“Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva” (o “Botón Rojo”)

En las últimas semanas hubo varias reuniones virtuales de médicos, enfermeros, trabajadoras sociales y jefes/as de diferentes efectores de salud. Le piden al gobierno que presione “el botón rojo”, es decir, que se vuelva a fase 1, como estrategia para controlar la circulación del virus y por ende disminuir los contagios ya que el sistema de salud está colapsado y los efectores pronto no podrán responder a la alta demanda generada por la pandemia.

En su última declaración también mencionan las condiciones de trabajo precarias y los bajos salarios que tenemos los que trabajamos en salud además de señalar la dificultad que existe en los barrios obreros y populares a la hora de respetar el aislamiento y que es el Estado quien debe acompañar con medidas políticas y económicas para que se pueda sostener esta estrategia.

Coincidimos en parte en el análisis que hacen sobre esos puntos mencionados. Pero en este contexto y ante esta realidad entendemos que conseguir solamente que se aplique de nuevo el aislamiento social preventivo y obligatorio sería una medida insuficiente, ¿cómo harían los trabajadores desocupados que buscan el peso día a día para quedarse encerrados, si inclusive el gobierno está pensando en anular esa limosna que es el IFE? ¿Quién va a pagar los salarios de los trabajadores que no son esenciales? ¿Cómo hacemos para respetar el aislamiento cuando buena parte de la población vive en condiciones deplorables, sin electricidad, gas, agua o con las viviendas hacinadas?

Si el gobierno de Alberto Fernández que se dice “popular” quisiera resolver la situación de emergencia por la que pasan esas familias, sabría muy bien de dónde sacar la plata que hace falta. La tienen sus amigos, la clase social cuyos intereses representa Alberto Fernández y Cristina: los grandes burgueses, los empresarios de la construcción, los banqueros, la burguesía agropecuaria, los terratenientes, las grandes empresas agroexportadoras, los grupos multinacionales, etc.

Pero hay una realidad objetiva y es que los gobiernos municipales, provinciales y nacional son los responsables de esta realidad desastrosa que vivimos ya que gobiernan para los empresarios poniendo sus intereses de clase por encima de la vida humana.

Ya vienen demostrando con creces estar siempre en sintonía cuando se trata de respetar a la burguesía.

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No hay diferencia entre ellos, los tres gobiernan para las grandes patronales, y afrontar la pandemia, no es su prioridad. Para qué puede servir convocar a un legislador como Lewandoski, cuando encima concurre a la reunión con el mismo Ministro de Salud, Miguel Rabbia, uno de los principales responsables de la política de salud de la provincia.  O reunirse con el mismo Javkin otro de los responsables de este desastre. Ya hay una decisión política en no querer hacer nada para afrontar este desastre.

Queda a la vista que ya hay una decisión política sobre estos problemas: no hacer nada para afrontar el desastre social y las muertes que cause la pandemia. Por todo esto es que no debemos tener confianza ni expectativa en ninguno de los gobernantes, la única manera que tenemos para conquistar las reivindicaciones planteadas es organizando un plan de lucha de la clase trabajadora que radicalice los métodos de acción, pasando por arriba a las direcciones burocráticas de los sindicatos, como están haciendo los trabajadores de varios hospitales del país.

Para afrontar la emergencia habría que transformar en un impuesto permanente y progresivo, el proyecto de aporte extraordinario y por única vez, que el gobierno presentó en el Congreso -casi pidiéndoles disculpas a los empresarios-, y debería afectar no sólo a la riqueza, sino también a las ganancias y a la renta.

Sin embargo, solamente con un impuesto no se pueden resolver los problemas estructurales que sufre el pueblo trabajador: la pobreza supera el 40% de la población activa, la desocupación real es mayor al 25%, y el problema del déficit de viviendas es cada vez más grave. “En Argentina tres millones y medio de familias, es decir, alrededor de un tercio de la población del país, no tienen una vivienda adecuada. Esta situación parece agravarse año tras año, puesto que la tendencia al aumento del déficit habitacional se mantiene desde 2001”. (*)

Por lo tanto, no se puede solucionar con medidas parciales. Tanto para resolver la falta de viviendas dignas, como de hospitales y escuelas, hay que implementar un plan general de obras públicas que, junto con el reparto de las horas de trabajo sin pérdida salarial, ocupe toda la mano de obra disponible en condiciones de trabajar. Pero para ello ya no bastaría con cobrarle impuestos a los grandes burgueses. Ese plan y la garantía de un sueldo que como mínimo cubra la canasta familiar (que está arriba de los $80 mil) sólo se puede hacer efectivo expropiando a la gran burguesía agropecuaria, a los terratenientes, a los exportadores sojeros, los bancos, la gran industria y el capital imperialista, dejando de pagar la deuda al FMI y los grandes fondos financieros. Pero para eso hace falta que los trabajadores conquistemos nuestro propio gobierno, un gobierno de los trabajadores, e instauremos un Estado Obrero, que abra paso al socialismo.

(*) Según datos de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

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