Una de las tareas que la clase capitalista viene exigiendo desde hace años es el ataque para debilitar y/o eliminar los llamados «movimientos sociales». Los movimientos que aparecieron a finales de los 90 en los barrios pobres son una organización importante de una parte de la clase trabajadora desocupada, que crece cuando se agrava la crisis capitalista. Si bien esas organizaciones se vieron reducidas al rol asistencial de la pobreza, en el período de crisis del 2001-2003 fueron un factor de la movilización política que chocaba contra el régimen en crisis posterior a la caída de De la Rúa en manos de sucesivos presidentes peronistas hasta la asunción de Duhalde. Este quiso terminar con los movimientos reprimiendo en el Puente Pueyrredón y la Estación Avellaneda del ferrocarril Roca, en la que cayeron asesinados por la policía Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Esta represión en lugar de atenuar las movilizaciones les dio un mayor impulso y obligó a Duhalde -que pensaba quedarse en el poder- a convocar a elecciones. Es por eso que la burguesía, aprovechando el giro reaccionario de buena parte de la población contra “los piqueteros” busca perseguir y reprimir a estas organizaciones, para prevenir la intervención de los movimientos de desocupados en la crisis que se agrava.
El gobierno de Milei ha tomado esta tarea como una de sus prioridades. La ministra de «capital humano», funcionaria cuyo único «currículum» es ser amiga íntima de Milei, solo se ha dedicado a atacar a las organizaciones piqueteras, cortando la entrega de mercadería a los comedores populares, dejando vencer los alimentos en los galpones mientras el hambre crece en los barrios con la política criminal de ajuste de su gobierno. Pero el ataque no se quedó ahí. Con la colaboración de otra distinguida ministra, Patricia Bullrich de Seguridad, han desarrollado una campaña de denuncias contra los dirigentes y militantes piqueteros. Primero inventaron una linea telefónica de denuncias anónimas, anunciada amenazantemente por altavoces en las terminales de ferrocarril. Las denuncias de «extorsión y apriete» -que supuestamente fueron miles- solo se materializaron en un puñado de «testimonios» anónimos. Eso, a su vez, sirvió como base de denuncias penales tan flojas de papeles como los libros de economía plagiados que publicó el presidente Milei.
Estas causas penales avanzan justamente porque la ofensiva contra la organización de los barrios populares es una exigencia de la clase dominante -que maneja no solo al gobierno sino también al aparato judicial-, no solo un capricho libertario. De hecho, la propia CFK ya había pedido eliminar a los «intermediarios» en la asistencia social mientras Victoria Tolosa Paz, la ministra de Alberto Fernández desarrollaba una ofensiva similar, aunque más tibiamente. La ofensiva del Estado patronal tuvo un salto con los allanamientos a locales de varias organizaciones, centralmente el Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie, en mayo pasado. A su vez, en otra causa penal, el gobierno acusa a los dirigentes del Polo Obrero de «truchar facturas» en el marco de la cooperativa del plan Potenciar Trabajo, supuestamente para usar ese dinero en la campaña electoral del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FITU).
Desde el PCO repudiamos esta ofensiva político-judicial contra las organizaciones de trabajadores. Es muy evidente que el gobierno, con el respaldo de todo el régimen político patronal, lo que busca es evitar o debilitar la resistencia del pueblo trabajador contra el ajuste hambreador en curso.
No idealizamos a las organizaciones piqueteras, así como no lo hacemos con los sindicatos. En la medida que sus dirigentes se adaptan a cumplir la función de administradores de la asistencia estatal, la burocratización se traslada también al propio régimen interno de la organización, liquidando la democracia obrera en su interior. Sin democracia no hay rendición de cuentas de la dirección ante la base organizada y sin rendición de cuentas la corrupción es inevitable. Por otra parte, nuestra posición ha sido contraria a la organización de estos movimientos como colaterales de los partidos o movimientos políticos, ya que en ese caso no hay forma de contrarrestar por parte de su base, ni la política de colaboración con el aparato político gubernamental como ha sido el caso del movimiento Evita. Cuando fuimos parte de una organización de desocupados en los primeros años de 2000 (FTC) la entendimos como un frente único de lucha en el cual actuaban distintas tendencias y compañeros sin ninguna militancia política. En el caso del Polo Obrero, creemos que por el carácter centrista de la dirección del PO (Partido Obrero) nunca explicó abiertamente y a fondo el hecho de que las organizaciones de desocupados, como cualquier organización de la clase obrera, necesita que sus adherentes hagan un aporte para cubrir los gastos que implican las movilizaciones y/o otras acciones de lucha. Solo empezaron a explicar a media lengua y a la defensiva cuando empezó a arreciar la campaña gubernamental en su contra. Pero los problemas que se pueden plantear tanto en las organizaciones de desocupados como con la burocracia en los sindicatos los debemos resolver nosotros mismos los trabajadores ocupados o desocupados. No debemos dejar que el Estado burgués intervenga en nuestras organizaciones porque, aunque el gobierno diga que quiere eliminar la corrupción o la burocracia, lo que realmente busca es someter a la clase trabajadora a la disciplina capitalista que no quiere huelgas, no quiere movilizaciones, que quiere convertirnos en mansos corderitos que vamos con cartelitos caminando por las veredas sin cortar el tránsito para no joder al gobierno. Tanto dentro de los movimientos de desocupados, como en los sindicatos debemos impulsar la organización de tendencias, corrientes o agrupaciones que sean clasistas, es decir, independientes de las patronales, de sus partidos y de las burocracias sindicales y luchar para que se respete la democracia obrera a través de asambleas y plenarios de delegados elegidos en la base, que es lo único que puede garantizar la unidad de la clase trabajadora en lucha.
Turco Morales, 3/8/24