La caída internacional de los precios petroleros colocó, en el año 2020, el precio del crudo venezolano en sus niveles más bajos desde el año 1998. Para el 2019 el petróleo venezolano se ubicó en 56,70 dólares el barril, en 2018 en 61,41 dólares, para mediados de este año el precio está en menos de 20$ lo que significa una reducción de más del 200% respecto al año anterior. La caída abrupta de este año encuentra su respuesta inmediata en el desarrollo de la pandemia del Coronavirus; esta ha reducido la actividad productiva en el mundo, bajando el consumo de crudo y haciendo que el petróleo venezolano prácticamente no sea rentable en términos del costo de su producción contra su precio en el mercado. Sin embargo aunque la pandemia desapareciese mañana y el planeta ubicase su actividad productiva al nivel inmediato anterior, los precios petroleros en el mejor de los casos se comportarían en una banda alrededor de 50$, muy lejos de los precios de los cuales disfrutó el gobierno de Chávez hace 15 años y que llegaron a sobrepasar los 100$; esta caída ha sido una constante en un mercado ya saturado de petróleo, donde la crisis de sobreproducción hace imposible prever una recuperación significativa a corto plazo. A la crisis de sobreproducción se le suma el techo que pone la producción con tecnología de esquistos, que irrumpe fuertemente en el 2016 y que ha sido empujada y defendida por el gobierno de Donald Trump para abrirle ventaja a las trasnacionales petroleras norteamericanas.
A la baja del precio del crudo en el mercado internacional, debemos sumar la baja en la producción petrolera de PDVSA. La producción petrolera venezolana inició el 2020 en 882.000 barriles por día y para mediados de año llega a los 400.000 barriles, cuando en 2019 la producción promedió era de 1 millón de barriles diarios, contra 1,5 millones de barriles diarios en el 2018 y hace más de una década esta alcanzaba 3,2 millones de barriles por día. La baja en la producción fue denunciada durante años por el movimiento obrero venezolano, la corrupción y desinversión eran denuncias constantes, pero para el Chavismo-Madurismo la industria ha servido para el saqueo y enriquecimiento de la burocracia roja y aquellos actores económicos que pudieron sacar provecho de la repartición, como instrumento de presión y negociación con burguesías latinoamericanas y para mantener las reservas petroleras estratégicas de los Estados Unidos, y mientas esto ocurría en el deterioro de la infraestructura se iba allanando el camino para el proceso de privatización y entrega de PDVSA.
Hoy la entrega de la industria es una realidad. El gobierno bajo el discurso de acuerdo estratégico y empresas mixtas ha entregado, concesiones de explotación y sectores vitales como refinación a empresas chinas, rusas, iraníes y también norteamericanas, por nombrar las más resaltantes nacionalidades. Amuay está siendo entregada a un consorcio iraní. China National Petroleum Corporation (CNPC) a través de la empresa mixta de nombre Sinovenza, explota crudo en la faja petrolífera del Orinoco; otra empresa China como Wison Engineering tiene actividad sobre la refinería de Puerto La Cruz; Rosneft, que se encargaba de la explotación de crudo en la faja, recientemente pasó sus activos al gobierno ruso y el gigante Chevron y otras seis firmas estadounidenses obtuvieron del Departamento del Tesoro una exención especial en abril, en el marco de las sanciones, para seguir operando en Venezuela, desnudando el falso discurso antimperialista del gobierno de Maduro. Importantes empresas petroleras sacan cada vez más y más provecho a las dificultades económicas venezolanas, el gobierno entrega cada vez mayores facilidades a empresas extranjeras para apropiarse de los recursos y la infraestructura industrial venezolana.
Recientemente se suma al panorama nacional las sanciones norteamericanas hacia el gobierno de Maduro, que han afectado varios sectores de la economía y directamente a PDVSA, generando dificultades en las operaciones de producción de la industria y las relaciones comerciales internacionales. El gobierno ha intentado convencer a la población, de que la crisis económica es culpa de las sanciones, pero estas comenzaron contra la estructura financiera en el 2018 y contra la petrolera a principios de 2019 cuando ya la crisis de PDVSA tenia largo avance.
Las sanciones hacia Venezuela iniciaron de forma moderada en marzo de 2018 sancionando la creación del Petro y en el 2019 pasaron a la congelación de todos los activos venezolanos en suelo estadounidense incluyendo los contratos acordados con PDVSA. Las sanciones incluyeron también la pérdida del control de Citgo y sanciones a los barcos petroleros y aquellas empresas no venezolanos que realicen acuerdos económicos con el gobierno. Las sanciones contra Venezuela se desarrollan en el marco de la política económica nacionalista desarrollada por Donald Trump que busca garantizar a Venezuela como abastecedor petrolero exclusivo y seguro, expectativa que Maduro no ha podido cubrir; a esto se suma la apertura realizada por Chávez y continuada por Maduro al entregar recursos y áreas económicas a empresas chinas, rusas e iraníes, que son contendientes en el campo comercial o geopolítico con la potencia imperialista. De esta manera Venezuela se convierte en un escenario más de la guerra comercial EEUU-China y un objeto de interés del gobierno estadounidense que busca garantizar su control sobre las semicolonias americanas.
Fuera de la situación petrolera, otra fuente de ingreso del país era la industria minero extractiva de la zona de Guayana. Minerales como el hierro, oro, bauxita, diamantes, recursos forestales y otros minerales, son extraídos del macizo guayanés y procesados en su etapa primaria para la exportación o desarrollo de la industria nacional. Este sector de la económica nacional representaba el 2% del PIB en su mejor momento. Las llamadas empresas de Guayana, el gran conglomerado corporativo conocido como industrias básicas, se encuentra hoy día paralizado casi en su totalidad. CVG Alcasa para el año 2007 producía 180.000 tn de aluminio primario, para el 2019 su producción fue de apenas 4.500 tn, lo que representa una disminución del 97,5%. La otra productora de aluminio, CVG Venalum, producía en el 2006 441.000 tn de mineral, para el 2018 60.200 tn, lo que representa reducción del 86,34%. SIDOR, la empresa bandera del acero venezolano produjo en 2007 4,3 millones de tn de acero, y en el 2019 50 tn, una reducción del 99.99% de la producción, y de esta manera podemos tomar como referencia cualquiera de las empresas: Ferrominera desde el 2006 redujo su producción en 86,6%, Bauxilum desde el 2005 en 100%. La política desarrollada hacia estas empresas por el chavismo-madurismo no dista de la de PDVSA, en una primera etapa se desarrollaron nacionalizaciones; luego a partir del año 2006 una marcada destrucción de su capacidad industrial y un saqueo por distintas vías de los recursos generados allí. La venta de nuestros recursos y empresas a trasnacionales es el camino definido por el gobierno. Es emblemático en este sector, el caso del Arco Minero del Orinoco, una zona de 111.843,70 KM2 de extensión, es decir el 12,2% del territorio nacional que ha sido reservada para explotación minera. Este proyecto ha sido denunciado reiteradamente no sólo por la entrega de los recursos que son de los venezolanos, si no por el daño ecológico producido en una región que es patrimonio de la humanidad. Actualmente se conoce que en la zona realizan actividades de explotación empresas como la canadiense Gold Reserve y Afridiam de la república del Congo; otras zonas son explotadas por la minería ilegal y controladas por mafias o sectores del ejército venezolano.
Este cuadro de la economía venezolana, en especial la situación petrolera, se traduce en una reducción de los ingresos de los cuales se apropia la burguesía y que está compensando tomando medidas que trasladen sus pérdidas sobre los hombros de la clase trabajadora, medidas como: aumento de los precios de todos los productos generando una inflación que crece de manera acelerada. Para el año 2019 según las cifras del BCV la inflación fue de 9.585%, y para los primero 5 meses del 2020 295,9%; desmejora de todos los servicios públicos como electricidad, abastecimiento de gas, agua, transporte público, desmejoramiento en los servicios de salud, educación, destrucción de conquistas de los trabajadores como el salario, los contratos colectivos, el seguro social, desmantelamiento y desmontaje de los planes sociales que anteriormente habían sido implementados por el gobierno de Chávez como, misiones cdi y becas estudiantiles, son parte de la ofensiva que ha lanzado el gobierno de Maduro para compensar sus pérdidas.
El gobierno de Maduro se nos presenta hoy día como un gobierno Bonapartista burgués. El Chavismo-Madurismo emergió en su momento para servir de contención al desarrollo de las luchas obreras y populares que se venían dando en los años 90 y para recomponer el estado burgués golpeado por la crisis de esa época. Durante el periodo 2000 -2010 el gobierno gozó de altos ingresos petroleros que le permitió afianzarse, a pesar de las contradicciones aparecidas con la burguesía nacional e internacional. Durante estos años trató de empujar el desarrollo de una burguesía nacional que le favoreciera, que lo reconociese como su principal representante y administrador. Para esto intentó favorecer a los sectores de la burguesía ya existente mediante beneficios como: exoneración de impuestos, facilidad de trámites burocráticos, líneas de crédito, onerosos contratos y entrega de divisas (según datos de cadivi entre 2004 y 2012 se entregó 180.568 millones de dólares a empresas privadas), sin que ello se hubiese convertido en un apoyo al gobierno. Los intereses de la burguesía tradicional venezolana están ligados íntimamente a los de la burguesía extranjera; en nuestro caso a los intereses de los capitalistas norteamericanos con los cuales el chavismo-madurismo ha tenido desacuerdos. El chavismo-madurismo intentó también impulsar el desarrollo de una burguesía propia, partiendo de sectores burgueses débiles o atrasados que ya existían en el país y nuevos capitalistas devenidos de la burocracia estatal o grupos militares, quienes no se desarrollaron al punto de lograr controlar las palancas fundamentales de la economía. Este sector ha recibido de parte del Estado empresas estatizadas, contratos de prestación de servicios a empresas como PDVSA, además del usufructo hecho de los bienes del Estado, de los cuales se han aprovechado sin contribuir al desarrollo de la industria nacional. Esta acumulación de capital nunca llegó a convertirse en fuerza productiva, al menos no de manera significativa, los nuevos burgueses no generaron desarrollo de la empresa privada, como lo demuestran las estadísticas del crecimiento del sector privado durante los últimos 20 años. En su lugar desarrollaron negocios de carácter especulativos como la compra y venta de divisas, estafaron al estado con contratos fraudulentos y sacaron dinero del país. La burguesía tradicional venezolana está íntimamente ligada al capital monopolista imperialista por diferentes vías; y la nueva burguesía pequeña e incipiente, que gozó de los altos ingresos petroleros y la defensa política de Chávez, fue incapaz de impulsar un proceso de desarrollo productivo nacional, sin el grueso de la burguesía productiva nacional, por lo que se dedicó a la captación por distintas vías de los recursos del Estado.
El desarrollo de la burguesía nacional de Chávez se quedó en discursos, su gobierno fue el más importador de la historia venezolana, el más endeudado y su dependencia de la renta petrolera se acentuó. Los indicadores de importación crecieron en la misma medida que la contribución de la industria descendía; sólo PDVSA presentó números de crecimiento significativos de exportación en comparación con la importación como contribución al PIB. Con el fin de la bonanza petrolera, por la caída de los precios internacionales del crudo, la destrucción de la capacidad productiva de PDVSA y las sanciones norteamericanas, el gobierno de Maduro, le ha abierto paso a la etapa de entrega abierta de las empresas y recursos de la nación. A los ya mencionados procesos de privatización de PDVSA y los recursos minerales, le debemos sumar las negociaciones para la entrega silenciosa o solapada de Movilnet a Huawei o de Elandes por parte de la corporación nacional el Tunal. De esta manera el gobierno comienza a resolver la contradicción surgida durante el gobierno de Chávez con el capital internacional, sólo que ésta se va dando hacia el lado comercial que favorece a los competidores de EE-UU agudizando este enfrentamiento.
En el campo internacional, Maduro, ha dejado de contar con el apoyo de las burguesías sudamericanas, con el cual contó Chávez, y que le permitió maniobrar en el campo diplomático y económico durante sus desacuerdos con el imperialismo norteamericano. La crisis económica le costó la presidencia a otros gobiernos bonapartistas y reformistas. Correa en Ecuador, Cristina en Argentina, Evo en Bolivia, Dilma en Brasil y Vásquez en el Uruguay conformaban un grupo de los considerados aliados y que fueron siendo desplazados al agotar su papel en favor de las burguesías nativas. Esta recomposición solo ha agravado la situación del gobierno venezolano que ha visto cerrada las ayudas que obtenía de estos. Las burguesías sudamericanas, a parte de la exigencia norteamericana de presionar al gobierno de Maduro, ven con preocupación los efectos que en la clase trabajadora pueda desatar la crisis económica venezolana, desembocando en un escenario revolucionario que se pudiese extender al resto de los países. Sin embargo, las mismas se encuentran hoy lo suficientemente ocupadas con sus propias crisis y los efectos de la pandemia para un accionar más determinante en torno a la situación venezolana.
En Venezuela tenemos un régimen bonapartista que va perdiendo el apoyo de las masas populares que tuvo desde un principio; este apoyo se traducía no sólo en votos, que le llevó a ganar más de 20 elecciones a la oposición, si no a la suma de seguidores militantes a la estructura de base que le permitía ejercer el control sobre el movimiento obrero y popular, tales como sindicatos, centros de estudiantes, consejos comunales, por nombrar sólo algunas; se insertaban dentro del tejido social y le permitían canalizar, contener y detener el descontento social o cualquier disidencia, además de otorgarle una estructura de vigilancia importante.
Actualmente la base social que sostiene ha Maduro se ha reducido. Tomando en cuenta las últimas tres elecciones presidenciales, en la última elección donde participó Chávez en el 2012, el chavismo representaba el 43% de los votantes inscritos; para el 2013 primera elección de Maduro el 40% y en la última elección registrada en 2018 representa el 30.4%, lo que no deja de ser un peso importante, pero en constante decrecimiento. Por otra parte, la reducción de su estructura social es evidente. La mayoría de los espacios de participación ciudadana creados por el chavismo están abandonados o desaparecidos, como comités de tierra, de agua, mesas técnicas o consejos comunales; sin embargo, el gobierno aún continúa manteniendo el control de organizaciones importantes como los comités del CLAP, que se encarga del abastecimiento de alimento directo a los ciudadanos.
Maduro, ha dado cada vez más espacio dentro del gobierno a sectores militares, ha conformado empresas en sectores claves dirigidas y administradas por las fuerzas armadas como son: Camimpeg para extracción de crudos y minerales, Neumalba para producción de caucho, instituciones financieras como Banfanb, producción y comercialización de vehículos blindados, Cancorfanb para explotación de arena y piedra para la construcción, Agrofanb para la explotación agrícola, el Complejo Tiuna II para la siembra y cultivo de algodón, confección de uniformes militares así como prendas de damas, caballeros y niños. A julio del 2020 de las 583 empresas públicas que existen en el país, 76 están dirigidas por militares, destacando PDVSA. Los militares se encuentran al frente de 11 de los 32 ministerios del país [ CITATION ang20 \l 8202 ], también controlan áreas de servicios esenciales como la distribución de combustible y alimentos en todo el país.
El gobierno se ha hecho cada vez más arbitrario, en la medida que va perdiendo la capacidad de mantener el control de todo el Estado, por la incapacidad de su aparato burocrático que refleja la crisis al interior del chavismo, ha visto disminuida su capacidad de gobernar y del control en mayor manera de instituciones como los tribunales y los cuerpos represivos.
El gobierno intenta darle carácter legal a todas sus decisiones para permanecer en el marco de la legalidad burguesa, desde la pérdida de la AN en las elecciones del año 2015, ha buscado la fórmula para no compartir espacio de poder con el sector opositor que le ha venido ganando espacio electoral. Para esto se vale de otras instituciones bajo su control como el TSJ para sustituir las decisiones que eran propias de la Asamblea Nacional; recientemente nombró a los miembros del CNE de forma directa en una sentencia del tribunal, también ha generado sentencias para desconocer las direcciones de los partidos opositores e intentar nombrar miembros con los que ha conseguido entendimiento, de esta manera asegurarse una oposición con la que se pueda llegar acuerdos luego de las próximas elecciones parlamentarias.
El movimiento obrero también ha sentido el carácter antidemocrático del gobierno, que si bien no lo desarrolla abiertamente por el temor a la respuesta que le pueda dar el movimiento obrero, las contradicciones se agudizan en la medida que la crisis económica obliga a Maduro a asumir posiciones más firmes en defensa de la burguesía.
Desde el desconocimiento de los contratos colectivos en la primera reconversión, el ataque ha sido constante contra los beneficios y derechos de los trabajadores. Los aumentos salariales otorgados por el gobierno son una burla frente a los precios de productos que el mismo gobierno autoriza, los tribunales laborales se han prestado para intentar doblegar el movimiento obrero en favor de los patronos, despidos por saboteo a la producción se han puesto a la orden del día, las inspectorías del trabajo avalan despidos en los cuales se le acusa al trabajador de sabotear la producción cuando usa métodos como la paralización de líneas de trabajo u operación morrocoy (trabajo a desgano) como forma de protesta frente a la vulneración de sus derechos, también son frecuentes los despidos por hacer públicas las denuncias o más grave aún las detenciones y pasos a juicios como es el caso emblemático de Rubén González principal dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, que fue detenido por un organismo de inteligencia militar luego de dirigir una protesta obrera en Caracas y pasado a un tribunal militar que lo termina sentenciado a 5 años de prisión.
El amedrentamientos de las luchas populares por organismos policiales especializados es otro rasgo que se acentúa en los últimos años, las protestas populares por problemas de servicios públicos como falta de agua, gas, electricidad o alimentos, que tradicionalmente han sido sofocadas con la policía nacional, están siendo controladas por cuerpos especiales como el FAES, como el SEBIN o el CONAS que busca neutralizar completamente las movilizaciones con detención y amedrentamiento de los lideres principales, acentuado el carácter más policiaco del gobierno.
La oposición venezolana
La oposición venezolana, se encuentra en uno de sus momentos más débiles en los últimos años. El impulso dado a Juan Guaidó, por el imperialismo norteamericano y las tentativas realizadas por la oposición para asaltar el gobierno, vía insurrección o vía legal, han fracasado restándole apoyo a su líder dentro y fuera del país. La última acción fue el intento de una operación comando con participación de militares disidentes venezolanos, asesorados por una contratista militar norteamericana, que terminó en la captura de los mismos y la desarticulación de toda la operación.
La prolongación de Guaidó como dirección de la oposición, sin presentar resultados favorables ha ocasionado serias rupturas al interior de la coalición de partidos políticos que lo apoya, la primera gran crisis la vivieron con la separación de un sector que decidió proclamarse como nueva directiva dentro de la AN. Este grupo encabezado por Luis Parra está conformado por personas y partidos excluidos dentro de los acuerdos realizados por la oposición; la siguiente crisis les sobrevino por otro sector que avaló la designación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la nueva directiva del CNE.
La crisis del sector opositor, es el reflejo de la crisis de la burguesía que hay detrás de ellos, enfrentada por la presión que pone los Estados Unidos sobre ésta para que se alinee con su política y el alcance de las sanciones que está afectando no sólo a las personas que conforman el gobierno de Maduro sino a toda la estructura económica en su conjunto, la burguesía venezolana necesita de una “normalidad burguesa” para poder desarrollar sus negocios y problemas como el bloqueo a PDVSA lo dificultan. A Guaidó y los partidos del G5 les es imposible generar solución a estas dificultades porque su directriz viene desde la Casa Blanca y la postura de Trump es que aguanten la situación hasta remover a Maduro del poder.
La insistencia de Trump a la salida de Maduro se ha intensificado en la medida que también lo hace la guerra comercial que lleva con China. Hoy día ese es el principal desacuerdo para un entendimiento Maduro-Trump. Maduro ha pactado la entrega de recursos y participación de China en Venezuela, comprometiendo los planes norteamericanos de garantizar “américa para los americanos”, en la medida que el gobierno venezolano entregue el país, a su gran rival comercial y a otros gobiernos que no se ajustan a los planes imperialistas como Rusia e Irán, el acoso norteamericano estará presente.
El movimiento obrero venezolano
La pauperización de las condiciones de vida del movimiento obrero venezolano ha sido marcada por un gobierno que ha recargado el grueso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora.
El 20 de Agosto del 2018, Maduro, anunció una segunda Reconversión Monetaria, la cual se eliminaban cinco ceros de la moneda nacional circulante, eliminando el Bs.F Bolívar Fuerte creado por Chávez en la primera reconversión monetaria y sustituyéndolo por el Bs.S –Bolívar Soberano-. La medida fue un reflejo de la incapacidad del gobierno para contener la espiral inflacionaria, y asestó un fuerte golpe a la Clase Trabajadora Venezolana, mediante la destrucción de sus ingresos por medio de un cambio en el instrumento por el cual se comenzaría a regir el nuevo cálculo salarial, el precio de los bienes y servicios.
El nuevo instrumento de medición sería la criptomoneda “Petro”, la cual por decreto presidencial tendría un valor igual a un barril petrolero. El barril petrolero pasó a tener un valor de $ 60, la relación de cambio oficial pasó por el mismo decreto a Bs. /$ 60 (1 $ igual 60 Bs.), siendo esto una segunda devaluación en el mismo anuncio. El sueldo mínimo se fijaría en 0,5 Petro (medio Petro); pasando el salario mínimo de Bs.F 3.000.000 y el bono de alimentación de Bs.F 2.196.000, o Bs.S 30 y Bs.S 21.96 respectivamente según el nuevo cono monetario, a Bs.S 1.800 el salario mínimo y Bs.S 600 el bono de alimentación, o Bs.F 180.000.000 y Bs.F 60.000.000 respectivamente según el extinto cono monetario.
Este ajuste económico monetario generó la devaluación de la moneda (medida pedida por mucho tiempo por todo el sector privado y todos los políticos de oposición al Gobierno), y que todos los trabajadores del país (en especial los del sector público) pasasen a ganar salario mínimo; y aunque en principio significó un aumento de ingresos para los que tenían salario mínimo, sólo bastaron tres semanas para saborear lo amargo de las medidas, el monto de Bs.S 2.400 (salario mínimo más bono de alimentación) se volvió nada con los aumentos auspiciados desde el mismo Gobierno.
Después de la segunda reconversión monetaria, los trabajadores alzaron su voz de protesta sin que se lograra la unificación de la lucha y una movilización significativa que pudiese hacer retroceder la medida. Este fue un duro golpe del cual el movimiento obrero no se ha podido recuperar. Este asalto a los beneficios de los trabajadores contó con un subsidio por parte del gobierno a la empresa privada para que no sintiera los efectos del aumento salarial, excluyéndola así de los efectos de la medida tomada por el gobierno, con esta acción el gobierno sustituyó las contrataciones colectivas por un aumento salarial que se diluyó en pocos meses producto de la acelerada inflación, desde entonces el gobierno no se ha sentado a discutir contrataciones colectivas, desconociendo un derecho ganado por el movimiento obrero en arduas batallas. Beneficios ganados como seguros de hospitalización, maternidad, ayudas escolares, dejaron de estar activas en el desconocimiento de las CC dejando a los trabajadores indefensos ante la crisis actual.
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Recientemente el gobierno ha comenzado a impulsar los consejos productivos de trabajadores, organizaciones insertadas dentro del movimiento obrero mediante decreto presidencial cuyo objetivo legal es “elevar la producción y ayudar a resolver problemas logísticos”, es decir, un organismo en el cual los obreros están obligados a colaborar con el patrón para mejorar la eficiencia y producción, intentando sustituir o evitar el desarrollo de su conciencia de clase, sustituyéndola por un pensamiento colaboracionista y conciliador. Este tipo de organizaciones impulsadas por el gobierno son las consecuencias de no haber podido obtener la sumisión absoluta del movimiento obrero, y ya comienzan a plantear que sean una alternativa a los sindicatos para la discusión de los contratos colectivos con el patrón.
El resto de la dirección obrera, sin mencionar las controladas por la oposición que son casi inexistentes, no han asumido un papel clasista para enfrentar esta situación, realizando acciones aisladas y limitadas a mínimas reivindicaciones mostrando un retroceso en la capacidad de lucha del movimiento obrero. Este retroceso le debemos encontrar también explicación en el peso de la superestructura del Estado para despojar a los trabajadores de conciencia de clase. El movimiento obrero ha sufrido de años de manipulación del Chavismo que ha tratado de identificarse como la dirección del movimiento obrero y que ha contado con el apoyo de un grueso de partidos referenciados como “izquierda”.
Otro factor que ha incidido en la parálisis del movimiento obrero es la represión, amedrentamiento y criminalización de la protesta obrera mediante la acción de grupos de elites, militares o policiales, que realizan actividades de persecución, seguimiento y detención arbitraria de líderes obreros y su posterior paso por tribunales civiles y militares. Al caso ya explicado de Rubén González podemos citar el de Roodney Álvarez, condenado por homicidio en el marco de una lucha obrera bajo manipulación del PSUV. Podemos mencionar otros casos emblemáticos fuera del movimiento obrero como el líder indígena Sabino Romero asesinado por militares ganaderos o el de Alcedo Mora, funcionario público desaparecido cuando se disponía a denunciar casos de corrupción dentro del gobierno.
La crisis económica sobre las direcciones obreras y las masas en general ha golpeado no sólo en lo anímico sino en su composición dentro del aparato productivo, la pulverización del salario ha producido el abandono de los puestos de trabajo y de las direcciones sindicales, los trabajadores se marchan en búsqueda de mejores condiciones de vida, las empresas del Estado se encuentran con numerosas dificultades operativas debido a la falta de personal para cumplir sus tareas básicas, la empresa privada ha tenido que implementar la entrega de beneficios extras fuera de los contratos para retener mano de obra calificada. El traslado de obreros al sector comercial vía negocio informal es una constante, así como la emigración del país.
Hay que hacer una mención especial sobre los efectos de la emigración venezolana en el movimiento obrero venezolano, según Los datos oficiales de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el total es de 5.180615 lo que representa casi el 20% de la población. Los venezolanos que salen del país son en su inmensa mayoría personas entre los 18 y 40 años, con algún grado de conocimiento técnico. Esto ha asolado espacios de dirección y participación a todos los niveles; son los venezolanos, más activos, los más decididos, los primeros en salir y muchos de ellos ocupaban espacios de dirección en movimientos populares, partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes; de esta manera organizaciones van quedando desiertas y sus lugares ocupadas por dirigentes más atrasados.
El movimiento obrero ha sentido el éxodo de sus mejores cuadros, los más políticos y combativos, se han llevado consigo conocimiento, experiencia y el acumulado histórico de la lucha del movimiento obrero venezolano. En su lugar una nueva generación ocupa los espacios con menos formación, tradición de lucha y muchas veces con un nivel de conciencia más atrasado, tenemos en Venezuela una dirección sindical muy diferente a la que existía hace 10 años. Esta situación hace retroceder el estado de construcción de la fuerza del movimiento obrero organizado y también representa una oportunidad de desprendernos de aquella dirección que durante los últimos 20 años hizo su trabajo político de seguidismo al gobierno Chavista-Madurista y que fue responsable de muchos fracasos y de la parálisis del movimiento obrero. Es nuestra responsabilidad incidir sobre estas direcciones y ganarlas para un programa y métodos marxistas para reagrupar el movimiento obrero venezolano bajo banderas clasistas con independencia del gobierno.
La falta de una política independiente del movimiento obrero y la incapacidad de los partidos que se reivindican clasistas por desarrollarla, ha sido determinante en la desarticulación del movimiento obrero y que las tentativas de frentes clasistas no hayan tenido éxito colocándonos este año en una incapacidad de acción en conjunto ante la ofensiva anti obrera del gobierno. Sin embargo, los trabajadores pese a las múltiples dificultades no dejan de luchar por sus golpeados derechos laborales, los educadores y trabajadores de salud se han mantenido en primera línea de combate protestando por aumento salariales y mejoras de condiciones de vida, estas son las luchas más masivas por tratarse de gremios y sindicatos de alcance nacional. Sin embargo, no logran pasar de la consigna reivindicativa a la política por falta de una dirección marxista. En la región de Guayana hay intentos de frentes sindicales para organizar protestas, pero su accionar abarca sólo las direcciones y pequeños grupos de trabajadores, mientras en el resto de país se encuentran manifestaciones muy localizadas alrededor de luchas reivindicativas muy concretas; algo más común son las protestas en comunidades por la falta de servicios públicos pero que no cuentan con ningún tipo de articulación y no trascienden más allá de la solución temporal del problema.
El Covid 19 y la crisis por la gasolina
Ante la llegada del COVID19 al país, el gobierno tomo rápidamente un conjunto de medidas, que sirvieron para detener el virus en un inicio: cuarentena total en los Estados donde se iban reportando casos, inamovilidad laboral, suspensión de clases y régimen especial para relajar el cobro de los créditos bancarios; todo esto ocurrió en las primeras semanas. Pero esta medida de cuarentena, también fue tomada ante el colapso nacional inminente del país por la falta de gasolina, crisis que se presenta producto de la destrucción de PDVSA por parte del gobierno y que se ha intensificado con las sanciones imperiales contra Venezuela. La medida de cuarentena tuvo sus primeros éxitos al evitar la rápida propagación del virus y minimizar la evidencia de la crisis de escasez de gasolina en el país.
Las primeras medidas, rápidamente comienzan a ser insuficientes y la cuarentena total se hizo inaplicable para el gobierno; este comenzó a sufrir la presión de los empresarios que comienzan a reclamar la apertura de sus negocios para detener sus pérdidas y la salida a la calle de la clase trabajadora que no podía permanecer sin trabajar tantos días. Las medidas aplicadas posteriormente denotan improvisación, alternando semanas de cuarentena con semanas de flexibilización sin ninguna lógica científica en base al combate de una pandemia.
En medio de la crisis venezolana la aplicación de las medidas básicas como la distancia social se hacen imposibles cuando debido a la destrucción de los servicios públicos, se deben realizar colas para el gas, la gasolina, el agua, la compra de productos esenciales como medicinas; la destrucción de las contrataciones colectivas a cambio de un salario mínimo que no alcanza para nada, imposibilita que el trabajador pueda abastecerse para permanecer confinado por largos periodos y la incapacidad de aplicar medidas sanitarias de prevención del covid19, en los lugares de concentración de personas, permiten el desarrollo de la pandemia.
El gobierno venezolano tiene que maniobrar en varios frentes ante el Coronavirus: en uno trata de evitar el desarrollo exponencial del virus por el costo político que esto le puede implicar, dentro y fuera del país cuando el muy debilitado sistema de salud se vea rebasado y el número de muertos sea escandaloso; en otro frente busca complacer a la burguesía intentando reactivar el golpeado aparato económico y generarle un espacio para la actividad comercial y productiva, luego trata de contener a los venezolanos que salen a buscar el sustento diario para evitar que estos propaguen el virus y finalmente evitar el descontento social por la escasez de gasolina, todo esto de cara a unas próximas elecciones de la Asamblea Nacional donde necesita aparentar normalidad.
El coronavirus en Venezuela ha acrecentado la crisis económica y ha agudizado las contradicciones de clase, el gobierno juega un papel de férreo defensor de los intereses de la burguesía en perjuicio del proletariado, permitiendo periodos de flexibilización para empujar la actividad económica a costa de la propagación del virus. Para justificar las ineficaces medidas de contención y esconder la crisis del sistema de salud, el gobierno ha optado por culpar a los venezolanos inmigrantes que huyen de la imposibilidad de acceder al sistema de salud en otros países y entran a Venezuela por lugares diferentes a los establecidos por el gobierno, ya en una segunda etapa nos culpa a todos los venezolanos por no permanecer confinados en nuestras casas.
Manifestaciones de diversos tipos se comienzan a presentar en el país ante una crisis política y económica que se intensifica con la pandemia, pero de forma desorganizada y esporádica, estas protestas no terminan generalizándose en el país. En Rio Tocuyo la población destruyó un puesto de la Guardia Nacional luego de varios días de confinamiento completo con muchas fallas de abastecimiento y servicios públicos; en Aragua de Barcelona el asesinato por parte de la policía de una persona durante una protesta por gasolina hizo un masivo funeral en repudio; protestas por la falta de gasolina se presentan al calor de las colas en los alrededores de las estaciones de servicio cuando los usuarios se enteran que no abra abastecimiento pronto.
Conclusión
La situación económica venezolana no da signos de cambiar, la reactivación petrolera no será una realidad a corto plazo y aunque lo fuese, por la participación de capital extranjero como el chino y el ruso, la situación internacional del mercado petrolero se encuentra en una crisis terminal de sobreproducción que sólo podría ser superada, en términos capitalistas, mediante una confrontación mundial entre potencias.
Sabemos que una solución a la crisis que sea favorable a la clase obrera y el pueblo no podrá ser lograda mediante planes que abarquen sólo nuestra nación. La crisis del capitalismo es mundial y su solución es mundial. Venezuela es un escenario de la confrontación, donde las potencias capitalistas se pelean los mercados y los recursos del planeta. Nuestra tarea inmediata es contribuir con un programa para reorganizar las fuerzas del proletariado para que asuman las batallas que vendrán en el crítico escenario nacional e internacional.
La desmejora de las condiciones materiales del proletariado será una constante acrecentada por las políticas de defensa de los intereses de la burguesía que desarrolla el gobierno de Maduro.
En Venezuela, las fuerzas productivas están en total decadencia, los ingresos económicos de la nación se han reducido creando serias dificultades a la burguesía y al proletariado, las condiciones de vida están deteriorándose de una manera rápida y el gobierno es incapaz de dar respuesta a demandas sociales como la alimentación, salud o el mantenimiento de los servicios públicos, lo que pudiese terminar en una explosión social como la ocurrida el 27 de febrero de 1989 y que tomó por sorpresa a toda la izquierda venezolana.
El movimiento obrero venezolano, a pesar de los golpes recibidos, intenta recuperarse de la derrota, busca expresar su descontento con protestas y manifestaciones por derechos concretos, defendiéndose del plan económico de austeridad que le impone el gobierno y manteniendo aun activos sus métodos tradicionales de lucha, pero sin una dirección que sea capaz de darle rumbo con carácter de clase.
Nos encontramos en una etapa donde tenemos la tarea de propagandizar nuestras ideas buscando aportar a la reorganización de la clase obrera. A pesar de la debilidad del movimiento obrero la burguesía no ha conseguido aplastarlo y sus organizaciones como sindicatos, comités de prevención y federaciones continúan existiendo pese a las dificultades, nosotros debemos incidir en la reconstrucción de estos espacios para sumarle fuerzas a la lucha obrera, también debemos Incidir sobre las direcciones que podamos identificar en el movimiento popular en su lucha por los servicios públicos o el ataque contra los derechos democráticos para darle dirección revolucionaria y a su vez unificarla con el frente de lucha del movimiento obrero.
Ante un escenario no descartable de insurrección popular, nosotros debemos preparar a los cuadros políticos más avanzados del movimiento obrero para responder desde una posición marxista revolucionaria al presentarse un cambio de etapa donde la correlación de fuerzas favorezca a la clase trabajadora.
Debemos ganarnos los mejores cuadros del movimiento obrero, aportándoles los métodos teóricos y prácticos revolucionarios, como la discusión y organización desde las bases para conseguir elevar el nivel de conciencia de toda la clase. Levantar un programa de lucha que trascienda más allá de las paredes de las fábricas hasta hacerle entender que los efectos de la crisis es parte de un mismo plan del gobierno de hacernos pagar la crisis capitalista, desarrollar solidaridad y coordinación con otras luchas tanto obreras como populares para acumular fuerzas y desarrollar una coordinación que unifique nuestras demandas en un frente único.
La reorganización del movimiento obrero bajo banderas de lucha verdaderamente clasistas marxistas es la tarea que tenemos los revolucionarios en frente, el tiempo apremia y el descontento social que corre por todo el país, es un polvorín que pudiese pronto tener un estallido que nos lleve a una situación de rebelión popular generalizada y el destino de esta explosión dependerá de la dirección que ayudemos a formar para asumir la vanguardia de la lucha.
Corriente Socialista Revolucionaria «el Topo Obrero» – Venezuela
22/8/20 (nota publicada en manifiesto internacional N° 3)
Armas, M. (s.f.). Con 20 empresas la FANB acapara el poder económico. Cronica uno. caracas, Venezuela.
Sastre, a. (10 de julio de 2020). Quién es quién en el Gobierno de Maduro. La Razon. Buenos Aires, Argentina