La salud pública en Argentina ya era un desastre antes de que asumiera el gobierno Milei. Cuestión que pudo ser constatada cuando fue la Pandemia, con resultados lamentables para toda la población trabajadora. Sin embargo, las consecuencias de esa catástrofe, hubieran sido mucho peores, si no fuera por el esfuerzo sobrehumano de los trabajadores de la salud. Fue por eso que muchos compañeros pagaron con su vida haber tenido que afrontar esa situación extraordinaria.
Pero ya al final de la Pandemia, la situación volvió a la “normalidad”. Los trabajadores de la salud pasaron de ser “héroes” a ser tratados por todos los gobiernos capitalistas como lo fueron toda la vida, un simple número a recortar. Lo poco que se pudo avanzar en cuanto a tecnología y equipamiento, así como en insumos y en cantidad de personal, empezó a ser paulatinamente recortado, tanto por el gobierno de Alberto/CFK/Massa, como por todos los gobernadores e intendentes en las provincias. Pero si el sistema de salud ya venía con un pronóstico delicado, con el gobierno de Milei, pasó a estar en estado vegetativo. Una reducción inaudita de personal y presupuesto en hospitales nacionales y organismos descentralizados.
Lo que está cada vez más claro, que la nueva “normalidad” del sistema capitalista en Argentina, busca eliminar paulatinamente la salud pública. Quien necesite de una atención de calidad tendrá que ir al sanatorio privado, mientras puedan pagarlo, y los que no pueden se enfermarán y morirán. Así de cruda es la realidad que estos gobiernos al servicio del gran capital imperialista, le dejarán a las futuras generaciones de trabajadores.
Aunque nunca se dio a conocer un listado oficial de hospitales y estructuras que perderán trabajadores, se supo de la no renovación de 1.400 contratos en varios lugares. Por ejemplo, en la sede misma del Ministerio de Salud nacional, en el Instituto Nacional del Cáncer (INC), en la Superintendencia de Servicios de Salud, en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán), en el PAMI, en el Hospital Español (depende de este último), y en los hospitales nacionales, Posadas, Bonaparte, Sommer, René Favaloro y Cuenta Alta, entre otras dependencias.
Y como si fuera poco, ahora Milei, perro faldero de su “amo” Trump, acaba de retirar a la Argentina de la OMS. Lo cual va a tener, como lo manifiestan varios especialistas, consecuencias muy negativas para todo el sistema de salud. Por ejemplo desaparecerá el apoyo a enfermedades transmisibles y no transmisibles así como toda la coordinación a nivel global con el tratamiento de enfermedades de salud mental y materno infantil, vacunas, entre otras. Se perderá la colaboración de institutos Internacionales con el INCUCAI (donación de órganos) con el Instituto Malbrán, etc. En síntesis, se profundiza el desastre calamitoso en el que ya nos encontramos.
La burocracia sindical de ATE y UPCN son también responsables de esta sangría de despidos, recortes y ajuste. En el caso de Andrés Rodríguez, de UPCN, directamente esta entregado a la patronal, al gobierno. Rodolfo Aguiar de ATE, tiene un discurso “combativo”, recorre los medios de comunicación hablando con gestos ampulosos, y amenaza al gobierno, pero en los hechos no organiza ningún plan de lucha consecuente. Por eso de estos dirigentes, no podemos esperar nada, no queda otra que organizarse, impulsando asambleas por la base, coordinando entre todos los sectores afectados, para impulsar un plan de lucha hasta hacer caer el plan de ajuste del gobierno de Milei y las patronales.
El caso del Hospital Bonaparte
De la no renovación de los 1.400 contratos laborales, 184 son trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. A esta situación se suma que el gobierno recortará más de $700 millones del presupuesto. En octubre de 2024, los trabajadores impidieron que se aplique esa medida, y ahora denuncian que el gobierno sigue buscando el ajuste y hasta la amenaza de cierre.
El 15 de enero a la noche se recibieron telegrama de despido alrededor de 200 trabajadores de diferentes servicios, quedando el Hospital actualmente con aproximadamente un 40% de trabajadores menos. Esto implica que los servicios no se van a poder reorganizar para brindar la misma atención que se brindaba.
Al día siguiente, los trabajadores convocaron una asamblea abierta y allí resolvieron mantener la permanencia en el Hospital enfrentando este nuevo intento. La segunda medida fue una convocatoria a un «acto-abrazo» a la institución, que se realizó lunes 20 de enero con la propuesta de invitar a representantes de los hospitales afectados por este recorte y despidos junto a otras organizaciones sindicales y sociales. Otras propuestas que se votaron en la asamblea de trabajadores fueron promover un paro y movilización de salud a nivel federal e impulsar el fondo de lucha.
El 31 se realizó, una nueva jornada de lucha con un acto y festival contra los más de 200 despidos que implican su vaciamiento, lo que equivale a cerrarlo. Del acto también participaron trabajadores despedidos de Shell, Pilkington y Volkswagen llamando a la unidad de los trabajadores. Al día siguiente 1F los trabajadores del Bonaparte marcharon junto con la multitud contra el gobierno de Milei. Y continúan con actividades de difusión de la situación del Hospital.
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En la provincia de Santa Fe, el gobernador Pullaro, también recorta
En Santa Fe, por un lado está el problema de la infraestructura. Hay falta de insumos médicos en los hospitales, y más claramente en los APS o Centros de Salud. Donde más se expresa este problema es en la falta de medicamentos, por ejemplo la medicación psicotrópica, los anticonceptivos, las drogas oncológicas y cardiovasculares. Los médicos denuncian que los pacientes se van sin sus tratamientos o hay que cambiarles todos los meses la medicación por otra distinta. Además hay que sumarle que los edificios se caen a pedazos. En la tormenta del 5 de febrero, circulaban videos de como los techos de varios efectores se llovían por todos lados.
El otro aspecto del recorte es la falta de personal. Los profesionales médicos se van de la atención pública a trabajar al sector privado, básicamente por los bajos salarios y por las condiciones de trabajo paupérrimas. Las renuncias de los profesionales es moneda corriente, un profesional con 9 o 12 años de que atiende en una guardia, en una terapia o en un consultorio de un centro de salud u hospital cobra hoy 950.000 pesos o sea casi un 50% menos de la canasta familiar.
El caso de la colonia psiquiátrica de Oliveros
Solamente en ese efector quedaron sin trabajo un grupo de compañeros a los que no se les renovó contrato, dado que desde la gestión se autorizaron un 25% de los días de reemplazo que se venían autorizando. Hasta allí eran 2200 días, pasando a ser solo 500. Esto implica que 78 trabajadores y sus familias ya no tendrán ingresos y además se sobrecarga de trabajo al plantel que queda, con la consecuente pérdida de calidad y capacidad prestacional. ¿Y lo que no se puede atender allí, se atenderá en otro efector? Seguramente no, dado que la política de recorte y ajuste atraviesa a todos los efectores que prestan servicios en el campo de la salud mental.
En los últimos meses ha crecido significativamente el número de internaciones en los hospitales generales, un poco consecuencia de lo anteriormente expuesto, y otro poco por las consecuencias de la descomposición social producto de la crisis económica. Pero no solo aumenta la demanda en el rubro internaciones, sino también en los pedidos de consulta espontánea en consultorio externo y de otros servicios a modo de interconsultas.
Podríamos pensar que la ley de salud mental 26657, reglamentada hace ya 12 años, sería la excusa para hacer recortes en los hospitales monovalentes (manicomios). Ahora bien, nada de lo que dice el resto de la ley se lleva a cabo en el ámbito público para poder brindar atención adecuada a los usuarios. Ni la ejecución presupuestaria, ni la creación de dispositivos que sustituyan al manicomio en la medida requerida, ni el aumento de recursos humanos y tecnológicos en hospitales generales, etc. Es decir, lo que la ley habilita a recortar y ajustar, se recorta y se ajusta. Lo que la ley obliga a invertir y financiar, poco y nada.
Javkin en sintonía fina con Pullaro
En elámbito municipal, si bien no se produjeron despidos, la planta municipal en lo que se refiere a trabajadores de la salud mental, no ha crecido en los hospitales para poder responder adecuadamente al aumento de situaciones de urgencias. Solo se ha reforzado de modo insuficiente algunos centros de salud. En relación a la infraestructura y recursos humanos y tecnológicos, no hay inversión alguna, es exactamente igual a la de 12 años atrás, cuando se reglamenta la ley nacional de salud mental. Según ésta, desde entonces, el 10 % del presupuesto en salud debe destinarse a salud mental. Según datos “filtrados” no oficiales, la secretaría de salud pública de la ciudad de rosario estimaba un gasto de 3.7 % en 2024.
Si a esto le sumamos declaraciones de la Secretaría de Salud Municipal diciendo que la demanda en salud mental había aumentado un 30%, es evidente que estamos padeciendo el mismo ajuste, la misma motosierra. El Sindicato Municipal (STMR) “trabaja codo a codo” con el intendente -es decir con la patronal- dejando correr esta situación. Cuando sienten subir la temperatura de los trabajadores amagan que van a tomar alguna medida de fuerza, pero la sangre nunca llega al río.
Hospital Gamen y los Centros de Salud provinciales de Villa Gobernador Gálvez (VGG)
La situación de la salud en general y pública en particular es igual que en el resto del país, calamitosa por donde se lo mire. Como hace años lo venimos denunciando, toda la región sur de la provincia de Santa Fe, desde VGG hasta Villa Constitución, no dispone de un hospital que pueda hacer frente a la demanda de una región de 200 mil habitantes. Prácticamente no hay una terapia intensiva, ni tomógrafo o resonador y casi no hay ambulancias. Como ya ha sucedido, si se produce un accidente en algunas de las grandes empresas que operan en la zona, hay que recurrir a un hospital del centro de Rosario.
En el caso del hospital Gamen, la actual gestión del hospital, va a quedar en la historia por ser los primeros que impulsaron los descuentos a los compañeros que reclamaban por el no pago a los trabajadores contratados. Se sacan fotitos todo el tiempo simulando que están haciendo algo productivo, pero no resuelven ni lo más elemental. A la hora de disciplinar, la dirección aplica el ajuste como buenos soldaditos que son del gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Dicen no tener plata para cubrir los salarios o los problemas de infraestructura, pero sí para garantizar el control de los trabajadores, colocando los relojes en los Centros de Salud (APS).
En los APS la situación es desastrosa. Los compañeros están trabajando en condiciones donde se complica realizar una atención adecuada. No solo los problemas edilicios y la falta de insumos sino que la patronal los obliga a mantener abiertos a los centros de salud sin personal profesional (médicos). Cuando se produce una emergencia la responsabilidad recae absolutamente sobre los compañeros que no son personal médico teniendo consecuencias graves para la integridad física de los trabajadores.
Por otro lado, hay que mencionar el rol de las direcciones sindicales que son incapaces de llevar adelante un plan de lucha que recomponga la pérdida salarial de más del 30% del 2024. Tanto la dirección provincial (Verde y Blanca) que avala todos los aumentos paritarios a la baja del Gobierno sin chistar, como la Verde regional, quienes tampoco sacan los pies del plato. No organiza más que paros aislados (como el que hizo en geriátrico Provincial o en Hospital Agudos Ávila) y de esa manera pretenden posar de que algo hacen. Hacen siempre la misma, mantienen todos los conflictos unos aislados de los otros. Cada sindicato que está en salud, opera como si fueran compartimentos estancos. Esa es la política de la burocracia, mantener a los trabajadores aislados y cada burocracia cuidando su quintita.
Por eso, los trabajadores, la Junta Interna del Gamen, y los delegados de los APS tienen que seguir fortaleciendo la asamblea, que es la principal herramienta que tienen para organizarse, y junto con los vecinos que también son trabajadores, definir cuáles son las mejores medidas de lucha para hacer visibles todas las problemáticas. Es el método que mejores resultados les ha dado hasta ahora para defender los intereses más elementales, en contra de la las direcciones sindicales burocráticas y la ofensiva patronal. —————————————————————————————————————————————–