El rescate del gobierno a Vicentin ¿A quién quiere beneficiar realmente el gobierno?

El presidente Alberto Fernández ha anunciado su intención de expropiar la empresa Vicentin. Por DNU 522/2020 decretó la intervención por 60 días, mientras se discute el proyecto de ley de expropiación, que será girado en los próximos días al Congreso.  

En los considerandos del decreto se argumenta la necesidad de la expropiación por “que es sabido que la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior” y por lo tanto declara a la empresa Vicentin de utilidad pública, sujeta a expropiación. Los activos de la empresa pasan a integrar un fondo fiduciario administrado por YPF Agro S.A. En principio la expropiación pareciera que abarca solo a la empresa “madre” y no a todas las otras unidades de negocios que opera la compañía (frigorífico Friar, bodegas, textiles, etc.), pero, como el mismo decreto menciona, al ser la empresa controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno”, eso podría significar que, aunque no las expropie podrían quedar bajo el control de la administradora (YPF Agro S.A), es decir, del gobierno. En la actualidad, el grupo emplea a alrededor de 6.000 trabajadores que se distribuyen principalmente entre 2.195 en la industria aceitera (correspondiendo 1.283 a Vicentin SAIC; 806 a Renova; 58 a Renopack y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 en el sector algodonero; 376 en la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica. 

La empresa declaró la cesación de pagos a fines de 2019 y entró en convocatoria de acreedores a principios de año con una deuda de aproximadamente 1350 millones de dólares (a valor del dólar oficial). Esta empresa de capitales argentinos venía haciendo grandes negocios hasta el 2019: “durante 2016 exportó el 8,6% del volumen total mientras que para 2019 la porción creció hasta el 10,5%. Asimismo, mostró un aumento en la facturación entre 2017 y 2019 de casi u$s700 millones al pasar de u$s3.535 millones a u$s4.256 millones”. Pero a partir de ese momento empezó a caer rápidamente por un tobogán hacia una debacle financiera prácticamente total, dejando alrededor de 2500 trabajadores cobrando a cuenta gotas su sueldo, aparentemente por haber perdido en la especulación financiera y por negocios ilegales y fuga de capitales (en particular de los créditos obtenidos del Banco Nación en el gobierno de Macri) a través de su sociedad con Glencore. 

Los argumentos del gobierno y de todos sus acólitos kirchneristas y reformistas para justificar esta expropiación, son varios. Dicen que se lograría avanzar hacia la soberanía alimentaria y, además, se podría intervenir en el mercado de cambios, forzando la liquidación de dólares.  Pero en realidad el argumento de la soberanía alimentaria no tiene sustento. La empresa “madre” es agroexportadora, no produce alimentos, sino que se encarga de acopiar granos y oleaginosas, de su molienda y exportación.  

Las otras ramas de la empresa que producen alimentos, aparentemente no estarían en el plan de expropiación. Y aunque fueran expropiadas o controladas mediante participación accionaria, por la cantidad que producen “no mueve la aguja” del mercado interno. 

En relación al otro objetivo declarado por el gobierno de forzar la liquidación de los dólares de las exportaciones, tampoco parece muy real, dado que Vicentin sólo controla el 9 % de la exportación dentro del complejo oleaginoso argentino, y al lado de los otros monstruos del rubro, las transnacionales Cargill, ADM, Cofco-Nidera-Noble, Dreyfus o Bunge, que cubren el 54% de las exportaciones, no puede hacer prácticamente nada.  

Pero justamente en el día de ayer surgió otro argumento que complementa el planteado acerca de la importancia de que el país tenga agroexportadoras de capital nacional, como el mismo DNU sostiene haciendo mención de las empresas que operan en el mercado exportador de cereales y granos de capitales nacionales (Aceitera General Deheza S.A., Vicentín S.A.C.I., Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, YPF S.A. Y Molinos Agro S.A.). Se decía ayer que, si el gobierno no la expropiaba, la crisis de Vicentin iba a terminar resolviéndose con la compra de esa empresa a bajo precio por parte de alguna otra transnacional, en referencia a Glencore, que era socia de Vicentin en Renova (cada una con el 50%) que produce principalmente biocombustibles, y a la cual en diciembre pasado le vendió 16, 67% del paquete accionario de esa empresa radicada en Timbúes, Santa Fe. Glencore ahora tienen el 66% de las acciones de Renova y Vicentin el 33%. 

Cuando el peronismo habla de “nacionalización” no quiere decir lo mismo que “estatización”. Se refiere a poner una empresa en manos capitales privados de origen nacional. Así que no se puede descartar que con la expropiación de Vicentin termine haciendo negocio la patronal “peronista” (1) de Aceitera General Deheza comprando parte del paquete accionario controlado por el Estado nacional a través de YPF Agro, en el que también serían llamados a invertir más capitales extranjeros, pero en minoría. Es decir, algo parecido (aunque empezando al revés) a lo que fue la maniobra de los Kirchner sobre YPF en 2012, en la cual primero intervino comprando acciones Enrique Eskenazi (2) con el apoyo explícito de los Kirchner, en lo que llamaban la “argentinización” de YPF, y luego terminó siendo una Sociedad Anónima por acciones en donde el Estado nacional controla el 51%. Eso explicaría en parte el porqué de las declaraciones de los dueños de la empresa, diciendo que no se oponen a que “una empresa de capitales nacionales se haga cargo” pero quieren que los indemnicen. De paso recordemos que los Kirchner aplaudieron y apoyaron la privatización de YPF concretada durante el gobierno de Carlos Menem, es decir que asociar Kirchnerismo con “nacional” o “estatal” no es correcto. Más bien hay que asociarlo con “negocio” del cual puedan sacar algo. 

Por último, vayamos al otro argumento del gobierno: que la expropiación es para preservar los puestos de trabajo afectados por la quiebra de Vicentin, que serían unos 6 mil trabajadores.  

Si realmente, el gobierno nacional tuviera preocupación por los puestos de trabajo no hubiera permitido los 1400 despidos en Techint. Es una burla a los trabajadores, que después de llamar a los dueños de Techint (Paolo Rocca) “miserables” para la TV, los despidos fueran acordados con el gobierno, aun después de que AF había emitido su DNU “prohibiéndolos”. 

Si tuviera preocupación por los trabajadores debería estar estatizando ya mismo, sin pago y bajo administración obrera, el frigorífico Penta, cuyo dueño es Ricardo Bruzzesse, otro patrón peronista-kirchnerista, que como no pudo “arreglar” con los nuevos delegados, a modo de chantaje terminó echando a 240 obreros (4).  Si tuviera preocupación por los puestos de trabajo no miraría para otro lado haciéndose el que no ve que hubo 90 mil despidos mientras su DNU prohibiendo sigue “vigente”. Para asegurar los puestos de trabajo no queda otra que estatizar toda empresa que cierre o despida masivamente. Pero eso no lo va a hacer AF, quien dice que “no soy de los que cree que el Estado debe hacerse cargo de todos” y además remarcó que “soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. No me da vergüenza decirlo”. Tampoco hay que esperar “peras” de CFK, quien ya antes reivindicó que su gobierno “fue el más capitalista de todos” (3) 

La gran preocupación de AF por estos momentos es despegarse de la idea que va a haber más expropiaciones, destacando que en el caso de Vicentin se trata de una decisión excepcional. 

Según los periodistas hay dos tipos de voceros del gobierno, los kirchneristas que hablan para la tribuna diciendo “vamos por todas”, y los que como AF le hablan a “los mercados”. 

Sin embargo, el carácter de “rescate” patronal de la empresa que tiene esta expropiación lo revela expresamente el propio AF cuando respondiendo a los que critican la decisión del gobierno, explica que no expropian una empresa próspera, sino una que está en quiebra, y que “…como Estado nos hacemos cargo” por eso.  

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“Prefiero llamarlo Ley de Rescate Vicentin” reconoció AF que, además, dijo claramente el “Estado toma las riendas con una lógica que no es la de que expropia y pone un político al frente, sino una empresa gerenciada como fue con YPF, con el rigor de una empresa de mercado“La verdad es que el remedio que encontramos tiene que ver con medidas que usan los estados más capitalistas del mundo”. 

Lo cual es cierto, ya que en varios países de Europa están haciendo lo mismo: el gobierno de Italia ya anunció la nacionalización de la empresa aérea Alitalia, mientras que Merkel en Alemania, acude al rescate de empresas como Adidas vía préstamos y ahora está queriendo rescatar Lufthansa. Otro tanto el gobierno de Francia donde el Estado ya es accionista mayoritario en empresas consideradas estratégicas, las energéticas Engie y EDF, de telecomunicaciones Orange, la Renault y Air France-KLM. Macron dijo va a hacer todo lo que tenga que hacer para seguir manteniéndolas bajo su esfera.  

O sea, estamos hablando de gobiernos que son capitalistas hasta la medula y que han llevado adelante grandes paquetes de ajuste.  

Por eso en realidad el gobierno lo que hace no tiene nada de “socialista ni comunista” ni nada que se le parezca, es un rescate que no hace más que cubrirle la retirada a la familia Vicentin, como antes lo hizo con Repsol.  

Pero como si todas las explicaciones que da el gobierno para justificar esta expropiación fueran pocas, ahora parece ser que AF está pensando si avanzar o no con la expropiación, dado el fuerte rechazo que recogió esa decisión en medios patronales locales y de los acreedores internacionales de Vicentin, a las que se sumó el cacerolazo de la clase media reaccionaria que defiende como principio la propiedad privada. Una versión periodística dice que la decisión final estaría vinculada a si los bonistas acreedores aceptan la oferta que haría hoy el gobierno, respaldada con bonos garantizados con exportaciones agropecuarias, y que este habría sido el principal motivo que está detrás de la resolución presidencial.  

Por una nacionalización de todo el complejo oleaginoso y el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan para salvarnos de la catástrofe capitalista 

AF es incapaz de ir contra los intereses de las patronales. Representante de Grupo Clarín y de las patronales agropecuarias cuando era jefe de gabinete en el gobierno de los Kirchner, su designación para encabezar la fórmula presidencial, por parte de CFK, no fue sólo una maniobra electoral, sino una “autocrítica”, una señal de demostración a la burguesía en su conjunto y al imperialismo de que reconocían que en su gobierno el “cristinismo” había cometido errores, y que debían volver a la senda del primer gobierno de Néstor Kirchner, en el que las buenas relaciones con todos los sectores de la patronal y el imperialismo le permitían gobernar con una amplia base de apoyo, y además hacer “sus negocios” tranquilos. Esto se nota claramente en como recula en chancletas el ministro Guzmán en la negociación de la deuda con los acreedores privados. Pero lo mismo hizo el pollo de Cristina FK, el verborrágico Kicillof.    

Sin embargo, la profundidad de la crisis económica que se ha profundizado a nivel mundial, y que golpeará más duramente la Argentina, obliga a tomar resoluciones profundas contra la propiedad capitalista e imperialista para salvar de una catástrofe social mayor a los trabajadores y el pueblo. Aun si fuera expropiada Vicentin, no resolvería el fondo de la cuestión.  

Para garantizar la ocupación para el conjunto de la clase trabajadora, con un salario que cubra la canasta familiar (que ronda los $70 mil), que es lo más elemental que un trabajador puede pedir (tener trabajo y un salario, que sólo es digno si permite sostener en condiciones respetables a la familia), lo que hay que hacer es expropiar sin indemnización a todo el complejo oleaginoso que maneja gran parte de la riqueza del país y confiscar las ganancias de la exportación agropecuaria, menos lo necesario para garantizar la nueva siembra y un sueldo calificado para las patronales agropecuarias. Si las patronales se resisten hay que pasar directamente a la confiscación de toda la tierra de la pampa húmeda y de las grandes haciendas y extensiones de tierras en todo el país. Con el apoyo de técnicos y especialistas, los trabajadores rurales pueden hacerse cargo perfectamente de la administración y la producción. El Estado debe establecer el monopolio del comercio exterior e interior expropiando a las grandes cadenas de distribución y comercialización. Esa es la única manera de garantizar la “soberanía alimentaria” y el control de precios que impida la especulación. 

Además, hay que declarar el no pago de la deuda externa, tanto con el FMI como con los acreedores privados, y de los grandes tenedores de bonos de la deuda pública interna.  

Con los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias y la estatización de la banca, concentrándola en un banco único, bajo el control de los trabajadores en el marco de un Estado Obrero, se puede elaborar un plan integral de producción tanto en el plano industrial -partiendo de expropiar tanto los grandes grupos de la burguesía local como imperialista-, como en el de la producción agropecuaria, para que en un país que según se dice produce alimentos para 400 millones de personas no falta la comida en la mesa de cada uno de los trabajadores que habitan este país.  

Este es el único programa que puede salvar a los trabajadores del pozo de mayores miserias que nos espera. Pero este programa sólo lo podemos llevar adelante los trabajadores si somos capaces de construir un partido revolucionario y luchar hasta tomar el poder del Estado. 

11/6/20 

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