Ley del manejo del fuego

Algunos datos

El 2020 en Argentina, ha sido año récord en cantidad de focos de incendios, se han alcanzado casi 70 mil puntos de incendios con más de 900mil hectáreas quemadas. Los incendios están afectando a más de la mitad de las provincias y según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el 95 % de los casos fueron provocados por acción humana. Lo que hay detrás de estas acciones masivas y deliberadas son los intereses económicos de un grupo de empresarios que pretenden reemplazar áreas naturales por zonas de explotaciones agropecuarias, negocios inmobiliarios y desarrollos urbanísticos con el fin de seguir llenándose los bolsillos, sin importar las terribles consecuencias ambientales y sociales que esto implica.  

Además, a estos incendios premeditados se le suma el proceso de calentamiento global que aumenta la temperatura del planeta y ha hecho que el período que va de enero a septiembre de 2020 haya sido el segundo más cálido en los registros a nivel global. Este aumento de la temperatura es consecuencia, sobre todo, de la cantidad en exceso de emisión de CO2 que emiten la quema de combustibles fósiles -petróleo, gas y carbón- realizada por las grandes industrias en manos también de la burguesía; exceso de CO2 que por la misma deforestación como consecuencia de la extensión de la frontera agrícola ganadera no puede ser asimilada. Esto, sumado a las bajas precipitaciones, hace muy difícil que los incendios puedan ser controlados, sobre todo con el miserable presupuesto destinado para protección y cuidado; una gran cantidad de bomberos realizan su trabajo de manera voluntaria y en muchos casos los incendios son apagados por los mismos trabajadores y pobladores que intentan que el fuego no siga avanzando y arrase con sus casas.

Pequeñas modificaciones que no solucionan el desastre ecológico causado por los incendios intencionales de la burguesía.

Ante el descontento general de una gran parte de la población, el 4 de diciembre, con 41 votos a favor y 28 en contra, el Senado aprobó la modificación de la Ley del fuego. Así, para dar “respuesta” y para seguir haciendo demagogia, como hicieron con el del “aporte” solidario o el del aborto para reubicarse luego de la brutal represión en Guernica, el proyecto que presentó Máximo Kirchner, obtuvo sanción completa.

La realidad es que el proyecto tratado sólo realiza algunos cambios al artículo 22 bis de la ley 26185. En el 2017 este artículo establecía que, en caso de incendios de superficies de bosques nativos y no productivos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrían realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio.

Lo que establece la nueva modificación son nuevas áreas cuyo uso y destino del suelo no pueden ser modificados en caso de incendios naturales o intencionales. A su vez agrega que no se permite la fragmentación, loteo o la realización de nuevas actividades agropecuarias en áreas afectadas. Además, establece períodos de 60 años de prohibición para bosques, áreas protegidas y humedales, como así también un período de 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales y matorrales. Considerando esta cantidad de años la necesaria para garantizar la recuperación y restauración de las superficies incendiadas y desalentar las especulaciones financieras e inmobiliarias.

Una de las cuestiones que más llama la atención es que, tanto los bosques nativos como los no productivos y también las áreas naturales protegidas, ahora incluidas en esta ley, ya poseen una regulación especial (Ley de Parques Nacionales) que intenta garantizar su cuidado y establece la prohibición del cambio del uso del suelo en dichos territorios de forma permanente para proteger sus ecosistemas. Es decir, el proyecto de ley aprobado reduce esta protección. Además, los plazos establecidos no distinguen tampoco los distintos tiempos de recuperación de cada territorio, siendo también insuficientes para que se logre. Lo que el fuego devora en dos días puede tardar más de 100 años en recuperarse, como los bosques nativos.

Por otro lado, surgen algunos interrogantes por la falta de claridad, ¿Desde cuándo tiene efecto la prohibición? La modificación no determina si es retroactiva su aplicación o si la gran cantidad de suelos ya quemados este año, no son considerados. ¿Qué ocurriría con las quemas legales reguladas por la ley 26562, que son quemas autorizadas en el marco de aprovechamientos productivos por parte de la burguesía? Existe un vacío legal, que como siempre será utilizado en defensa de la propiedad privada.

Lo real es que esta ley no alcanza para nada, por un lado, porque lo concreto es que para poder implementarla es necesario destinar un presupuesto acorde para cuidar, recuperar y restaurar las hectáreas incendiadas. Como ya sabemos el gobierno viene realizando un brutal recorte del gasto público y lo destinado al cuidado del medio ambiente no es la excepción. Este es otro aspecto preocupante, pues el objetivo principal de la ley del fuego es destinar un presupuesto mínimo propicio y la cantidad de dinero destinado para el 2021 es aproximadamente la mitad que el destinado en el 2020.

Pero, además, aunque se destinara un presupuesto acorde, las tierras seguirán en poder de los mismos empresarios que hasta ahora estuvieron quemando y desmontando a mansalva; y aunque no pudieran modificar el uso que hacen de la tierra, seguirían quemando para seguir usufructuando con los negocios que ya realizan, ya sea para promover el rebrote para la alimentación de bovinos o como un medio para regular el desarrollo de plagas.

Ley Yolanda

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Claramente, el gobierno intenta mostrarse preocupado por los incendios y el cambio climático ante un sector de votantes. Por eso aprueban leyes como la “Ley Yolanda” que establece la formación de sus funcionarios en materia ambiental; como si los acuerdos nocivos para el planeta y nuestra salud, entre los gobiernos burgueses y las mineras, petroleras, empresas agroindustriales, etc., se debieran a una falta de educación. ¿O acaso Cristina Kirchner no tenía conocimiento sobre la contaminación de los suelos y el agua que produce el Glifosato y sus efectos cancerígenos cuando pactó con la Monsanto? ¿O los gobernadores Capitanich y Perotti no saben del potencial pandémico de tener granjas porcinas en condiciones de hacinamiento al querer firmar el acuerdo con China? ¿O el gobierno nacional y popular no sabía, al destinar el mínimo “aporte solidario” para subsidiar a los empresarios del fracking que tiene consecuencias en el medio ambiente y en la salud de las personas, que al ser una perforación especial tiene riesgos añadidos a los habituales como la explosión, escapes de gas, escapes de ácido sulfhídrico que es muy tóxico? ¿Tal vez Arcioni no sabe de la contaminación del agua por el uso de cianuro que deja la megaminería que quiere aprobar en su provincia? Cristina Kirchner no desconocía para nada las consecuencias de la megaminería sobre el agua, pero los acuerdos con la Barrick Gold valen más que la contaminación de muchos pueblos. Esos son los intereses que en verdad defiende y por eso vetó la Ley de Glaciares en 2008.

El problema no es de falta de educación de los funcionarios estatales. El problema es el carácter de clase que tiene el Estado burgués semicolonial argentino. Sus gobiernos patronales responden a las necesidades de mantener la propiedad privada capitalista y su ganancia. El Estado argentino es el garante de que la burguesía agraria local e imperialista (que es la responsable de la destrucción de la naturaleza) conserve la propiedad sobre la tierra y la explotación de los recursos del suelo. La clase capitalista vive y acumula su capital explotando a la clase trabajadora y depredando el planeta porque sólo le interesa el aumento de sus riquezas. Entonces, ¿Cómo podría un partido burgués como el peronismo, que es un partido que gestiona el Estado burgués y defiende el orden capitalista, sostener un programa que vaya contra el capitalismo y permita una armonía entre la naturaleza y las necesidades productivas de la sociedad?

Este gobierno con careta “ecologista”, va a pagar la deuda al FMI sin importar que eso signifique una brutal reducción del presupuesto en materia ambiental, a su vez, con la excusa de que tiene presiones económicas por la reestructuración de deuda con los fondos de inversión privados como Black Rock, permite mayor impacto nocivo sobre el medio ambiente a las grandes empresas extranjeras sobre las que este fondo tiene acciones. Estas concesiones son un ejemplo de los intereses que este gobierno defiende realmente, los de las grandes multinacionales contaminantes.

Black Rock además de tener inversiones en deuda argentina por millones de dólares, es copropietario de 17 mil empresas entre las cuales se encuentran las dos gigantes fusionadas Bayer-Monsanto, YPF o las grandes mineras como la Barrick Gold que son algunas de las empresas que obtienen sus ganancias destruyendo el planeta. El propio secretario de Minería, designado por Fernández, Alberto Hensel, es un reconocido lobbista megaminero que permitió varios derrames de solución cianurada y mineral de oro sobre las aguas en la provincia de San Juan, a la Barrick Gold.  

Pensar en un “ecocapitalismo”, es decir en que el sistema capitalista sea “amigable” con la naturaleza, cuando las decisiones que se toman sólo intentan responder a hacer más ricos a un puñado de burgueses, es imposible. La única manera de hacer posible que las actividades económicas se realicen de manera verdaderamente “sustentable”, es a través de la planificación de la economía que sólo puede ser garantizada por un gobierno de los trabajadores impuesto por una revolución que destruya el Estado burgués (que garantiza la propiedad privada) y expropie a los capitalistas. Así produciremos en base a un plan económico racional elaborado por nosotros mismos, para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador y no las de los ecocidas capitalistas.

                                        Juventud PCO

                        *

“El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en Economía política. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en riqueza (…)

A cada paso, los hechos nos recuerdan que nuestro dominio sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de un conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el dominio de alguien situado fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y de aplicarlas adecuadamente.

En efecto, cada día aprendemos a comprender mejor las leyes de la naturaleza y a conocer tanto los efectos inmediatos como las consecuencias remotas de nuestra intromisión en el curso natural de su desarrollo. Sobre todo, después de los grandes progresos logrados en este siglo por las Ciencias Naturales, nos hallamos en condiciones de prever y, por tanto, de controlar cada vez mejor las remotas consecuencias naturales de nuestros actos en la producción, por lo menos de los más corrientes. Y cuanto más sea esto una realidad, más sentirán y comprenderán los hombres su unidad con la naturaleza, y más inconcebible será esa idea absurda y antinatural de la antítesis entre el espíritu y la materia, el hombre y la naturaleza, el alma y el cuerpo (…)

Sin embargo, para llevar a cabo este control se requiere algo más que el simple conocimiento. Hace falta una revolución que transforme por completo el modo de producción existente hasta hoy día y, con él, el orden social vigente. Todos los modos de producción que han existido hasta el presente sólo buscaban el efecto útil del trabajo en su forma más directa e inmediata.”

Friedrich Engels en “El papel del trabajo en la transformación
del mono en hombre”. Año 1876

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