Como todos saben, el grupo Vicentin se declaró en quiebra a fines del año pasado. Demás está decir que esta situación pone en riesgo el futuro de los puestos de unos 6000 trabajadores que ocupaba el grupo entre sus distintas empresas.
Tras el anuncio del 8 de junio, AF planteó que la expropiación de Vicentin era la única alternativa que veía para cumplir con tres objetivos: resguardar los puestos de trabajo, la soberanía alimentaria, y forzar la liquidación de dólares.
Nosotros pensamos que el objetivo de aquella posición planteada hace un mes atrás, no tenía nada que ver con ninguno de esos objetivos enunciados. Creemos que el objetivo de la expropiación era “rescatar” la empresa, haciéndose cargo el Estado de pagar las deudas a los acreedores internacionales, así como la indemnización al grupo Vicentin, aunque obviamente descontando su deuda con el Banco Nación. Así y todo, tampoco Vicentin iba a ser una empresa enteramente Estatal, sino que siguiendo el modelo de YPF el plan era que fuera una empresa privada (Sociedad Anónima) con participación mayoritaria del Estado, pero abierta a la participación empresaria de otras patronales cerealeras interesadas (por ejemplo, AGD cuyo propietario Roberto Urquía ex senador del FPV, apoyó a AF en las pasadas elecciones y además es suegro del presidente de la UIA, Miguel Acevedo). Es decir, el objetivo sería evitar que la empresa sea adquirida por algún grupo extranjero, para garantizar con la exportación de granos el pago a los acreedores internacionales de la deuda externa.
Pero el gobierno de los Fernández ¿puede ser garantía que asegure los puestos de trabajo, cuando a pesar de que emitió un DNU prohibiendo los despidos, ya se perdieron 150.000 puestos de trabajo formales?
Mientras para los medios AF llamaba miserable a Paolo Rocca, ¿Acaso no permitió el gobierno los 1450 despidos en Techint?
La única forma de garantizar los puestos de trabajo es que la expropiación completa del grupo Vicentin sea sin indemnización, declarando el default a los acreedores internacionales, y que pase a ser enteramente estatal con la administración de los propios trabajadores controlada desde asambleas de base.
A pesar de que la expropiación planteada por el gobierno no ofrecía ninguna garantía para el mantenimiento de los puestos de trabajo, la Federación de aceiteros -dando prueba explicita de confianza en el gobierno-, hizo pública una declaración en la cual apoyaba la intervención y la expropiación planteada en DNU por el ejecutivo.
Posteriormente frente a las presiones de diversos sectores de la patronal el gobierno metió violín en bolsa y empezó a dar marcha atrás con la expropiación. El vehículo que usó Fernández para salirse por la tangente fue el “plan” de Perotti. Es decir, la intervención (el plan de Perotti avalado por AF) excluye la expropiación.
Perotti propuso una intervención en el marco de la quiebra que incluía los designados por Fernández más dos representantes de la provincia, desplazando del directorio a los representantes del Grupo Vicentin. El plan de Perotti fue rechazado por el juez de la quiebra quien mantuvo en su puesto a los directores de Vicentin.
Pasados 15 días de la ratificación de la resolución del juez, no hay ninguna acción por parte del gobierno provincial ni del gobierno nacional, más que recursos judiciales. Y por más que AF amenaza que si el juez no acepta la intervención entonces habrá que expropiar, lo concreto hasta ahora es que el DNU y el proyecto de expropiación duermen el algún cajón del despacho presidencial.
Mientras tanto, el 9 de julio coincidiendo con el “día patrio”, se realizó una movilización en forma de caravana de autos, que finalizó con un acto en el monumento a la bandera. La convocatoria oficial de la Federación de Aceiteros decía: en defensa de los puestos de trabajo de Vicentin, apoyamos la intervención del Estado.
En cambio, el Sindicato Rosario agregaba en su convocatoria el “apoyo a la intervención y a la expropiación”. La referencia a “la expropiación” es un saludo a la bandera que ya fue arriada por Alberto Fernández. El sindicato de Reconquista fue más claro y dijo sin vueltas que la movida era “En apoyo a las políticas llevadas adelante por el Presidente Alberto Fernández”.
La realidad es que ahora los dirigentes de la Federación de Aceiteros se conforman con la intervención, como lo deja en claro la “Presentación conjunta de las organizaciones gremiales aceiteras por Vicentin”. O sea que ahora parece que la expropiación ¿no era necesaria? ¿Ahora los dirigentes aceiteros confían en que Perotti sea garantía de los puestos de trabajo y de la soberanía nacional? ¿el “neoliberal” Perotti?
For now there are few prescribed medications which can help reduce this pain by mobilizing painful discount pharmacy viagra joint dysfunction. This is not meant to cast judgement; but rather to highlight the greater need for understanding of generic cialis for sale the factors have been mentioned: FDA Approved Sildenafil ED Drug The key ingredient is approved by the Food and drug administration or the office of surgeon general to be used for smoking cessation purposes. viagra wholesale Impotence treatments must be managed by a trained physician. It is a semi liquid version of Kamagra tablets, Kamagra Jelly UK successfully treats sexual health problems in men and women are almost same but viagra tablets price their affects on them are different.No compañeros, el camino para defender los puestos de trabajo, no es apoyar la política de AF-Perotti, ni la de CFK que pretendía expropiar a Vincentin bajo el modelo de YPF SA. Veamos sino la reciente declaración del sindicato petrolero denunciando que YPF presiona a sus trabajadores para que arreglen retiros “voluntarios”, es decir, despidos encubiertos.
Si el gobierno nacional tuviera realmente preocupación por los puestos de trabajo no hubiera permitido los 1450 despidos en Techint.
Si tuviera preocupación por los trabajadores debería ya haber “intervenido” el frigorífico Penta, cuyo dueño es Ricardo Bruzzesse, un patrón peronista-kirchnerista, que como no pudo “arreglar” con los nuevos delegados, a modo de chantaje terminó echando a 240 obreros.
Si tuviera preocupación por los puestos de trabajo no miraría para otro lado haciéndose el que no ve que se perdieron 900 mil puestos de trabajo (150 mil empleos formales solo hasta el 12 de mayo) mientras su DNU prohibiendo sigue “vigente”.
Para asegurar los puestos de trabajo no queda otra que estatizar toda empresa que cierre o despida masivamente. Pero eso no lo va a hacer AF, quien dice que “no soy de los que cree que el Estado debe hacerse cargo de todos” y además remarcó que “soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. No me da vergüenza decirlo”. Tampoco hay que esperar “peras” de CFK, quien ya antes reivindicó que su gobierno “fue el más capitalista de todos”.
Sin embargo, la crisis económica que se ha profundizado a nivel mundial, y que golpeará más duramente la Argentina, obliga a tomar resoluciones profundas contra la propiedad capitalista e imperialista para salvar de una catástrofe social mayor a los trabajadores y el pueblo. Aun si fuera expropiada solamente Vicentin, no resolvería el fondo de la cuestión.
Porque, ¿Qué hacemos con los despidos que se producen todos los días y los que la crisis va a producir en el corto plazo? ¿Qué posición tienen los dirigentes aceiteros? ¿Que se arreglen como puedan? Como tuvieron que hacer los despedidos de Cargill, Cofco de Valentín Alsina y tantas aceiteras chicas del interior. ¿Dónde quedan entonces las referencias a la clase obrera que hacen los dirigentes en sus discursos?
Para garantizar la ocupación para el conjunto de la clase trabajadora, con un salario que cubra la canasta familiar (que ronda los $70 mil), que es lo más elemental que un trabajador puede pedir (tener trabajo y un salario, que sólo es digno si permite sostener en condiciones respetables a la familia), lo que hay que hacer es expropiar sin indemnización a todo el complejo oleaginoso que maneja gran parte de la riqueza del país y confiscar las ganancias de la exportación agropecuaria, menos lo necesario para garantizar la nueva siembra y un sueldo para las patronales agropecuarias. Si las patronales se resisten hay que pasar directamente a la confiscación de toda la tierra de la pampa húmeda y de las grandes haciendas y extensiones de tierras en todo el país. Con el apoyo de técnicos y especialistas, los trabajadores rurales pueden hacerse cargo perfectamente de la producción. El Estado debe establecer el monopolio del comercio exterior e interior expropiando a las grandes cadenas de distribución y comercialización. Esa es la única manera de garantiza la “soberanía alimentaria” y el control de precios que impida la especulación.
Además, hay que declarar el no pago de la deuda externa, tanto con el FMI como con los acreedores privados, y de los grandes tenedores de bonos de la deuda pública interna.
Con los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias y la estatización de la banca, concentrándola en un banco único, bajo el control de los trabajadores en el marco de un Estado Obrero, se puede elaborar un plan integral de producción tanto en el plano industrial -partiendo de expropiar tanto los grandes grupos de la burguesía local como imperialista-, como en el de la producción agropecuaria, para que -en un país que según se dice produce alimentos para 400 millones de personas- no falte la comida en la mesa de cada uno de los trabajadores que habitan este país.
Este es el único programa que puede salvar a los trabajadores del pozo de mayores miserias que nos espera. Pero este programa sólo lo podemos llevar adelante los trabajadores si somos capaces de construir un partido revolucionario y luchar hasta tomar el poder del Estado e instaurar un Gobierno de Trabajadores.
10/7/20