Llevamos más de dos meses de “aislamiento social”. En este tiempo los trabajadores sufrimos las circunstancias de una cuarentena atravesada por las diferencias de clase. Por un lado los que tienen un sueldo y una casa con todas las comodidades y por otro los pobres que vivimos con la plata al día y muchas veces sin siquiera lo mínimo e indispensable como el agua potable (cuando te indican lavarte las manos todo el tiempo). Ante esta situación difícil y angustiante, desde los 3 gobiernos quieren emparchar con curitas una olla hirviendo que todo el tiempo va a rebalsar producto del desempleo y el hambre que se va acumulando.
Hay una parte de los trabajadores que están sin ir a trabajar y cobran una parte del salario, otros miles fueron despedidos como los de Techint o el frigorífico Penta (incluso en esta última, el dueño es militante del PJ y despidió sin que a Fernández se le moviera un pelo al violar su decreto presidencial anti despido). Sin embargo es peor la situación de aquellos trabajadores precarizados: los que trabajan en negro o que les renuevan el contrato cada tanto: albañiles, pintores, empleadas domésticas, niñeras, la juventud precarizada, etc. engrosando la gran masa de desocupados crónicos que ya arrastraba el país. Se calcula que un 45% de los habitantes de Argentina están bajo la línea de pobreza (y un 60% de los niños son pobres). Estamos hablamos de los trabajadores que viven “el día a día” y que por ende si no salen a trabajar, no comen.
¿Cuál fue la “ayuda” del gobierno en estos meses de cuarentena? Un subsidio de 10 mil pesos, que no solo no cubre ni el piso de la canasta básica familiar, y que ni siquiera llegó a todos los hogares. Todavía muchos compañeros nos dicen que ni siquiera cobraron la primera cuota. El gobierno se jacta de repartir “bolsones” mensuales de mercaderías que fueron distribuidas a las escuelas de los barrios, pero apenas contienen 10 miserables productos.
Los medios de comunicación se ven obligados a mostrar en el área metropolitana de Buenos Aires una cruda realidad que ningún gobierno patronal pudo jamás resolver: la “cuarentena” de los barrios más pobres, donde el hacinamiento y la falta de inversión pública son un coctel explosivo para el crecimiento de los contagios.
En La Villa 31, que desde 2009 a 2013, aumento su población de 27 000 a 40 000 habitantes, es donde se detectaron los focos más alarmantes. Sumados a los de la 31-14 suman ya 22 muertes, de los cuales 3 eran activistas barriales: Ramona Medina, Victor Giracoy y Agustin Navarro, que organizaban merenderos y comedores.
Otro tanto en provincia de Buenos Aires, como el caso en Villa Azul, Quilmes, donde luego de detectarse un nuevo foco con 84 infectados, el barrio, tiene que afrontar el aislamiento total sin tener las mínimas condiciones de vida resueltas. Los límites del barrio se encuentran cercados por la policía, que impide el ingreso y el egreso, militarizando el barrio y complicando a los vecinos que deben salir para trabajar.
Pero mientras los voceros del Gobierno Nacional, Provincial (Kicillof) y de la Ciudad de Buenos Aires (Larreta), hacen el esfuerzo de mostrarse responsables frente al aumento de los focos e intentando demostrar que poco a poco se va controlando la situación, la realidad es que en los barrios populares la situación crítica puede extenderse más de lo esperado. Las paupérrimas condiciones de vida dejan a los trabajadores expuestos a rebrotes constantes, por lo que la situación en los barrios va a continuar acumulando hambre, enfermedad, muerte y bronca.
Los barrios obreros organizan ollas populares y merenderos, para enfrentar la crisis
A partir del desempleo y el hambre ha surgido el fenómeno de las “ollas populares” en los barrios. Son por iniciativa y financiados por los mismos trabajadores organizados en clubes, vecinales, sociedades de fomento y hasta en casas particulares, para poder garantizar un plato de comida en la mesa de los que están más golpeados por la crisis. Son expresiones de solidaridad para responder a la demanda frente al Gobierno capitalista, (todos: nacional, provincial y municipal) que mientras subsidia a las grandes patronales como Techint y Coca Cola y paga millones de dólares al FMI por vencimientos de deuda, entrega miserables subsidios y “bolsitas” alimentarias a los trabajadores y pobres de los barrios.
Pero la solidaridad de los mismos trabajadores que pueden aportar para las ollas, se va agotando a medida que los bolsillos se vacían, los partidos patronales meten su aguijón, buscando sobornar a los activistas independientes para que se liguen a sus aparatos partidarios, a cambio de la promesa de conseguir alguna prebenda para así tener un mejor control político, mediante sus punteros.
A medida que la crisis se desarrolla las ollas pueden seguir aumentando y la solidaridad entre vecinos e instituciones de caridad no va alcanzar, por eso va a surgir la necesidad de una mejor coordinación entre todas, para arrancarle al Estado patronal, algo de todo lo que nos han robado.
Lo que nosotros exigimos, NO es ninguna limosna, eso que ellos “nos dan” como queriéndonos hacer un favor, es solamente una parte muy pequeña del trabajo del conjunto de nuestra clase.
Luchar contra el hambre en lo inmediato está muy bien, pero debemos empezar a organizarnos para luchar contra los partidos patronales y el gobierno, denunciando que juegan con el hambre del pueblo.
Ante eso no podemos pelear cada cual por su lado, la exigencia al gobierno para que garantice la comida, tiene que ser de todos de manera coordinada. Si cada “olla” solo se preocupa por “su” grupo, ellos nos mantienen divididos y eso nos debilita.
Debemos lograr realizar una gran asamblea de todas las ollas, entre los vecinos que las organizan, los que acuden a ella, más las vecinales, sociedades de fomento o las bibliotecas, u otro tipo de organismo de barrio.
Nuestro objetivo a corto plazo tiene que ser lograr realizar una asamblea en cada olla para discutir no solo como organizar el trabajo, sino que política se tiene para exigirle al gobierno con más y mejor fuerza. También tenemos que votar delegados, que sean removibles y que siempre tengan que ir con un mandato votado por la mayoría, para lograr esa gran asamblea que represente las necesidades reales de los trabajadores del barrio. Es una forma que con la que podremos organizarnos y luchar para que el Estado se haga cargo de sostener las mercaderías que necesitamos, sin perder “el control” de las “ollas”, a manos de los punteros.
Organicemos las autodefensas en los barrios
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Pero cuando el Gobierno se da cuenta que los activistas “no quieren comer de su mano” empiezan a mandar a sus “perros de presa”, la cana o sino peor, la gendarmería.
Vienen a los barrios a provocar, nos amedrentan, nos “bardean” nos piden cosas que saben que no tenemos. Porque muchas veces no tenemos todos los papeles de la moto, patentes, seguros, etc. y no es porque no queremos tenerlos, sino que la mayoría de las veces no llegamos a pagarlos, porque de casualidad tenemos para comer.
Es lo que pasa en los barrios todos los días, solo que a veces, nosotros estamos organizados y podemos hacerle frente a estos abusos, como pasó en el Barrio José Ingenieros cerca del 7 de septiembre de Rosario, hace un mes atrás.
El gobierno sabe que la gente no se quedará en su casa esperando morir de hambre. Entonces fortalece a las fuerzas de represión para entrar a los barrios a reprimir. Pero esta organización de vecinos en las “ollas” también nos permite defendernos del “abuso policial”.
Contra la policía que controla los barrios y reprime, tenemos que organizar cuadrillas de seguridad entre los mismos trabajadores para que no se entrometan, ni persigan a los jóvenes que están en las ollas, garantizando también el control del tránsito, y la bioseguridad. Además para hablar a los pibes que no caigan en provocaciones ni de la cana ni tampoco de los narcos, en síntesis cuidarnos entre nosotros, los trabajadores. Si no nos organizamos, ya sabemos cómo soluciona el gobierno los problemas: aísla los barrios y militariza con la policía.
Equipo zona norte-Rosario
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La represión del Gobierno y los gobernadores durante la Pandemia
El gobierno le ha dado piedra libre a la policía y fuerzas de seguridad, por eso hemos visto la cantidad de casos de represión en diferentes lugares del país. Es que mandan a las FF SS para que actúen de manera preventiva, intentando contener cualquier atisbo de movilización o de bronca en los barrios populares.
Con la crisis económica la burguesía está preocupada, saben que con la contención que hacen con las Iglesias y con los punteros de la burocracia de los Movimientos Sociales no les va a alcanzar. Es que se miran en el espejo y ven lo que sucede en Chile, Ecuador o en el mismo EE UU, y empiezan a temblar de miedo, ese es el motivo del porqué la cana “está cebada”.
Ya son infinidad los casos de represión, se calcula que hubo casi unas 50.000 personas demoradas, detenidas o notificadas en lo que va de la cuarentena. Algunos de estos trascienden en las redes sociales y cuando son muy masivos, los medios de comunicación masivos no tienen otra que mostrarlos.
A los obreros de Penta, reprimidos por la policía de Berni y Kiciloff, o al camionero molido a palos en General Madariaga, se le suman los tremendos casos de la razzia hecha por la policía de Coki Capitanich en una comunidad Qom en Chaco, y el asesinato del obrero agrícola, Luis Espinoza a manos de la policía de Manzur en Tucumán.
Los jóvenes de la comunidad Qom se supo que fueron brutalmente golpeados y una de sus mujeres fue vejada por integrantes de la policía, no sin antes golpearla brutalmente. Estos casos contra las comunidades de pueblos originarios en el norte de Argentina, son moneda corriente. Hace unos años, fue el caso de los 3 asesinados por la policía del amigo de Alberto Fernández: el gobernador “eterno” Gildo Isnfrán, cuando protestaban porque unos terratenientes amigos suyos, querían usurparles las pequeñas parcelas de tierra que a lo largo de los siglos aun poseen.
El caso de Luis Espinoza, es peor o igual que el caso de Santiago Maldonado (asesinado por la gendarmería a manos en ese entonces de Patricia Bullrich). En el caso de Tucumán no quedan dudas que fue la policía quien lo mató con total impunidad, hay decenas de testigos que vieron como su cuerpo fue tirado a un zanjón, luego de ser molido a palos y baleado.
Sinceramente da asco el silencio de todos los kirchneristas y reformistas, no han emitido palabra ante la represión de la policía de los gobernadores peronistas quienes (Manzur y Capitanich) fueron funcionarios dentro del propio gobierno de Cristina.