El gobierno de Milei organiza su “plan” en función de un objetivo principal: pagar la deuda a los acreedores internacional, y en particular al FMI. Para eso hizo el ajuste fiscal “más grande de la humanidad” y consiguió un momentáneo superávit financiero que se utilizó para ese fin.
En su gobierno no se cuestiona que es una obligación pagar la deuda pública, sea con acreedores privados o con organismos e instituciones financieras, sean extranjeros o locales.
Tampoco se cuestionó en gobiernos anteriores. Salvo durante la crisis del regimen que sucedió al levantamiento popular de diciembre de 2001. Fue entonces cuando, habiendo asumido provisoriamente la presidencia Adolfo Rodríguez Saá anunció ante la Asamblea Legislativa la suspensión de los pagos de la deuda externa. En aquel momento todos los legisladores aplaudieron fervorosamente de pie, aquella decisión que se consideró soberana y patriótica, de defensa de los intereses nacionales.
Esa declaración de default, luego le permitió a Néstor Kirchner negociar desde una mejor posición una quita de la deuda y mejores plazos de pago. Y aunque -supuestamente- unos años después le pagó la deuda al FMI con dólares al contado, dado el crecimiento a tasas chinas gracias a condiciones internacionales (viento de cola) favorables, el peso de la deuda externa siguió agobiando la economía nacional. A la deuda externa se le sumó el endeudamiento interno provocado por el déficit fiscal, que reapareció luego de un breve interregno de superávit a inicios del gobierno kirchnerista. Ese endeudamiento, que aumentaba como una bola de nieve bajo el gobierno de Cristina, ya se había hecho dificil de sostener. Cuando asumió Macri acudió nuevamente al FMI, que le concedió una suma extraordinaria.
La razón de fondo de la acumulación de deuda es la baja competitividad de la economía argentina, en particular del sector industrial, que es el que requiere mayor cantidad de empleo para funcionar. Pero, a este endeudamiento crónico producido por razones internas estructurales, se le agrega el peso financiero de la propia deuda que socava la economía como un parásito que succiona la sangre de su víctima en cantidades importantes. Así la deuda -que se negocia y renegocia-, entre capital e intereses se ha pagado con creces, pero el país -es decir, nosotros, los que trabajamos- debe cada vez más y más. Ahora mismo la deuda pública se incrementó U$S 87.710 millones en los primeros 8 meses desde que asumió Milei: la deuda pública alcanzó en agosto un récord de US$455.935 millones (el diario AR, 18/9).
El estado nacional debe cubrir en el 2025, (sin contar los de la deuda en pesos) vencimientos por US$ 17 mil millones, a lo que deben sumarse otros US$ 2.100 millones de bonos Bopreal (Chequeado, 28/9). Y a partir del 2026 empiezan a vencer los pagos del préstamo recibido por Macri, que como ocurre con los préstamos anteriores fue a parar a los bolsillos de los especuladores financieros.
La mayor parte de la plata de los préstamos no se usa para resolver problemas estructurales o de infraestructura necesarios en beneficio del pueblo trabajador, sino que siempre benefician a la gran burguesía. Inclusive durante la dictadura militar (76/83) fue estatizada la deuda privada. Es decir, el Estado nacional se hizo cargo de la deuda que tomaron los empresarios.
Tan es así que el propio sistema capitalista internacional utiliza el concepto de “deuda odiosa” para calificar a aquella que “contiene cláusulas abusivas (usura, anatocismo, etcétera) o ilegales. Aquella para la que se omitió parte o la totalidad de la información relativa a su contratación o para la que actualmente no hay acceso a la información”.
Ahora la cuestión se plantea como una opción de hierro: si se paga la deuda quedan trabajadores en la calle, los salarios no alcanzan, se reduce la salud y la educación públicas. Se agobia la situación de los jubilados.
Cuando explicamos que no hay que pagar la deuda pública (solo exceptuando a los pequeños ahorristas) la mayoría de los trabajadores entiende que se trata de una deuda espuria, y muy pocos plantean que “las deudas hay que pagarlas”. Porque no se trata de la deuda con el almacenero del barrio, sino con usureros internacionales que manejan más capital que muchos países.
Entonces surge la otra duda más importante: ¿sino pagamos, que pasa?
En primer lugar, un gobierno burgués se puede declarar en default cuando no puede pagar. Pero solo como una resolución provisoria para negociar un nuevo plan de pagos que nos seguirá hundiendo en la miseria como atestigua la experiencia de los últimos 50 años. Solo un gobierno revolucionario de trabajadores podría declarar el desconocimiento de la deuda externa y pública a los grandes acreedores. Si gobernáramos los trabajadores podríamos disponer de esos recursos de los que ahora se apropian los usureros financieros. El no pago de la deuda no es una decisión mágica ni aislada. Es parte de la expropiación de la burguesía y el imperialismo. Luego de atender las necesidades sociales y de alcanzar un piso salarial que como mínimo cubra la canasta familiar, el sobre-producto social que es creado por nuestro trabajo, el que antes iba a parar a manos de la burguesía, ahora lo podremos usar para invertir en mejoras sociales (como la construcción de viviendas, escuelas y hospitales) y en desarrollar la industria, ciencia y tecnología, y la infraestructura necesaria para el crecimiento de la producción.
¿Pero los países acreedores nos van a atacar militarmente o nos impondrán sanciones?
Ya por el solo hecho de tomar el poder, establecer un gobierno de trabajadores y expropiar a la burguesía estamos expuestos a todo tipo de represalias contrarrevolucionarias de la burguesía y el imperialismo. Para resistirlas deberemos formar una milicia obrera y un ejército de trabajadores y sectores populares. Nos apoyaremos en los demás pueblos latinoamericanos y en la solidaridad de la clase obrera internacional.
Un compañero nos podría decir que eso no se puede hacer porque ellos tienen el armamento más sofisticado. Esa es una de las razones por las cuales la revolución debe ser internacional. Los trabajadores y los pueblos oprimidos al hacer la revolución socialista y liberarnos del yugo del capital financiero, organizados en una Federación de estados obreros y socialistas seremos una fuerza poderosa que atraerá el apoyo de los trabajadores de los paises imperialistas y provocará también su movilización revolucionaria. La clave de todo está en organizar un partido revolucionario y una organización internacional que luche por esa estrategia y haya aprendido de la experiencia de las derrotas del pasado.
4/10/24