acción concreto para llevar enfrentar las bandas de lúmpenes y desclasados.
Pero como los trabajadores sindicalizados son sólo un porcentaje del total y porque además la ola de robos y asesinatos se produce principalmente en las barriadas obreras, proponemos que debe organizarse la vigilancia con capacidad de alertar en situaciones de peligro, que acompañen a los niños, jóvenes y trabajadoras/res a las paradas de colectivos, y una autodefensa que usando la fuerza estrictamente necesaria desaliente la acción de los delincuentes. Apoyamos las iniciativas que llevaron adelante los cadetes de delivery’s, tanto en Capital Federal como en Rosario, para recuperar las motos robadas y otros elementos de trabajo a manos de bandas organizadas de lúmpenes.
Todo esto es necesario que sea acompañado por la claridad de que es el sistema capitalista, la propiedad de los patrones, la policía y los narcos los causantes de la miseria y aumento de la delincuencia en la sociedad.
El programa de las autodefensas es ante todo un programa político. Los trabajadores deben defenderse de los elementos lúmpenes que pululan en el capitalismo en descomposición. Pero el problema de la seguridad en los barrios y la defensa de los obreros y el pueblo pobre está indisolublemente ligado a la transformación socialista de la sociedad.
Remo