A medida que la pandemia del covid-19 se acerca más al colapso del sistema sanitario, los políticos patronales se arrojan culpas unos a otros, y todos achacan la responsabilidad al pueblo. Alberto Fernández tiene el suficiente nivel de cinismo como para decir públicamente que en las fábricas y grandes supermercados no hay “problemas de contagio”. Ya Kicillof y Larreta habían asegurado semejante mentira sin ponerse colorados. Pretenden ocultar que están siguiendo el consejo de Macri que Alberto Fernández hizo público: sacrificar a los trabajadores que haga falta para mantener en funcionamiento la economía capitalista y sus ganancias. La hipocresía del régimen político patronal, desde el oficialismo a la oposición, no tiene límites. La cuarentena se rompió, pero no por la “irresponsabilidad” del pueblo, sino por la sed de ganancias de los empresarios, avalados por los gobernantes y con la complicidad de la burocracia dirigente en los sindicatos. A esta altura, queda claro que los trabajadores, si queremos defender nuestra salud y la de nuestra familia, debemos organizarnos desde las bases y el activismo clasista, coordinando y unificando la acción, para enfrentar este acuerdo criminal del gobierno, las patronales y los dirigentes sindicales cómplices.
Pero la discusión político-mediática se ha desplazado a la “grieta” política entre peronismo-kirchnerismo y macrismo-radicalismo. Alberto Fernández venía mostrando una intención manifiesta de unificar al régimen político, de “cerrar la grieta”. Sabe que tiene que encabezar una ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo. Esto lo obliga a la unidad o concertación de los sectores capitalistas y sus representantes políticos. Esto es, al fin y al cabo, lo que le recordó Duhalde, poco después de que el gobierno decretara el congelamiento de las tarifas de telefonía celular, televisión por cable e internet. Es que en ese negocio el Grupo Clarín recauda su mayor ganancia. Alberto Fernández podría responderle que lo único que ha recibido de parte de Clarín, Techint y la oposición radical-macrista, como respuesta a sus intentos de conciliación fueron cachetazos. Nadie puede negarlo, pero eso no cambia el hecho de que Duhalde, independientemente de sus intenciones más inmediatas como lobbista de tal o cual grupo empresario, está alertando al presidente de un hecho cierto: que la situación económica, política y social es explosiva. Y que lo que viene no son tiempos tranquilos, medibles según el calendario electoral. Golpes de estado y levantamientos populares son la norma del periodo abierto. Los capitalistas usarán y desecharán, si es necesario, la “democracia” cuando no sirva para contener o amortiguar las contradicciones entre las clases y entre los sectores patronales.
Alberto Fernández y Cristina Kirchner saben vender humo, por eso no es casualidad que haya estado “ella” en el anuncio del acuerdo con los bonistas. Pero la crisis de la economía mundial convierte en puras fantasías las ilusiones o engaños de reeditar la recuperación y crecimiento de 2003. Saben, el gobierno y todos los capitalistas, políticos y burócratas sindicales, que esta vez no van a poder fanfarronear pagándole al FMI como hizo Néstor Kirchner a fines de 2005. Ahora van a pedir la escupidera para correr los vencimientos de la deuda con el Fondo. Tienen como fecha límite un vencimiento con el Club de Paris en mayo de 2021, para llegar a un acuerdo y evitar el default. Claro que las condiciones del FMI como siempre serán atacar al pueblo trabajador con ajuste fiscal, reforma previsional y laboral. Y, como dice Duhalde, el gobierno tendrá que reflotar el “acuerdo nacional” de la burguesía contra la clase trabajadora. Por las dudas, el “zabeca de Banfield” agrego como “advertencia” que las alternativas al “pacto” serian el golpe o la rebelión popular.
Alberto Fernández ya demostró con el ajuste a las jubilaciones y la suspensión de paritarias de docentes y estatales, que está dispuesto a llevar adelante el programa del FMI. De hecho, el FMI impulsa a nivel general “impuestos a las grandes fortunas” para aumentar la recaudación, así como le impuso al gobierno macrista la suba de retenciones a la exportación de soja en 2018. Le falta controlar su propio frente político, y encontrar la forma de no perder su base social y electoral tan rápido como para dejar servido el escenario para que lo voltee el macrismo o el propio kirchnerismo.
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El “mal menor” de Alberto Fernández y Cristina no tiene diferencias cualitativas con los programas macristas. Pueden variar en los sectores patronales a los cuales representan, e incluso en que potencia mundial se apoyan, pero la esencia del programa de ambos frentes políticos es la defensa del capitalismo como régimen social, es decir la explotación de la clase trabajadora por parte del capital. Eso, además, en el marco de un país semicolonial como Argentina, implica la subordinación a la oligarquía financiera internacional. No hay margen actualmente para dar ciertas concesiones a los trabajadores como en la época de crecimiento del primer gobierno kirchnerista. Ahora se trata de lo que se encargó de recordarles Duhalde: unir a los capitalistas y su régimen político para atacar al pueblo trabajador, contener la reacción obrera y popular con los servicios de la burocracia sindical de la CGT y las dos CTA, y finalmente, reprimir a quienes resistan. El “mal menor” es tan malo que los trabajadores no podemos ni debemos soportarlo.
El progresismo, tanto el albertista como el cristinista, intenta mantener el discurso sobre los derechos humanos. Sin embargo la diferencia con Patricia Bullrich es apenas visible. Resulta tragicómico ver a los progresistas rasgarse las vestiduras por que Duhalde hablo de golpe militar, mientras guardan silencio o justifican desapariciones y asesinatos de pibes de los barrios populares a manos de la Policía Bonaerense de Berni y Kicillof. Alberto Fernández le regala un perro a la madre de Facundo Astudillo Castro y más de 12.000 millones de pesos a la Policía Bonaerense para reforzar el aparato represivo con la excusa de la inseguridad. Puede ser que las fuerzas armadas estén debilitadas para intentar cualquier tipo de golpe. Pero el aparato represivo de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura) y Policías provinciales viene siendo reforzado desde el 2002 a esta parte, incluyendo toda la década kirchnerista. El “mal menor” de los progresistas, que se escandalizaban con las represiones de Patricia Bullrich, termino siendo Sergio Berni. Humo y más humo.
Los trabajadores no tenemos salida en los marcos del capitalismo. Sea con “grieta” o con “acuerdo de unidad nacional”, con “neoliberales” o “progre-populistas”, los sectores capitalistas y sus representantes políticos tienen en común la defensa de los intereses de clase patronal, contra los trabajadores y el pueblo. Tenemos que organizarnos políticamente de forma independiente. Tenemos que construir un partido propio, con un programa que defienda nuestros intereses, inmediatos e históricos. Pero la independencia política de la clase obrera no es para ir ganando diputados, acumulando espacios en este régimen político patronal como pretende hacer el FITU (frente electoral del PTS-PO-IS-MST). Es como dice Duhalde, la “democracia” burguesa no aguantará la tensión de la lucha de clases y de la guerra entre potencias imperialistas. Debemos prepararnos, preparar a la vanguardia obrera para que la caída de la democracia patronal no sea por medio de un golpe militar o fascista, sino por medio de la revolución obrera, de la conquista de un gobierno de los trabajadores que expropie a la burguesía y planifique la economía en interés de la mayoría de la sociedad.