Andalgalá es una ciudad de Catamarca (la 2da más poblada de la provincia) donde desde hace ya décadas se da una fuerte lucha contra la megaminería. Muy cerca de la ciudad, está ubicado Bajo la Alumbrera, que es la mina más grande en el país, una mega explotación de cobre y oro que había prometido (junto al aparato político) la construcción de un barrio para 5mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, nuevas rutas y miles de nuevas fuentes de trabajo.
A poco tiempo de empezar a funcionar la mina, en vez de prosperidad para el pueblo y los trabajadores, como prometen siempre sus empresarios, llegaron la contaminación y los problemas de salud de la población de la ciudad.
En Andalgalá existe una tradición de lucha contra la megaminería. Por ejemplo, en 2005 se dio a conocer el proyecto Pilciao 16, en el que el gobierno provincial se comprometía a desalojar a la población en beneficio de la empresa Billington. La lucha de los lugareños consiguió que en el 2011 se diera marcha atrás con este proyecto.
Por eso no fue ninguna sorpresa que, cuando se anunció el proyecto Minera Aguas Ricas, que es 3 veces más grande que Alumbrera y está casi encima de la ciudad, la reacción de la población fuera de enfrentar la futura mina.
Todo este proceso de organización fue la clave para que en Andalgalá en septiembre del 2016 se vote una ordenanza municipal que prohibía la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio.
LA REPRESION EN ANDALGALÁ
En diciembre pasado, la Corte de Justicia de Catamarca dejó sin efecto la ordenanza. La misma corte que en el 2012, en medio de una fuerte represión contra las asambleas antimegaminería, dijo a través de su presidenta Amelia Sesto de Leiva “la cárcel es la única solución para los asambleístas”.
Durante los primeros meses del 2021 el gobernador Raúl Jalil (Frente de Todos) habilitó el ingreso de máquinas para que la empresa minera comience las excavaciones.
El sábado 10 de abril, en una de las habituales marchas contra la megaminería en la que había más de 4000 personas, un grupo se separa e ingresa a las oficinas de Minera Agua Rica provocando destrozos. Pero desde las asambleas locales denuncian que fueron infiltrados y que la policía, que suele estar muy presente en estas marchas, y más aún si tienen que proteger los intereses de los empresarios de las mineras, no estaba en el lugar y que demoró horas en llegar.
Los vecinos de la ciudad denuncian que desde ese día vivieron una seguidilla de allanamientos nocturnos dirigida específicamente contra los referentes de la lucha antiminera. Drones sobrevolaban las casas de los activistas: “estamos frente a una caza de brujas. No sabemos qué delitos se les imputan a nuestros compañeros, solo se está persiguiendo a quienes estuvieron activamente sosteniendo los bloqueos contra la mina. Y mientras la población es fuertemente intimidada, las maquinas siguen perforando el cerro, que es el centro de nuestro reclamo”.
El gobierno peronista, al frente de la provincia desde 2011, ordenó una fuerte represión contra la población y mandó a la ciudad a su grupo de choque policial, los efectivos del Kuntur, fuerzas especiales más entrenadas.
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Las personas detenidas, solamente por haber participado en la marcha, fueron hace pocas horas dejados en libertad, pero continúan procesados.
EL LOBBY MINERO Y EL ESTADO
En Andalgalá queda claro que la intensión del gobierno peronista es que la megaminería tiene que pasar como sea. Su función es la de garantizarle a las empresas enormes ganancias a costa de destruir el medio ambiente y la salud del pueblo trabajador.
El lobby minero mueve millones de dólares en todo el mundo, sus intereses son defendidos por todos los gobiernos patronales. Éstos usan todas sus herramientas para cumplir con las multinacionales que están interesadas en que Agua Rica empiece a funcionar. La justicia anula una ley que fue producto de la lucha y las fuerzas de seguridad del Estado se ocupan de reprimir a cualquiera que quiera interponerse.
Todo esto mientras las mineras empiezan a operar sin ningún aval legal para empezar las obras. Los capitalistas tienen las leyes a su beneficio y cuando no pueden hacer algo a través de la legalidad, lo hacen igualmente con el apoyo del Estado que, con sus fuerzas represivas, hace una cacería contra los trabajadores y el pueblo que se opone a sus decisiones.
Esto que está pasando en Catamarca no es una excepción, es un claro mensaje del gobierno que como fracasó en Mendoza y en Chubut para poder avanzar con otros proyectos mineros, está decidido a imponer su política por la fuerza.
No hay que pasar por alto que el mismo presidente Alberto Fernández dejó bien claro cuál es el rumbo económico que está buscando: impulsa la mega minería, el agro negocio, el fracking, aprobó el trigo transgénico, también está fomentando las megas factorías porcinas. Su compromiso no es con el medio ambiente y el pueblo trabajador, sino con los empresarios que buscan aumentar sus ganancias.
Tanto los empresarios nacionales como los partidos políticos a su servicio, tienen intereses en común con las trasnacionales mineras, no con los trabajadores y el pueblo. Los políticos patronales y los empresarios mineros, usufructúan la contaminación y el saqueo de los recursos naturales y la devastación de los pueblos.
Para prevenir la contaminación en los procesos mineros se necesitan millones. Lo que es seguro es que ninguna de estas multinacionales está dispuesta a perder parte de sus ganancias en inversiones sustentables con el planeta y por supuesto ningún gobierno patronal impondrá a estos parásitos terminar con la destrucción de nuestro planeta.
Daniel Herrera 26/4