Por decreto el 3 de agosto el presidente Macri implementó un plan de salud reaccionario bajo el nombre demagógico de “Cobertura Universal de Salud” (CUS). El engañoso nombre tiende a hacer creer que se trata de un progreso, de una ampliación de los derechos de la población a la atención sanitaria. Pero es todo lo contrario. En realidad este nuevo sistema va a reemplazar la atención que hasta ahora era gratuita por un seguro de salud pago.
Es el “ajuste”, la reducción del “gasto” publico, en esta área social tan importante. Paulatinamente, los presupuestos para la atención gratuita a la población serán reemplazados por un sistema donde todos pagarán por la protección de salud de acuerdo al dinero que dispongan.
Macri nos quiere hacer creer que a partir de ahora estarán cubiertas 15 millones de personas que hasta ahora no tenían cobertura sanitaria, porque no tenían obra social, ni prepaga. Pero no es verdad que estas 15 millones de personas no tuvieran ninguna cobertura. Estas personas se atendían en el hospital público. Está claro que los hospitales públicos de todo el país sufren de un terrible deterioro, por la falta de inversión por parte de los gobiernos, tanto de los provinciales, como de la Nación.
Pero en lugar de aumentar el presupuesto en salud, el plan del gobierno nacional es que esas 15 millones de personas, de manera obligatoria se registren en un seguro de salud, que sólo les garantizará una determinada canasta básica de atenciones que eliminará prestaciones que hoy existen y que los pacientes reciben gratuitamente, para lo cual se van a elaborar un nuevo Programa Médico Obligatorio –PMO- más restringido.
En la medida en que estas personas tengan un determinado nivel de ingresos, deberán pagar un % para costear este seguro. Sólo quedarán exentos de pagar los muy pobres, cuya canasta básica de atención será más restringida aún y centrada en los centros de salud barriales (APS), que ya sabemos, tienen muy pocos recursos.
Por ejemplo, si una persona –para su diagnóstico- necesita una tomografía y la canasta de prestaciones que otorga su seguro en la salud pública cubre sólo una radiografía, deberá comprar esa tomografía pagando un co-seguro, y si no puede, su salud estará en riesgo.
Para obligar a los médicos a que –actuando contra la ética profesional y su juramento hipocrático- acepten estos condicionamientos en la atención a los pacientes, y a sabiendas que este “ajuste” será el causante de muertes injustificadas, el gobierno nacional prepara un proyecto de ley para obstaculizar y restringir los de juicios por mala praxis.
Este plan establece además que los medicamentos, a los que los pacientes accedían gratuitamente en las farmacias de los hospitales públicos, en adelante habrá que comprarlos en farmacias privadas, eso sí, con descuentos…
La implementación de este plan en etapas comienza con la inscripción en un padrón nacional único que será utilizado para determinar la calidad de atención que podrá recibir cada persona, según el aporte que haga al seguro.
A partir de este empadronamiento comenzarán los negocios de las empresas privadas de la salud para vender sus servicios. De esta manera, el gobierno pretende liquidar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado baja el gasto público y por otro sirve en bandeja un jugoso negocio a las empresas privadas que lucran con la salud.
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Este plan de salud contra la población pobre y los trabajadores no viene sólo. Viene también de la mano del intento de aumentar la edad jubilatoria, la eliminación de derechos laborales con la sustitución del Estatuto y Escalafón garantizado por ley provincial 9286 y 9282, por un nuevo “Convenio Colectivo”, cuyo contenido se oculta a los trabajadores.
Para imponer este plan contra la salud (CUS) el gobierno primero arregló con la burocracia sindical de la CGT, devolviéndoles 2.704 millones de pesos, como primera cuota de un total de $30 mil millones de lo que el gobierno de CFK les adeudaba a las obras sociales. El gobierno también les prometió la elaboración de una ley para restringir el acceso por vía judicial a las prestaciones que las obras sociales no autorizan.
Pero no es sólo la burocracia la que acepta y es cómplice del ajuste de Macri. Los partidos patronales “opositores” como el PJ, el PS-UCR y el kirchnerismo, hacen algunas críticas “para la tribuna”, para ganar votos para las próximas elecciones, pero ninguno está dispuesto a luchar para impedir la implementación del CUS.
En el caso del PS, la oposición de palabra de algunos de sus funcionarios, va acompañada de una adaptación al plan, ya que coincide con su política habitual de hacer campaña electoral con algunas mejoras puntuales, mientras achica el presupuesto general en salud, retaceando la inversión en hospitales con múltiples problemas edilicios y falta de equipamiento, aprieta al personal para tener más “eficiencia”, paga salarios por debajo de la canasta familiar y cubre con horas extras el faltante de personal. Mientras los dirigentes del SiTraM miran para otro lado.
Los trabajadores debemos defender la salud pública y la atención gratuita sin restricciones, porque la salud debe ser un derecho para todo el pueblo. No puede ser que el que tenga plata tenga derecho a vivir y el pobre tenga que penar enfermo o morir esperando un turno, por no tener plata.
El sistema de salud debe ser único e integrado, sí. Y para ello habría que expropiar a todos los sanatorios y clínicas privadas -ya que la salud no debe ser un negocio capitalista sino un derecho social igualitario-, e integrarlas con los hospitales públicos en una sola red, sin distinción de “fronteras” municipales, provinciales o nacionales. Un sistema sostenido por un presupuesto nacional, con impuestos progresivos a las ganancias capitalistas y a las fortunas personales.
La Causa Obrera–Municipal
PCO–Rosario 17/11/16