En medio de este “industricidio” nacional provocado por la política económica del gobierno de Milei, una de las fábricas ícono en la producción de maquinaria agrícola, situada en Las Varillas (provincia de Córdoba), está atravesando uno de sus momentos más delicados. Se trata de Pauny, una fábrica recuperada en 2002 como cooperativa tras la quiebra de la marca Zanello, llegando a consolidarse antes de la crisis actual, como la cuarta marca en ventas de tractores a nivel nacional.
Las ventas de la empresa comenzaron a caer progresivamente hace dos años. La producción pasó de 200 tractores mensuales a apenas 22 en julio, hasta llegar a cero en agosto. Frente a esto, en el último cuatrimestre de 2025, la patronal llevó adelante una reducción de la jornada laboral a un día a la semana, pagando solo el 70 % del salario.
Hoy, la firma acumula atrasos en el pago de los sueldos de sus 510 trabajadores. Esta situación se combina con deudas millonarias con sus acreedores —como los 19 millones de dólares que le debe al Banco Nación—El escenario es crítico para una ciudad de 20 mil habitantes, dado lo que representa la fábrica para la economía diaria de Las Varillas y sus alrededores.
En agosto, después de nueve meses de ausencia, la burocracia peronista de la UOM, seccional San Francisco, cuyo dirigente es Lucas Sarmiento, se hizo presente por fin en Pauny. Pero como siempre hacen, vinieron a bajar la línea arreglada entre cuatro paredes con la patronal. Allí, les anunció a los trabajadores que firmaría una extensión de la reducción de jornadas para septiembre y octubre (aunque en una entrevista reciente admitió que la medida se mantendría hasta fin de año). Ese mismo acuerdo, supuestamente les prometía a los trabajadores que la empresa se iba a poner al día con los salarios adeudados, algo que jamás ocurrió.
Actualmente, los obreros siguen sin cobrar lo que les corresponde y sufren una reducción de jornada en la que no trabajan ni lunes ni martes, percibiendo semanalmente apenas el 70 % del jornal (de carácter no remunerativo) por esos días. Es decir que la empresa irá pagando lo adeudado con lo que ahorra de la reducción de la jornada; o sea, es la extensión de la deuda patronal a los obreros con el aval legal del sindicato. Suerte para aquellos trabajadores que consigan una changa para los lunes y martes, cuando lo que menos hay es laburo y se vive al día, endeudados para poder afrontar los gastos y los alimentos de las familias.
Hoy se vive el brutal ajuste y la apertura de importaciones del gobierno antiobrero de Milei, pero no hay que olvidar que, durante la famosa “década ganada”, estas patronales industriales se “la llevaron en pala” —como reconoció la propia Cristina Kirchner—. Sin embargo, no invirtieron nada para aumentar la producción industrial que fomente una mayor contratación de trabajadores. El resultado actual es un producto caro, frente al capital imperialista de mayor tecnología.
Y esto no ocurre solamente en Pauny. En la localidad de San Francisco, la empresa Sachs —fabricante de componentes de transmisión y suspensión para la industria automotriz— también está aplicando una reducción de la jornada laboral de tres días al mes, pagando solo el 70 %. Es evidente que hay un plan armado de conjunto entre la dirección de la UOM y las patronales, con la venia del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, ya que en distintas fábricas se está ejecutando exactamente la misma política.
Por eso, así como las patronales y los dirigentes sindicales traidores tienen un plan para descargar su crisis sobre el lomo de los obreros, las bases deben sacarse de encima a la cúpula de la UOM que decide a sus espaldas. Es urgente comenzar a realizar asambleas para discutir un plan de lucha, sumando a los compañeros de otras empresas de la región, como por ejemplo los compañeros de Sachs, pero también apelar a la juventud y a la población en general, ya que todos van a ser afectados si cierra esta empresa o si despide masivamente. Una vez que se junte la fuerza suficiente, hay que arrancarle a la burocracia de la UOM un paro regional y si no hay respuestas, empezar a discutir otro tipo de medidas de lucha.
El planteo tiene que ser, ningún despido ni rebaja salarial, por el reparto de las horas de trabajo. Llaryora (a través de los intendentes de la región) quien hace campaña política enarbolando la defensa de la industria cordobesa tiene que dejar hablar al aire y tomar medidas concretas. Si las patronales, después de llenarse los bolsillos, acusan que no tienen plata, la provincia debe estatizar las plantas que cierren o despidan personal. Córdoba es una provincia muy rica así que puede acordar canales directos de venta de tractores con los pequeños empresarios agrícolas, brindando facilidades de compra y créditos blandos. Solo así, la ganancia de lo producido podrá destinarse a los verdaderos productores de la riqueza que somos los trabajadores, ampliando los puestos de trabajo e invirtiendo para modernizar la industria, algo que la clase capitalista ha demostrado ser incapaz de hacer.
Nico, 20/9/26