La megaminería es la explotación minera a gran escala, utiliza grandes cantidades de sustancias contaminantes como el cianuro, generando desechos sobre nuestras aguas.
El martes 16 de marzo fue la fecha en que la legislatura de Chubut debía tratar el proyecto de ley 128/20 de zonificación minera. Sin embargo, tal como sucedió el 4 de este mismo mes y en noviembre del año pasado, el amplio rechazo que genera en la población chubutense este proyecto de ley, hizo que decidieran posponerlo para más adelante.
Actualmente está en vigencia la ley 5.001 que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en los procesos de producción minera en todo el territorio provincial. Esta ley rige desde mayo del 2003 y fue producto de la enorme movilización en Esquel que impuso un referéndum que dio como resultado un 80% de votos por el “NO A LA MINA”, que se gestó a la luz de las experiencias asamblearias barriales de 2001-2002 en Argentina, en el contexto de la crisis económica que azotó al país. En ese momento la lucha era contra la minera Meridian Gold, que buscaba explotar los yacimientos de oro y plata.
El proyecto de ley de zonificación minera establece delimitaciones de zonas en las que sería posible habilitar la extracción de oro, plata y uranio a cielo abierto por parte de grandes empresas privadas, sobre todo en la meseta central de la provincia, que está dentro de la zona de incendios intencionales que se estuvieron viviendo en la provincia. Es decir, este territorio podría darse bajo concesión a las grandes empresas capitalistas que aumentan sus ganancias a costa de la destrucción del planeta, para que exploten los recursos naturales bajo las condiciones que la empresa a la que se le adjudiquen la licitación determine.
Desde hace ya algún tiempo, el ejecutivo de Chubut viene impulsando el proyecto de zonificación para habilitar las minerías a cielo abierto. La política minera del gobernador Arcioni está respaldada por el gobierno nacional de Alberto Fernández, quien sostuvo entre sus primeros anuncios que iba a promover una “minería sustentable”. Como hacen todos los políticos burgueses en campaña para ganar votos, sólo quedó en una promesa demagógica, ya que una de sus primeras acciones como gobierno fue respaldar la ley 9209 que habilitaba la minería a cielo abierto en Mendoza (ley que fue derogada por la movilización popular en diciembre de 2019).
Esto ocurre porque, aunque cambien los gobiernos y algunos se muestren en sus discursos menos “malos” que otros, todos, responden a la necesidad de mantener la propiedad privada capitalista y sus ganancias. El Estado burgués semicolonial argentino es el que garantiza que la burguesía imperialista, dueña de las grandes empresas mineras, inmobiliarias, agrícolas, etc., (que son las responsables de la destrucción de la naturaleza) conserven la propiedad sobre la tierra o la concesión y la explotación de los recursos del suelo.
ALGUNOS MITOS SOBRE EL DISCURSO DE PROSPERIDAD QUE NOS QUIEREN VENDER A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO
¿La megaminería genera gran cantidad de empleo?
Lo cierto es que NO. Pero uno de los argumentos para justificar la minería a gran escala, es la promesa de la creación de puestos de trabajo ante la falta y necesidad de empleo, sin embargo, estos anuncios son bastante sobredimensionados una vez que se contrastan con la realidad.
Durante la fase inicial de los proyectos de la minería a gran escala, existe una gran demanda para la construcción de la planta, fosos, tanques de desechos, y las viviendas de quienes terminarían trabajando en ese sector. Se calcula que este trabajo que dura alrededor de unos pocos meses puede emplear a cerca de mil obreros. Sin embargo, este trabajo es totalmente temporal y con la mina ya en funcionamiento, la cantidad de empleos desciende drásticamente. A nivel mundial, cada 1 millón de dólares invertidos, se crean entre 0,5 y 2 empleos, en Argentina el promedio viene siendo de 1 empleo por cada 1,2 millones de dólares invertidos. La OIT informó que entre 1995 y 2000 la tercera parte de los trabajadores mineros perdieron su trabajo.
¿Los grandes proyectos mineros incrementan el desarrollo económico en los países en los que se desarrollan?
Con falsas propuestas que postulan una “transformación productiva” o “inserción en la globalización comercial”, los discursos patronales dan falsas esperanzas en ciertas regulaciones para reducir la pobreza y la desigualdad social.
Según la red global KPMG “la minería contribuye con el 3% del PBI de la Argentina y con el 6% de exportaciones totales (es decir, alrededor de US$4.000 millones). Estas cifras caen al 1% y 1,3% respectivamente cuando aislamos de ese conjunto a los hidrocarburos y combustibles, dejando únicamente a la producción de minerales metalíferos y rocas de aplicación”. Esto demuestra el bajo aporte de la megaminería a la economía nacional en su conjunto.
Además, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1%. Respecto del oro, se extrae más del 15%, pero se consume solamente el 3%. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 90% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería. Es innegable que por donde pasa la burguesía de la gran minería sólo quedan recursos naturales saqueados, territorios devastados y empresas colosalmente ricas. Aunque los Gobiernos nos quieran ilusionar con falsas expectativas.
EL CIANURO Y LA DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
De la producción mundial de cianuro, la industria minera usa el 15%. De las varias formas de extracción de minerales que existen (entre ellas explotación por recolección, destape, canteras, explotación aluvial, etc.), la que usa cianuro como componente principal es la explotación a tajo o cielo abierto (open pit). Ésta es la que quiere permitir Arcioni en Chubut al concesionar parte de la meseta.
El lobby extractivista es el que escribe los libretos del gobierno tanto a nivel nacional como provincial. Las empresas multinacionales que forman los lobbies, son las que buscan reventar los recursos naturales que hay en la zona de la cordillera y la Patagonia y dejar el desastre ecológico y social en la región. Ejemplos de sobra tenemos para fundamentar que, por más discurso de prosperidad que traigan, las consecuencias sobre el planeta nunca fueron buenas.
En 2016 la Barrick Gold tuvo un importante derrame de cianuro que contaminó 5 ríos y la red de agua potable en San Juan. Informes oficiales respaldados por el entonces gobernador Gioja (PJ-K) y el Ministro de Medio Ambiente Bergman (PRO, JUNTOS POR EL CAMBIO) avalaron la cifra que dio a conocer la empresa (1.027.600 litros derramados), ocultando que el derrame fue en realidad mucho más grande de lo que originalmente se dio a conocer. El cianuro no sólo destruye fauna y flora, sino que también tiene repercusiones muy nocivas sobre la salud de las personas, incluso a dosis bajas puede afectar al aparato respiratorio, y a los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, ocular y la piel. Los efectos sobre la salud pueden durar meses o años, y van desde el riesgo de padecer cáncer a problemas reproductivos, hipertiroidismo, o daños permanentes en el sistema nervioso.
Esto no es algo únicamente característico de nuestro país, sino que sucede en toda Latinoamérica:
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En el Municipio de Cananea, en México, en agosto del 2014 se produjo una fuga de un depósito de la mina Buenavista del Cobre de la empresa Southern Copper Corporation. Se derramaron más de 40.000 metros cúbicos de metales pesados y se afectaron los ríos Bacanuchi y Sonora, llegando la intoxicación con plomo a niveles alarmantes entre la población (con niveles de plomo en sangre de más de 10ug/dl).
Este tipo de desastres ocurren no sólo en América Latina, también tenemos ejemplos en Italia (1985: 269 muertos), Filipinas (1996: 1.900 evacuados), España (1998); Sudáfrica (1994, 10 muertes); Austria (1999, 15 muertos).
Pero no es sólo este tipo de “accidentes”, generados por la desidia de las multinacionales, lo que causa un alto índice de contaminación. A pesar de que las empresas mineras y sus voceros defienden la actividad argumentando que toman estrictas medidas de seguridad establecidas por reglamentos internacionales, un estudio realizado por la EPA (agencia protección ambiental EEUU; tomando 183 minas desde 1975 hasta el 2010) dio como resultado que en el 76% de las minas se detectaron índices mayores a los permitidos de metales como cobre, cadmio, plomo, mercurio, níquel, arsénico, sulfatos y cianuro.
LAS MINERAS Y LOS GOBIERNOS PATRONALES
Si bien es la burguesía de los lobbies mineros quien se beneficia con la explotación de los recursos metalíferos y escriben los argumentos tanto del gobierno nacional como de los gobernadores, son estos últimos quienes pactan y firman acuerdos para darles riendas sueltas a estos capitalistas. Algunos acuerdos son firmados con cláusulas secretas como el de Chevrón, armado por el gobierno de Cristina Fernández y retomado por Macri para permitir la explotación de yacimientos en Vaca Muerta y la fuga de divisas.
El Nuevo Acuerdo Federal Minero del 2017 fue firmado entre Macri y los representantes del Consejo Federal Minero integrado por prácticamente todas las provincias argentinas (excepto Chubut, La Pampa y La Rioja, quienes integran el consejo, pero no dieron su firma), que en su mayoría cuentan con gobiernos del PJ o afines al PJ. Este acuerdo otorga beneficios a estas empresas mineras como la estabilidad fiscal. Es decir, las empresas que desarrollen actividades mineras, quedan exentas de las cargas tributarias, nacionales, provinciales y municipales. Así no verán incrementada (sí, disminuida) su carga tributaria total, por el término de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad.
Incluye además otros beneficios como aportes para obras de infraestructura minera; reducción del 45% del impuesto a los combustibles; tope a los impuestos provinciales que pagan las mineras; eliminación total de las retenciones a la exportación; no obligación de ingresar al país las divisas obtenidas por las empresas que venden sus productos y; durante los 5 primeros años de la concesión de un yacimiento, las mineras se encuentran exentas de todo gravamen o impuesto.
Estos puntos dejan en situación sumamente ventajosa a las empresas mineras, sin prácticamente someterlas a ningún tipo de obligación. Y, aun así, este acuerdo es el que Alberto Fernández retomó y busca en mayo que reemplace le ley que está en vigencia desde 1993. A todo esto, hay que sumar los informes con los que trabajan las empresas mineras, en cuyas conclusiones señalan “que, además de los bajos niveles productivos observados en los últimos años en materia de producción por empleado (productividad laboral), el sector necesita con urgencia un cambio radical en materia impositiva”. El capital exige y los gobiernos burgueses acatan.
Además, Fernández, se reunió con el gobernador del Chubut en el mes de enero, y avaló el Plan de Desarrollo Productivo, que incluye la zonificación minera en los Departamentos Gastre y Telsen, que impulsa el gobierno provincial de Arcioni. Ya en diciembre del año pasado el presidente declaraba «En Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia» Es decir, está dispuesto a entregar parte del territorio Chubutense a las grandes mineras a pesar de haber hecho una campaña política a favor del cuidado del planeta.
Por supuesto que luego de las manifestaciones que hubo en varios puntos de la provincia, alimentadas por los grandes incendios intencionales, que destruyeron gran parte de la comarca andina, que dejaron muertes y desaparecidos y que dejaron sin nada a cientos de lugareños y trabajadores, el presidente tuvo que dar marcha atrás con su posicionamiento a favor de la ley de zonificación, lavándose las manos y estableciendo que “A este tema tienen que resolverlo los chubutenses”. Luego de haber quedado sumergido entre los justos reclamos anti mineros, cuando llegó a la provincia el sábado 13 pasado y sobre todo cuando la vicepresidenta, con mapa electoral en mano y atenta a la pérdida de algunas bancas en el Senado en las próximas elecciones, hizo observaciones al respecto.
La identidad de clase entre los gobiernos que han pasado, queda bien evidenciada con la defensa de la megaminería. A ninguno de los partidos políticos del régimen le importa realmente lo que sucede con el medio ambiente. Ellos van a pagar la deuda al FMI sin importarles que eso signifique mayor depredación del medio ambiente o una brutal reducción del presupuesto en materia ambiental. Para reestructurar deudas con los fondos de inversión privados como Black Rock, permiten mayor impacto nocivo sobre el medio ambiente a las grandes empresas extranjeras sobre las que este fondo tiene acciones como la Barrick Gold. Estos son los intereses que el gobierno de Fernández-Fernández defiende realmente, los de las grandes multinacionales contaminantes y no los del pueblo y los trabajadores como dicen.
LA SUSTENTABILIDAD MINERA, SÓLO ES POSIBLE CON UN GOBIERNO DE TRABAJADORES
La humanidad practica la metalurgia desde la revolución neolítica. Y fue uno de los desarrollos de las fuerzas productivas más grandes de la historia. El mundo actual no sería lo que es si no hubiese sido por los avances técnicos y tecnológicos en la explotación de la naturaleza y en la obtención de nuevos recursos. Toda la vida moderna, los medios de producción, las telecomunicaciones, los medios de transporte, la medicina, incluso internet no hubieran tenido lugar sin la obtención de recursos metalíferos. Pero también es real el calentamiento global, la destrucción ambiental y la explotación de masas de trabajadores cada vez mayores que nos deja el capitalismo. La necesidad de algunos de los materiales que son extraídos existe, no obstante, las empresas transnacionales que operan en el país no han dejado más que contaminación después del saqueo.
Tanto los empresarios nacionales como los partidos políticos a su servicio, tienen intereses en común con las trasnacionales, no con los trabajadores y el pueblo. Se enriquecen, mantienen vínculos contractuales y económicos con las empresas extranjeras. Los políticos patronales y los empresarios mineros, usufructúan la contaminación y el saqueo de los recursos naturales y la devastación de los pueblos. Los procesos para prevenir la contaminación minera son posibles, pero se necesitan millones para ponerlos en marcha. Ninguna de estas multinacionales está dispuesta a perder parte de sus ganancias en inversiones sustentables con el planeta.
El control de la población sobre los procesos de producción y para este caso el control de cualquier aspecto negativo de la producción minera debe ser un planteo central de los lugareños, vecinos y trabajadores afectados. Pero no podemos confiarnos en que los gobiernos hagan caso al pueblo pobre y a los trabajadores, cuando sea necesario el consenso social para avanzar con proyectos como el de la zonificación. Tampoco podemos esperar que se harán cargo de los desastres ecológicos y su prevención con nuevas leyes. Por ejemplo, aunque la ley del manejo del fuego establezca prevenir incendios o aumentar recursos, se siguen prendiendo fuego intencionalmente los suelos y permitiendo a las empresas seguir con su especulación inmobiliaria, con los mono cultivos, etc. Y todo lo que el fuego arrasa en dos minutos, como los bosques en Chubut, tarda cientos de años en recuperarse.
Por eso, la lucha contra la depredación del planeta debe estar unida a la lucha por una revolución socialista para instaurar un Gobierno de Trabajadores, a través del cual los trabajadores y el pueblo pobre, que no lucramos a costa del maltrato a nuestro planeta, podamos planificar la economía y así poner en práctica una verdadera economía sustentable.
Daniel Herrera
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